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Consenso nacional: Encuentro Plurinacional por el Censo reúne al Presidente del Estado y 321 entidades autónomas

Éxito rotundo del Encuentro Plurinacional por el Censo en Cochabamba. Participan 8 gobernadores, 10 alcaldes de ciudades capitales y El Alto, 292 alcaldes de municipios rurales y los 11 rectores de todas las universidades públicas. El Presidente Luis Arce inauguró el evento y destacó la presencia de autoridades de todos los niveles autonómicos y de todo el sistema universitario nacional.

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no asistió a la cita. Sin embargo, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), llegó hasta la capital cochabambina en representación de los cívicos cruceños. Esa representación no negociará la fecha del Censo de Población y Vivienda, y que sólo pretende exponer las determinaciones del cabildo del pasado 30 de septiembre, donde solo participaron 229 mil personas, menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz .

En esa misma línea, y “siempre abierto a dialogar”, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, planteará que el empadronamiento se realice en diciembre de 2023. Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, llegó con la propuesta de realizar el Censo el primer trimestre de 2024.

“Tenemos el sustento técnico para demostrar que se puede hacer en esa fecha, pero es necesario el debate”, dijo al ingresar al evento.
Mientras, en Santa Cruz se cumple séptimo día de un paro impulsado por el Comité Interinstitucional.

Corrupción en la UMSA: Quelali ejerce como dirigente desde la cárcel y Heredia persigue a otros 7 estudiantes

A 11 meses del inicio de las protestas estudiantiles contra la corrupción en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), poco ha cambiado. Autoridades universitarias denuncian que el veterano dirigente de la FUL, Alvaro Quelali, continúa ejerciendo el cargo desde el penal de San Pedro. Mientras tanto, el Rector Oscar Heredia sostiene procesos penales contra 7 estudiantes y defiende la expulsión de la líder del movimiento anticorrupción, Karen Kelly Apaza. La Vicerrectora María Eugenia García y más de 6 facultades se pronunciaron en rechazo a la persecución.

A pesar de la indignación generada por el destape de la la red de corrupción liderada por el Secretario Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Álvaro Quelali, y su apresamiento a mediados de septiembre, se denunció que el mismo continúa ejerciendo el cargo y acreditando desde la cárcel a los centros de estudiantes afines a su red de corrupción.

En la correspondencia del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Tecnología, consta una nota firmada por Álvaro Quelali Calle, solicitando la “acreditación del universitario Erick Marcelo Aliaga García, en el cargo de segundo secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Tecnología”.

Por otra parte, el rector Oscar Heredia admitió que mantiene dos procesos en la vía penal contra siete estudiantes que denunciaron la corrupción en las protestas de noviembre de 2021. En declaraciones a la prensa, Heredia declaró que cree que es su “obligación” seguir estos procesos, a pesar que tras 11 meses del inicio de las protestas, no existen pruebas en contra de los estudiantes, según denunció el estudiante René Rivera, uno de los 7 perseguidos.

Respecto al primer caso, Heredia cree que los estudiantes habrían roto vidrios y un puesto de seguridad el 9 de noviembre de 2021, cuando según él, “un grupo de estudiantes ingresaron a las dos de la mañana a la universidad y la Policía los encontró provocando daños”. Sin embargo, el universitario René Rivera declara que aún no existen pruebas en su contra.

Durante todo el mes de noviembre pasado, los universitarios protestaron contra los actos de corrupción de la FUL de Alvaro Quelali. El 21 de noviembre tomaron el Monoblock. En esa protesta, la estudiante Karen Kelly Apaza fue denunciada por una supuesta patada al rector, excusa que Heredia defiende para la expulsión a nivel nacional de la estudiante que encabezó las protestas.

En el segundo proceso penal, Heredia denunció a cuatro estudiantes ante la Fiscalía al considerarse “agredido y amenazado” por estos estudiantes el 15 de diciembre mientras iba del Monoblock al canal 13 (Av. 6 de Agosto). Según la asesora jurídica de la UMSA, Lourdes Alba Balboa, esta habría sido la razón por la que la máxima autoridad presentó la querella por el delito de coacción, a pesar que tampoco existen grabaciones o pruebas de las agresiones. Heredia aseguró que si los tres estudiantes quieren, “pueden venir a conciliar”. “Los esperamos a que vengan”, dijo.

El estudiante Sandro H., denunciado por el segundo caso, dijo que nunca agredió al rector, y que sólo fueron varios estudiantes con letreros exigiendo auditoría. María V. C., otra de las denunciadas, afirmó que nunca la notificaron. El estudiante René Rivera explica que no tienen dinero para pagar abogados, mientras el Rector Heredia cuenta con toda la unidad de Asesoría Jurídica de la UMSA.

Los tres universitarios se sienten víctimas de la persecución por denunciar los actos de corrupción de Álvaro Quelali. A pesar de los cuestionamientos, el rector defiende las acciones contra los universitarios y considera que “son acciones que contribuyen a preservar el principio de autoridad”, y que “enseñarán a los estudiantes a respetar la universidad”, según declaraciones en diferentes medios de comunicación.

Adiós a los cheques: Gobiernos subnacionales y universidades públicas aplican pagos electrónicos desde octubre

La Paz, 29 de septiembre de 2022.- A partir del 1 de octubre, los cheques quedarán en el olvido en los gobiernos subnacionales y universidades, debido a la implementación del pago electrónico. El sistema de pago directo en cuentas bancarias reducirá el tiempo y permitirá al proveedor disponer de su dinero unos minutos después de que la entidad haya realizado el pago.

Gracias a una resolución del Ministerio de Economía, estas instancias públicas dejarán de pagar a sus proveedores con cheques el 30 de septiembre y, a partir del 1 de octubre, aplicarán los pagos electrónicos a través de cuenta bancaria.

El pago electrónico será un servicio gratuito, tanto para las entidades como para los proveedores. Al contrario, anteriormente, la entidad tenía que pagar dos bolivianos para emitir cada cheque. Esta cifra no es mínima, ya que en 2022 se procesaron alrededor de 147.000 pagos electrónicos que representan un monto aproximado de Bs 3.000 millones.

De 343 entidades habilitadas, 311 ya iniciaron los pagos electrónicos. Al momento, solo faltan habilitar este mecanismo unas 50 entidades. A la fecha, más del 40% de los proveedores ya tiene habilitada su cuenta bancaria en el Sigep para recibir los pagos electrónicos

Para llevar adelante este proyecto, todos los proveedores del Estado deben acreditar una cuenta en el Banco Unión y un registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que permitirá agilizar los pagos. Muchos ya tienen su registro en el RUPE.

Con la entrada en vigencia del Reglamento para Transferencias y Pagos Electrónicos en universidades públicas (UP), entidades territoriales autónomas (ETA), sus entidades desconcentradas, descentralizadas y empresas públicas, el proveedor tendrá la libertad de cobrar por sus servicios de forma directa en su cuenta bancaria.

Mientras que con el pago con cheque se tardaba tres o más días para la autorización y en promedio el proveedor tardaba otros cinco días para cobrarlo en las entidades financieras, es decir, se tardaba hasta 10 días.