UAGRM

Por: Juan José Bedregal, analista económico

En los últimos años, los bolivianos hemos sido testigos de una serie de movilizaciones alentadas por matrices de desinformación. Sin ir muy lejos, el 2021 inició con marchas de colectivos antivacunas, y hoy se concreta un cabildo en Santa Cruz alentado por una campaña mediática y política llena de falsedades en torno al Censo de Población y Vivienda. Se han tejido mitos en torno a la distribución de recursos, un supuesto plazo constitucional de 10 años que no consta en ninguna normativa, e incluso se tergiversaron las atribuciones del INE.

Los promotores del Cabildo hacen creer a sus seguidores que el Censo redistribuirá recursos a los gobiernos subnacionales en función a la población. Lo cierto es, que la distribución poblacional se aplica tan sólo a una de estas fuentes, que es la coparticipación tributaria de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. Por si fuera poco, según datos oficiales, la coparticipación tributaria representa menos del 8% de los ingresos de los gobiernos autónomos departamentales. Las demás fuentes, como el IDH, Regalías Hidrocarburíferas, Transferencias del nivel central del Estado y Recursos Propios, no dependen de los datos del Censo.

Otro de los mitos en torno al Censo es que éste debería realizar legalmente cada 10 años; algunos usuarios de redes sociales e incluso el gobernador Fernando Camacho sostienen esta quimera. Lo cierto es, que no existe ninguna normativa que establezca un plazo de 10 años para la realización de los censos en el bloque de constitucionalidad vigente. Este plazo no está consignado en ningún apartado de la carta magna, ni en ninguna ley o decreto supremo vigente.

La politización de la temática del censo ha llegado al extremo de hacer creer a ciertos sectores de la población que el Instituto Nacional de Estadística tiene como “única función” realizar el Censo. Estas versiones desconocen la Ley N°1405 otorga al INE otras 12 atribuciones además de los Censos oficiales. El INE, en su calidad de ente rector de la estadística oficial a nivel nacional, cumple muchas funciones más allá del censo.

Como remate de este cóctel de desinformación, está la autodenominada “Comisión Interinstitucional del Censo” conformada por la Gobernación de Santa Cruz, cívicos cruceños y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Esta comisión presentó con bombos y platillos un documento que (según ellos) argumentaba técnicamente la idea de realizar el Censo en 2023. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que la propuesta técnica contenía tan sólo dos páginas con dos tablas y menos de 100 caracteres escritos, sin ninguna fundamentación técnica. Por si fuera poco, el legajo de 128 páginas contenía correspondencia institucional de la Universidad y fotocopias de la propia presentación del INE en la socialización del censo para inflar su contenido.

Un documento tan escasamente sustentado demuestra que el censo es una tarea más técnica que política, en donde deben trabajar estadísticos, economistas, informáticos, cartógrafos, etc., pero no políticos. Un cabildo no tiene tuición alguna sobre una actividad netamente técnica: basta con verificar cuántos especialistas en estadística participarán en el rol de oradores; puedo pronosticar que ninguno.

Un cabildo no es una instancia técnica para definir la fecha del censo. Es solamente una reunión de personas afines a una posición política, que no tienen la mínima intención de escuchar a profesionales del área, y que estarán presentes para reforzar la agenda y las resoluciones preparadas por aquellos que instalaron el discurso de desinformación en torno al censo. Un enorme y costoso mecanismo para mirarse el ombligo entre convencidos sin escuchar criterios técnicos. Nada más lejano a la “democracia participativa” que busca otorgar legitimidad e incluso efectividad legal al evento.

En conclusión, el llamado “cabildo por el censo” es la culminación de una sumatoria de mentiras promovidas por la casta cívica cruceña y sus medios de comunicación. Sin embargo, cuando los políticos que crearon ese discurso se proponen elaborar un documento técnico, no logran completar la tarea. Simple y llanamente, porque el gobernador, los cívicos y el rector de la universidad cruceña no tienen interés en el aspecto técnico del Censo; su tarea es hacer política, y eso están haciendo.