oro

Las principales demandas de los cooperativistas auríferos que marchan en La Paz son: un régimen tributario diferenciado y el reconocimiento a nueva federación solo para las cooperativas mineras auríferas, paralela a la que ya aglutina a las demás cooperativas, y la readecuación de contratos de explotación minera que demandan en áreas protegidas. Estos puntos despiertan controversia en la opinión pública y en algunos casos, son inviables técnicamente.

La pretensión del reconocimiento a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (FECMABOL) que reune solo al sector aurífero, crearía una sobreposición (casi paralelismo) con la ya existente Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), que aglutina a todas las cooperativas mineras sin distinción del mineral que explotan. La Ley General de Cooperativas N° 356 y su Decreto Reglamentario establecen y reconocen como ente matriz a FENCOMIN, por lo que la petición de reconocimiento de la personería jurídica de FECMABOL pasaría por una modificación de la normativa vigente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que podría generar otros conflictos sociales con los sectores ya afiliados a FENCOMIN.

La demanda de adecuación de contratos en áreas protegidas en favor de las cooperativas mineras auríferas, pretende ampliar nuevas áreas de explotación sin tomar en cuenta criterios medioambientales y de protección de la Madre Tierra. Cuando los cooperativistas denuncian que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) no atienden sus solicitudes, se refieren a la solicitud de no aplicación de la normativa medio ambiental y el ingreso irrestricto en áreas protegidas. Al respecto de una denuncia de hace pocos meses, sobre supuestas concesiones mineras en el Parque Madidi, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que rechazó 97 peticiones de cooperativas mineras.

El tercer punto clave de la movilización cooperativista tiene que ver con la solicitud de un régimen tributario diferenciado para la explotación de oro. Las cooperativas exigen pagar una alícuota máxima de 3,5% del valor exportado, en contraposición a lo planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas que ronda el 5%. Según datos del Ministerio de Minería y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado, las exportaciones de oro llegaron a cerca de $us2.500 millones, de este monto, el sector aportó como regalías -que van destinadas a los municipios y gobernaciones- apenas $us7 millones, cifra irrisoria que no llega ni al 1%.


Por su lado, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmó que, en base a la misma información proporcionada por el sector, se pudo comprobar que las cooperativas mineras auríferas tienen una gran capacidad de pago para contribuir al Estado; sin embargo, se niegan a contribuir de forma proporcional en función de su capacidad productiva.

En la opinión pública, la manifestación no sólo genera rechazo en la población paceña por las dificultades en la circulación para el trabajo diario. Además, se cuestiona que los mismos mineros que se niegan a pagar impuestos hagan alarde de las ganancias que obtienen celebrando fiestas lujosas en las poblaciones que albergan la actividad minera aurífera.