opinión

El pretexto, la mentira y la realidad

Por: Franz Roberto Quisbert Parra, economista

Para Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, el Censo es un pretexto para realizar el paro allí. Según el Comité Interinstitucional, conformado por el gobernador autónomo departamental, el presidente del Comité Cívico cruceñista y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el paro es para que el Censo se realice en 2023 y para que haya la redistribución de recursos a través del Pacto Fiscal y la redistribución de escaños.

Sin embargo, el Censo es la recopilación de información respecto a un grupo de personas, los datos que suelen recogerse son edad, sexo, nivel de educación, acceso a servicios básicos, ingresos mensuales, características de la vivienda habitada, entre otros. Es decir, pueden considerarse tanto variables cualitativas como cuantitativas, que sirven para formular e implementar políticas públicas. En ningún caso el efecto inmediato es la redistribución de recursos o escaños.

El pretexto del Censo ha servido para tener un mes de paro, que se ha traducido en un desgobierno total, cobros indebidos como si fueran peajes, perjuicio a los más pobres, saqueo de negocios en el Plan Tres Mil, violencia contra las personas que deseaban trabajar, impedir el paso de ambulancias, violación de los Derechos Humanos, toma y quema de instituciones (COD, Sede Campesina, INE, ABT), jolgorio y borrachera de los bloqueadores, muertes y destrucción de la economía cruceña, con una pérdida de 40 millones de dólares al día.

Una vez definida la fecha del Censo con consenso para 2024, aún sigue el paro; y en el último Cabildo, para no aceptar la derrota, recurren a la mentira pretendiendo buscar una salida mediante una ley que debe aprobarse para asegurar la distribución de recursos y escaños. Todo el conflicto del Censo se traslada del Ejecutivo al Legislativo.

Seis propuestas de ley están recorriendo el escenario político, unas negligentes para volver atrás, queriendo imponer el Censo 2023; otras propuestas buscan refrendar el DS 4.824, que dispone que el Censo se lleve a cabo el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos económicos en septiembre del mismo año, cumpliendo con el pedido de más de 300 autoridades electas del país y las recomendaciones de la comisión técnica que trabajó en Trinidad. Asimismo, como parte de la mentira salieron voces disonantes sobre el federalismo, posición de Camacho, que es parte de las estrategias de separatismo.

La realidad es que en la historia de Bolivia se han hecho 11 censos, la mayoría bajo modelos económicos neoliberales y de saqueo; nunca con estos se promovieron mejoras para la economía de la población; después de estos censos no se hicieron más colegios u hospitales, no se industrializó nada. En realidad, el Censo no garantiza que la calidad de vida de la población mejore ni que la economía crezca o que haya más obras, los datos que proporciona son para que se hagan políticas económicas y sociales que respondan a las necesidades de la sociedad.

La realidad también demuestra que nunca se ha requerido una ley para garantizar el Censo o la redistribución de recursos o escaños; esto no tiene ningún sentido para continuar con el paro en Santa Cruz.

La realidad indica, según el numeral 16 del parágrafo I del artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que los censos oficiales son competencia privativa del nivel central del Estado. Igualmente, el parágrafo V del artículo 146 de la CPE establece que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes en cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional.

La realidad evidencia que el paro de Santa Cruz es un fracaso, porque no ha logrado nada. También enseña que hay procesos en curso para las autoridades del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, por haber violado varios artículos de la CPE y otras leyes.

Finalmente, el federalismo es una estrategia política del separatismo que no se encuentra en la Constitución.

Calma, tus aportes están seguros

Por: Fernando Chuquimia, especialista financiero

Recientemente, el “opinador económico” Joshua Bellott Sáenz, sin fundamento alguno, señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos a los ciudadanos bolivianos.

Al respecto, y con el objeto de informar a la población de manera responsable, es importante mencionar que, debido a la quiebra del sistema de reparto, con la Ley 1732, en Bolivia comenzó el sistema de capitalización individual, aspecto que dio lugar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mediante un contrato que el gobierno de entonces lo estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la administración de los aportes para la vejez. Durante la administración de las AFP, los asegurados soportaron pésimos servicios sin calidad ni calidez, escasos beneficios traducidos en capital individual reducido, baja rentabilidad y cobertura mínima a los trabajadores.

En consecuencia, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 065, se establece que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) dejará de ser administrado por privados y debe ser transferido a una entidad estatal, “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, recuperando de esta manera la soberanía que tienen los trabajadores sobre las contribuciones que realizan mensualmente para su jubilación, además de demostrar que el país es pionero en la innovación y administración de los recursos de la población, ante el fuerte cuestionamiento a las AFP en América Latina.

Por otra parte, los fondos del SIP son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, por cuanto se administran de forma independiente de los recursos de la GP, garantizando que no serán destinados a gastos operativos o administrativos.

A cuyo efecto, tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que, posteriormente, financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo; en este sentido, los aportes no pueden ser utilizados de manera discrecional o políticamente.

Para tranquilidad de los trabajadores, la normativa vigente establece mecanismos de control para garantizar los aportes, los fondos, las prestaciones y beneficios, por ejemplo, la fiscalización permanente de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la sujeción al control social, sometimiento a auditoría externa y sobre todo el control de cada uno de los asegurados, toda vez que únicamente son ellos los que pueden acceder a sus recursos para tramitar la pensión de jubilación.

En el marco de la profundización de la soberanía en la administración de la economía boliviana, una buena noticia para los jubilados es que, a partir de mayo de 2023, recibirán un ingreso adicional del 2% en sus boletas de pago, producto de la anulación de las cuatro comisiones que actualmente cobran las AFP (0,5% asegurados, 1,31% jubilados, 0,85% fondo de riesgo y 0,22% administración de portafolios) con relación a la única comisión que cobrará la GP (0,5%). Finalmente, y con base en los párrafos precedentes, se garantiza la seguridad de los aportes y se desmiente, en absoluto, lo manifestado por el opinador Bellott.

El orco alcalde y sus hordas recorren La Paz

EDITORIAL

La obra de J.R.R. Tolkien es rica en mitologías y criaturas. Entre estas últimas, destacan los orcos, a quienes se define como “criaturas usadas como secuaces por los grandes villanos”. Se los retrata como “seres escasamente inteligentes, pero muy astutos cuando es necesario, miserables y deformes. Odian todo lo existente, incluso a ellos mismos y a sus amos, a quienes sirven por temor”. Si bien el origen de los orcos es incierto en la Historia de la Tierra Media, existe un consenso en que son seres corrompidos por un poder maligno, en algunas versiones por Morgoth y en otras por Sauron. Con base en estas características, explicaremos por qué el más idóneo ejemplar de orco en La Paz, se llama Ivan Arias.

Las “hordas de orcos” de Ivan Arias provocaron la violencia en la ciudad de La Paz.

La visita de Arias a la ciudad de Santa Cruz, tan sólo unas horas antes de la marcha convocada por si grupo de amigotes, a quienes bautiza cómicamente como “Asamblea de la Paceñidad”, revela la primera característica del orco: sirve como mero secuaz de un villano de mayor jerarquía. El orco alcalde utilizó recursos de la comuna paceña para irse a pedir instrucciones a sus patrones de turno, los cívicos cruceños.

Siguiendo con la descripción de Tolkien, el orco Arias es escasamente inteligente pero astuto cuando le conviene: en el mes de julio, cuando se conoció de la postergación del Censo de Población y Vivienda, Arias hizo declaraciones apoyando la nueva fecha del censo en 2024. Ahora, en medio del paro cívico ordenado por las logias cruceñas, curiosamente cambia de opinión y se convierte en el secuaz del Comité cívico cruceño en La Paz.

Respecto a la apariencia física del orco, valga decir que Iván Arias está muy lejos de parecerse a un elfo, a un hobbit, un mago o a un enano, siendo más parecido a un habitante de Mordor, o a cierto ser de doble personalidad que, en la literatura, es corrompido por el anillo.

Terminando de encajar con la descripción de Tolkien, el orco Ivan Arias “odia todo lo existente, incluso a sí mismo y a sus amos, a quienes sirven por temor”. Lo ocurrido la tarde de ayer muestra que las hordas violentas fueron encabezadas por Arias: los colectivos para policiales conocidos como “resistencias”, tristemente célebres por su rol durante la masacre de El Pedregal al servicio del régimen de Jeanine Añez. Estos grupos hicieron de “avanzada” de la llamada Marcha de la Paceñidad, lanzando piedras, gases lacrimógenos e incluso cachorros de dinamita en contra de los ciudadanos concentrados entre la Plaza San Francisco y la Avenida Montes del centro paceño.

Las personas heridas por piedras el día de ayer, son los testigos de la faceta del orco alcalde como una criatura difusora del odio y la violencia. Llevando falsamente una pancarta de “paz” y banderas blancas, la horda encabezada por el orco Ivan Arias agredió a todo ciudadano que mostró descontento con el paso de la marcha, a título de considerarlo “masista”; la misma receta que usan los logieros cruceños para evitar el paso a ambulancias y otros vehículos durante el paro cívico.

La Paz no puede caer presa de esos orcos que ya causaron muerte y dolor en El Pedregal en noviembre de 2019. El orco Ivan Arias pretende que la la sede de gobierno se convierta en el nuevo Mordor, una tierra desolada y consumida por el odio. Al igual que en la epopeya fantástica escrita por Tolkien, es hora de tender alianzas y revocar al funesto alcalde orco.

Red Boliviana de Economía Política denuncia “carácter conspirativo” del paro cívico

El Gobierno departamental de Santa Cruz, “cívicos” y las logias de poder cruceñas iniciaron un paro indefinido exigiendo como pretexto que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda se adelante para el 2023. Sin embargo, la intención real del paro decidido por las logias de poder, y los grupos oligárquicos y fascistoides es frenar nuestro Proceso de Cambio socavando la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

La demanda de anticipar la fecha del Censo para garantizar mayor participación política en las próximas elecciones (2025) y asegurar más ingresos que supuestamente les correspondería por el incremento poblacional en Santa Cruz, es totalmente falsa ya que existen varios hechos que contradicen este supuesto interés en el bienestar regional.

  • En 1er lugar, el paro no respeta el proceso de coordinación nacional para consensuar la fecha del Censo y se lanza cuando la fecha censal ha sido consensuada con las autoridades de los otros 8 Departamentos e incluso con las propias autoridades municipales del Dpto. de Santa Cruz.
  • En 2do lugar, es falso que esta oligarquía se preocupe por los ingresos y el presupuesto del Departamento; es decir, por su genuino desarrollo económico y social. Prueba de ello, es que la ejecución presupuestaria de inversión pública de agosto 2022 de la Gobernación de Santa Cruz a la fecha, llega apenas al 17% siendo la más baja no sólo entre todos los departamentos del país sino en relación a todas las instituciones del aparato estatal.
  • En 3er lugar, la oligarquía no se preocupa por los verdaderos intereses económicos y sociales de Santa Cruz, ya que en los gobiernos neoliberales anteriores cuya gestión estaba dirigida por las mismas logias y la oligarquía, Santa Cruz contaba con un presupuesto insuficiente, mientras que en el gobierno del MAS sus recursos aumentaron en seis veces.
  • En 4to lugar, los “cívicos” indican que el paro es una expresión “democrática popular” de su cabildo que, supuestamente, alcanzó a 1 millón y ½ de personas cuando en realidad no pasaron de 230.000 (SIFDE), pero más allá de la cantidad sólo fue una concentración donde monopolizaron la palabra los líderes oligarcas cuando los canales políticos de representación y deliberación al interior del Estado, no se pueden sustituir y que en este momento están en permanente coordinación a nivel nacional para definir el rumbo del Censo.
  • En 5to lugar, la oligarquía descalifica y discrimina la posición del pueblo cruceño ya que el pasado viernes también se efectúo otro cabildo en Santa Cruz con amplia representación y presencia genuinamente popular de los gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores, campesinos, indígena-originarios, estudiantes, organizaciones de mujeres y del pueblo en general con participación aún mayor a la del “cabildo” de la derecha, rechazando unánimente el “paro de la oligarquía” que afecta seriamente a la economía de las personas que tienen que trabajar y obtener sus ingresos día a día. Sin embargo, la oligarquía racista se niega a reconocer a cualquier otra expresión política diferente a la suya, discriminando al pueblo cruceño.
  • En 6to lugar, la propuesta “técnica” con la cual se lanzó el paro consistía en sólo dos páginas elaboradas por el rector de la UGRM con información insuficiente, con total falta de seriedad; lo que significa que, antes del paro, los “cívicos” cruceños no tenían un fundamento serio. El viernes 21, el gobierno planteó una propuesta técnica basada en abrogar el actual D.S. sobre el Censo y adelantar la fecha de su realización o dejarla abierta para que sea decidida por una comisión técnica, entregando resultados en octubre de 2024 con lo cual se garantizaría la nueva configuración del mapa electoral para las elecciones del 2025 y la reformulación presupuestaria correspondiente, con lo cual el cien por ciento de las demandas de los “cívicos” estarían atendidas, pero la propuesta fue rechazada en la mesa de diálogo del 22 con el abandono infantil del gobernador Camacho.
  • En 7mo lugar, se evidencia que la razón de la oligarquía frente al pueblo es como siempre de brutal violencia fascista con grupos paramilitares de choque, que acallan a golpes a los que necesitan movilizarse y trabajar. Esta es la actitud de la derecha que envía grupos violentos a los barrios populares como el Plan 3.000, la Villa 1° de Mayo, otros barrios y algunas ciudades intermedias como Puerto Quijarro donde asesinaron violentamente a Pablo Taborga, un trabajador que se opuso al paro cívico.

Por lo explicado, denunciamos el carácter conspirativo del paro de la oligarquía y las logias que tienen la intención de desestabilizar al Gobierno de las clases populares, que viene haciendo esfuerzo por la rápida recuperación económica manteniendo la estabilidad, ampliando la inversión pública, superando la pandemia, regularizando la educación, mejorando las condiciones socio-económicas de las mayorías poblacionales.

En el fondo, la oligarquía boliviana se empeña en retornar al modelo neoliberal, no propone un modelo de desarrollo económico propio a pesar de ser un sector vinculado al empresariado, esto expresa su naturaleza entreguista a los Estados Unidos. Por otra parte, su marcado racismo también es expresión de su renuncia a la posibilidad de valoración del pueblo, de su trabajo y su esfuerzo. En síntesis, es una casta señorial sin proyecto económico propio, entreguista y racista, con lo que cierra toda posibilidad de construcción de país. De aquí se desprende que esta oligarquía no tiene viabilidad histórica ni económica, es un resabio ineficiente e improductivo que existe para entregar el poder a su amo del norte. Por eso, se debe fortalecer el proyecto y sujeto histórico plurinacional, popular, obrero, campesino y comunitario.

Denunciamos también el carácter discriminador y racista de la oligarquía y la derecha de siempre, que trata de negar la posición de las grandes masas de trabajadores del campo y de la ciudad que se oponen a su paro, actualmente reprimida por los grupos paramilitares violentos. Saludamos y apoyamos la organización de los trabajadores, campesinos, vecinos que hacen escuchar su voz, se organizan y actúan al margen de la oligarquía disputando la verdadera representación política de Santa Cruz, luchando y perfilando un proyecto propio articulado al proyecto histórico nacional-popular, obrero, indígena y comunitario.

¡Abajo el paro de la oligarquía conspiradora! ¡No a la violencia fascista! ¡Viva la lucha del pueblo cruceño! ¡Viva el gobierno popular de los obreros, campesinos e indígenas!

Nada afecta a los fondos de pensiones

Por: Osmara Morales Paredes, auditora y especialista en fondos de pensiones

Se están virtiendo diferentes puntos de vista, declaraciones, publicaciones y opiniones relacionadas con la Gestora Pública, la administración de los Fondos de Pensiones, los aportes y su administración, entre otros. Sin embargo, una lectura extensa de la normativa vigente y la Constitución Política del Estado permite aclarar varias de esas interrogantes.

Para poder entender este tema es importante rememorar un hito importante en la historia de Bolivia, cuando en 2009 fuimos a las urnas y emitimos nuestro voto sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), norma suprema aprobada con más del 61% de la población, en la que se establece que la seguridad social no puede ser privatizada.

Otro importante evento a tomar en cuenta es la emisión de la Ley Nro. 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, normativa que llegó a resolver los problemas generados por la anterior ley: exigentes requisitos de acceso, restricciones para la incorporación al sistema previsional, pensiones muy bajas, implementación de políticas individualistas, entre otras situaciones que ocurrieron bajo administración de las AFPs.

Es importante mencionar las innovaciones de la actual Ley 065 de Pensiones, cómo i incremento de las pensiones de jubilación incorporando un componente solidario; se redujo la edad de jubilación de 60 a 58 años; se implementó políticas de género reduciendo la edad de jubilación de las mujeres o incrementar la densidad de sus aportes; se permitió la concurrencia de pensiones; de forma integral se reconoció los aportes realizados a otros sistemas de pensiones, entre otras bondades. Estas disposiciones incluyen en su contenido la creación de la Gestora como administradora del Sistema Integral de Pensiones y de sus fondos.

Acerca del rol señalado, es importante aclarar las ideas erróneas lanzadas a la población por irresponsables declaraciones, indicando que el Gobierno se hará cargo de la administración; la Gestora sea pública o privada es una empresa, y ni su marco normativo ni la norma suprema permite a ningún Gobierno la administración de los Fondos de pensiones.

Asimismo, en su rol de administrador, a diferencia de las AFP, tendrá un carácter social y no lucrativo, sus utilidades serán destinadas a incrementar los fondos de pensiones y conforme señala la normativa, su desempeño será medido con indicadores de gestión definidos por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Por otra parte, la normativa señalada contiene disposiciones técnicas restrictivas en el manejo de los Fondos que no permiten injerencias políticas, y que únicamente tienen por objeto establecer medidas en la búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo de inversión; cuando se hace referencia a los aportes realizados por el trabajador, la Ley de Pensiones prevé entre las funciones de la Gestora generar rendimientos financieros, cuyo fin único es incrementar los saldos acumulados en beneficio del Asegurado.

Asimismo, es importante mencionar que la Ley de Pensiones dispone que los recursos de los Fondos deben ser invertidos exclusivamente en Valores o Instrumentos Financieros de oferta pública, a través de mercados primarios y secundarios autorizados, para lo cual debe considerar los límites de inversión establecidos; en este sentido, no existen decisiones del gobierno ni decisiones políticas que pueden obligar al administrador de los Fondos a invertir en instrumentos emitidos por el TGN o el BCB.

Finalmente, habrá que considerar que, para emitir opiniones sobre estas importantes temáticas, se debe realizar un análisis previo, por el respeto que merece la población y asegurados al actual sistema de pensiones, al margen de los desacuerdos y diferencias políticas que podamos tener.

Censo técnico y transparente

Por: Verónica Huarina, economista

En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.

La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.

A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.

Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.

Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.

Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.

Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.

Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.

Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.