municipios

Consenso nacional: Encuentro Plurinacional por el Censo reúne al Presidente del Estado y 321 entidades autónomas

Éxito rotundo del Encuentro Plurinacional por el Censo en Cochabamba. Participan 8 gobernadores, 10 alcaldes de ciudades capitales y El Alto, 292 alcaldes de municipios rurales y los 11 rectores de todas las universidades públicas. El Presidente Luis Arce inauguró el evento y destacó la presencia de autoridades de todos los niveles autonómicos y de todo el sistema universitario nacional.

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no asistió a la cita. Sin embargo, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), llegó hasta la capital cochabambina en representación de los cívicos cruceños. Esa representación no negociará la fecha del Censo de Población y Vivienda, y que sólo pretende exponer las determinaciones del cabildo del pasado 30 de septiembre, donde solo participaron 229 mil personas, menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz .

En esa misma línea, y “siempre abierto a dialogar”, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, planteará que el empadronamiento se realice en diciembre de 2023. Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, llegó con la propuesta de realizar el Censo el primer trimestre de 2024.

“Tenemos el sustento técnico para demostrar que se puede hacer en esa fecha, pero es necesario el debate”, dijo al ingresar al evento.
Mientras, en Santa Cruz se cumple séptimo día de un paro impulsado por el Comité Interinstitucional.

Cuéllar y Camacho se alejan de Calvo: “deberíamos asistir a la reunión de Cochabamba”

Se observan signos de ruptura al interior del comité interinstitucional en el quinto día de paro cívico. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, admitió su predisposición de asistir al Encuentro Plurinacional por el Censo, convocado para este viernes en Cochabamba. “Si a mí me piden una opinión personal, yo digo que deberíamos asistir”, aseguró a RTP a tiempo de confirmar que el gobernador Luis Fernando Camacho también tiene la intención de asistir.

Ante el cierre de las oficinas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la invitación al Encuentro Plurinacional por el Censo, cursada por el Viceministro de Autonomias, Álvaro Ruiz, fue pegada en la entrada y notificada a manera de cedulón.

La respuesta del Comité Interinstitucional no se hizo esperar: Fernando Camacho y Rómulo Calvo pretendían adelantar el encuentro para este miércoles en Santa Cruz. Ante la falta de credibilidad de la solicitud y las evasivas de la Iglesia Católica para ser mediadora como lo pedían los cívicos, se anticipa que Camacho y Cuéllar asistirán a la reunión en Cochabamba, dejando a Calvo en Santa Cruz, debido a que no fue invitado y se encuentra bajo arresto domiciliario.

El martes, el presidente Luis Arce, mediante su cuenta de Twitter, convocó a diferentes sectores a participar en el “Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso”.

Citó a gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas, profesionales y representantes de organizaciones sociales, entre otros, para definir la fecha del censo.

En Santa Cruz se cumple el quinto día de paro indefinido en demanda de la anulación del Decreto Supremo 4760, que establece el Censo para 2024, y adelantar el empadronamiento a 2023.

Cuéllar adelantó que en el encuentro del viernes se enfatizará la propuesta para que el censo se realice en 2023, puesto que es una decisión emanada del cabildo del 30 de septiembre, al cual sólo asistieron 229 mil personas, equivalente a menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz.

Municipios de Bolivia cuestionan resoluciones del “Cabildo por el Censo”

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), ente que aglutina a los gobiernos municipales de todo el país, advirtió al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que el cabildo de este viernes en Santa Cruz sufre de serios vicios de nulidad e ilegalidad, cómo el haber sido convocado por actores políticos, haber tenido un carácter obligatorio y alejado de la deliberación, señalando que la actividad estuvo caracterizada por la politización y manipulación.

En un comunicado, el máximo ente asociativo municipal del país señala que “la convocatoria a cabildo debe ser realizada por ciudadanas y ciudadanos, no por autoridades políticas. Sin embargo, a través de medios de comunicación y redes sociales verificadas, actores políticos han convocado a asistir al cabildo haciendo de este un movimiento político”, advirtió la institucionalidad edil en un comunicado.

La convocatoria al cabildo de este viernes emergió de una reunión del autodenominado Comité Interinstitucional del Censo, conformado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar. Estos tres actores políticos presentaron la semana pasada un documento técnico que supuestamente fundamentaba la realización del Censo en 2023, pero después se reveló que el documento no tenía bares técnicas, y que contaba con sólo 2 páginas.

FAM-Bolivia informó que no hubo ningún nivel de deliberación en el mal llamado cabildo, porque el tema del censo y siete puntos más “responden a decisiones políticas, previamente, acordadas de manera engañosa”.

“El cabildo tendrá carácter obligatorio, estas afirmaciones con motivaciones políticas tienen el propósito premeditadamente de mal informar a la población y manipular para sus beneficios”, afirmó la institucionalidad edil.

Camacho estuvo convocando en entrevistas e incluso incitó a través de un video a participar del cabildo. “Advertimos la politización y manipulación de un mecanismo democrático como es el cabildo”, alertó el máximo ente asociativo municipal.

Adiós a los cheques: Gobiernos subnacionales y universidades públicas aplican pagos electrónicos desde octubre

La Paz, 29 de septiembre de 2022.- A partir del 1 de octubre, los cheques quedarán en el olvido en los gobiernos subnacionales y universidades, debido a la implementación del pago electrónico. El sistema de pago directo en cuentas bancarias reducirá el tiempo y permitirá al proveedor disponer de su dinero unos minutos después de que la entidad haya realizado el pago.

Gracias a una resolución del Ministerio de Economía, estas instancias públicas dejarán de pagar a sus proveedores con cheques el 30 de septiembre y, a partir del 1 de octubre, aplicarán los pagos electrónicos a través de cuenta bancaria.

El pago electrónico será un servicio gratuito, tanto para las entidades como para los proveedores. Al contrario, anteriormente, la entidad tenía que pagar dos bolivianos para emitir cada cheque. Esta cifra no es mínima, ya que en 2022 se procesaron alrededor de 147.000 pagos electrónicos que representan un monto aproximado de Bs 3.000 millones.

De 343 entidades habilitadas, 311 ya iniciaron los pagos electrónicos. Al momento, solo faltan habilitar este mecanismo unas 50 entidades. A la fecha, más del 40% de los proveedores ya tiene habilitada su cuenta bancaria en el Sigep para recibir los pagos electrónicos

Para llevar adelante este proyecto, todos los proveedores del Estado deben acreditar una cuenta en el Banco Unión y un registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que permitirá agilizar los pagos. Muchos ya tienen su registro en el RUPE.

Con la entrada en vigencia del Reglamento para Transferencias y Pagos Electrónicos en universidades públicas (UP), entidades territoriales autónomas (ETA), sus entidades desconcentradas, descentralizadas y empresas públicas, el proveedor tendrá la libertad de cobrar por sus servicios de forma directa en su cuenta bancaria.

Mientras que con el pago con cheque se tardaba tres o más días para la autorización y en promedio el proveedor tardaba otros cinco días para cobrarlo en las entidades financieras, es decir, se tardaba hasta 10 días.

Concejales de Ivan Arias aprueban construcción sin restricciones y arriesgan a 10 zonas de La Paz

Concejales de Ivan Arias aprobaron en tiempo récord una normativa municipal que elimina todas las restricciones a la construcción de edificios en las zonas de Calacoto, San Miguel, Achumani, Irpavi, Obrajes; Llojeta, La Florida, El Gramadal; Cota Cota, la plaza Uyuni, Plaza Villarroel, mercado Yungas, y el ingreso a Mallasilla. En estos barrios se podrá construir edificios de hasta 40 pisos sin importar la superficie del predio ni dejar retiros.

Según Oscar Sogliano, concejal de Ivan Arias, “tenemos una ley de uso de suelos de hace 15 años y responde a otro momento. En 15 años aparecieron 30 urbanizaciones, barrios y no se puede detener a los loteadores”, respecto a la aprobación de la nueva disposición.

La normativa fue introducida “por dispensación de trámite” el viernes por la concejala Lucía Mamani, quien también es parte de la bancada de Ivan Arias. La norma fue aprobada en tiempo récord, el mismo día de su presentación en el Concejo sin una previa revisión de los legisladores o de sus asesores.

Esta norma amplía los parámetros de construcción más allá de cualquier expectativa , dijo Álvaro Viaña, exdirector de Administración Territorial de la Alcaldía, quien identificó las irregularidades en las cartillas de la norma. “No establece límite de altura, permite voladizos y no toma en cuenta el mapa de riesgos, permitiendo la edificación en zonas de riesgo alto”, indicó.

En la actualidad se permiten construcciones de altura en avenidas principales por tener un mayor ancho de vía, pero la norma aprobada por el Concejo no toma en cuenta esta restricción y permitirá levantar edificios de gran altura incluso en calles de ocho metros.

La norma levanta la obligación de tener retiros y ahora los edificios podrían estar pegados unos a otros sin respetar condiciones de asolamiento y ventilación. Esta situación perjudicará tanto a las personas que viven en las edificaciones como al entorno. En Calacoto, se cambiará una zona de viviendas casi unifamiliares a edificios multifamiliares.

La norma tampoco deja claro en qué tipo de superficies se aplica. En un lote de 400 metros cuadrados, con una vía de sólo 6 metros de ancho tendrán la posibilidad de construir de 20 a 30 pisos.

Adicionalmente, se dispone que los parqueos serán opcionales, lo cual implica que los copropietarios van a tener que dejar sus coches en las calles.

El mayor problema es que se permite levantar edificios de gran altura sin considerar la estabilidad de los suelos. Llojeta, Cota Cota y Mallasa son zonas de riesgo y ahí se permitirá la construcción de torres de más de 25 plantas, lo que también podrá afectar a otras zonas de riesgo.

La norma fue observada por el Colegio de Arquitectos, la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Sociedad de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Civiles, quienes denuncian que una sola empresa constructora sería la más beneficiada. “El 16 de julio, el Concejo condecoró a una de las empresas que más infringe las normas de edificación. Ahora modificaron la ley de uso de suelos en 10 carillas y en siete de ellas están las edificaciones de esta compañía”, dijo e indicó que exactamente se refiere a Las Loritas. “A simple vista es un favorecimiento a los intereses de especuladores inmobiliarios que atentan contra la ciudad”.

Presupuesto del Municipio de La Paz para 2023 no contempla proyectos de impacto

La Paz, 07 de septiembre de 2022.- El vicepresidente del Concejo Municipal de La Paz, Javier Escalier, denunció que el Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto para la gestión 2023 elaborados por Ivan Arias, no contemplan grandes obras para la ciudad.

Según Escalier, el POA establece un monto de más de Bs1.900 millones contemplando 1.727 operaciones en toda la administración pública del municipio. “Del análisis desarrollado, como vicepresidencia del Concejo Municipal vemos que es importante hacer énfasis que el POA y el presupuesto institucional 2023 no contempla la programación de proyectos estratégicos que vayan en beneficio del desarrollo socioeconómico y estructural del municipio”, dijo el legislador municipal.

Tampoco contempla “obras de impacto que revaloricen la imagen del municipio”, dijo el vicepresidente del Concejo e indicó que se observa una evidencia clara de falta de planificación.

El alcalde Ivan Arias

Ante la evidente ausencia de obras y proyectos para el desarrollo del municipio paceño, y en lugar de presionar al alcalde por la inclusión de obras de impacto social en el Presupuesto 2023, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín a la Alcaldía emitió amenazas en las últimas horas en contra del Concejo Municipal, pidiendo que apruebe el POA.

El presidente de la Fejuve La Paz afín a Iván Arias, amenazó al Concejo para que apruebe el POA, anunciando que tomará “otras acciones, otras medidas, como la toma del Concejo hasta que se vayan estos concejales que están perjudicando el desarrollo urbano de ciudad de La Paz”. Paredes cree que el POA y Presupuesto elaborado por Arias beneficiará a cada macrodistrito del municipio, pero no logró especificar qué proyectos de impacto social estarían incluidos.

Vicepresidente del Concejo Municipal de La Paz, Javier Escalier

El concejal Escalier denunció que la Alcaldía agita a sus funcionarios y dirigentes afines para cercar el Concejo y aclaró que el oficialismo podría aprobar el POA y Presupuesto 2023 porque tiene mayoría en el Concejo.