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Analista considera que los paros cívicos “abusan del esfuerzo de la gente”

Los anuncios de paro cívico resuenan en torno a la fecha del Censo de Población y Vivienda, y la respuesta desde el ámbito académico no se hace esperar. El analista económico Juan José Bedregal considera que los ruidos políticos como amenazas de paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz, no frenarán la reactivación de la economía. “Los paros cívicos abusan del esfuerzo de la gente que quiere trabajar y recuperar el dinero perdido durante la pandemia”, sentenció.

Consultado por el programa “Primer Plano” de Bolivia TV, el especialista mencionó que “todos los paros que ha convocado el Comité cívico cruceño se han cumplido a media máquina; también podemos esperar que, a medida que se va abusando de esta medida de presión, también se abusa del esfuerzo de la gente”, en referencia a las pérdidas diarias por aproximadamente $us30 millones que se registran por cada día de paro en la ciudad de Santa Cruz.

La población cruceña se enfrenta a la disyuntiva entre trabajar y obedecer los dictámenes de la casta cívica.

Adicionalmente, manifestó que “los pequeños empresarios, comerciantes, gremiales y transportistas no van a estar dispuestos a soportar más pérdidas, ya que la gente quiere trabajar y recuperar esa platita que se ha desahorrado durante la pandemia”.

El anuncio del llamado “Cabildo por el Censo”, de realizar un paro indefinido en Santa Cruz si el gobierno nacional no cambia la fecha del Censo de Población y Vivienda para 2023 ha despertado críticas en gran parte de la sociedad boliviana, fundamentalmente de los sectores productivos de la urbe cruceña. Ya en días previos a la convocatoria al cabildo, las asociaciones gremiales se pronunciaron en contra del llamado a paro de 72 horas que promovía el gobernador Fernando Camacho.

Horas después, el grupo de ciudadanos que asistió al cabildo desautorizó la propuesta de Camacho, aprobando un plazo hasta el 22 de octubre para que el gobierno nacional publique en la Gaceta Oficial que el censo se desarrollaría en 2023, a pesar de no haber fundamentado técnicamente esta fecha en el documento que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) presentó ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mismo que tan sólo contaba con 2 páginas de propuesta, engrosadas con correspondencia institucional de la universidad y fotocopias de la presentación del INE en la socialización del censo.

Venganza: Rector Heredia expulsa a universitaria que denunció a Álvaro Quelali

Una semana después de la aprehensión del veterano dirigente de la FUL UMSA, Álvaro Quelali, se conoce de la expulsión de la estudiante Karen Kelly Apaza Coaquira, principal denunciante en el proceso judicial contra Quelali y otros dirigentes universitarios. Activistas de derechos humanos ven en estos hechos un flagrante acto de represalia y violencia política en razón de género. Heredia figura como denunciante en un proceso universitario por una supuesta patada de parte de la estudiante Apaza.

Mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario de la UMSA, se expulsa a la estudiante Karen Kelly Apaza, quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito, corrupción y usurpación de funciones, en contra del dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Álvaro Quelali. La semana pasada, el proceso penal derivó en el encarcelamiento del dirigente.

La estudiante denunció que el proceso instaurado en su contra por el rector Heredia está viciado de nulidad al ser el rector el denunciante y al mismo tiempo cumplir la funciones de presidente del Consejo Universitario. Otro de los vicios del proceso es la inusitada velocidad del mismo, que fue utilizado todo este tiempo en su contra para acallarla y forzarla a que retire la denuncia penal contra Álvaro Quelali. Sin embargo, los procesos universitarios contra docentes acosadores y violadores permanecen estancados durante años enteros.

Acto de represalia

Tras conocerse la decisión del Rector, organizaciones estudiantiles y de derechos humanos se han pronunciado a favor de la estudiante Apaza. Consideran éste como un caso de represalia por haber denunciado a un poderoso dirigente universitario, cuyos actos de corrupción llevaban años preocupando a toda la comunidad universitaria.

Los hechos del dirigente Álvaro Quelali como el disponer de recursos universitarios en favor de su hermano, usurpar funciones y desviar fondos de la universidad en su beneficio, son acciones delicadas que no hubieran podido llevarse a cabo sin la complicidad o por lo menos el conocimiento del Rector. Por lo tanto, el proceso penal contra Quelali podría salpicar tarde o temprano a los rectores Waldo Albarracín y Óscar Heredia.

La expulsión de los estudiantes que denuncian a Quelali puede ser vista como un flagrante acto de violencia y acoso político en razón de género en contra de la universitaria Karen Kelly Apaza.

La expulsión de Apaza y otros universitarios se sustenta en un proceso universitario por la toma del Monoblock ocurrida el año pasado, en rechazo a los actos de corrupción de Álvaro Quelali, que también salpican al rectorado.

Resultado de estos hechos, el rector Oscar Heredia inició un proceso contra la estudiante Apaza, supuestamente por haber recibido una patada de la estudiante universitaria.

Apaza actuó en protección de ella y sus compañeras, quienes tienen días de impedimento por los incidentes ocurridos durante una protesta pacífica en contra de la corrupción. Además de Apaza, otro estudiante fue expulsado y otros tres tienen suspensión de tres años.

Apaza mencionó que los estudiantes sancionados estaban por titularse. “Estoy en el octavo semestre de ingeniería petroquímica y varios están en noveno, ya están por terminar su perfil simplemente queríamos ya irnos de la universidad a trabajar”, lamentó.

Anunció que apelarán esta decisión ante todas las instancias y que se declararán en huelga de hambre de ser necesario.

Karen Apaza fue la estudiante que presentó la denuncia penal contra Quelali, debido a las irregularidades como favorecer a su hermano con viajes como si fuese estudiante destacado aunque tiene más de un centenar de aplazos. El dirigente está detenido preventivamente por ese caso.

No duró ni un mes: antisociales atacan el Tren Metropolitano de Cochabamba

Cochabamba, 28 de septiembre de 2022.- Después de apenas 15 días de su inauguración, un vagón del Tren Metropolitano fue vandalizado la madrugada de este miércoles, despertando el repudio de la población. La operadora del tren inició acciones legales y no descarta móviles políticos. A pesar del incidente, los vagones se encuentran asegurados y el servicio continúa operando en los horarios regulares.

Según las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió entre las 4:00 y 4:30 am. En medio de la oscuridad, dos personas encapuchadas, una de ellas mujer, burlaron la seguridad e ingresaron a la Estación Central San Antonio por la parte posterior o sur del predio, a la altura de la calle Angostura. Los malhechores se tomaron su tiempo para celebrar su hazaña y comenzaron a vandalizar el vagón a las 4:38 am, utilizando pintura al agua y acrílica.

La Operadora del Tren Metropolitano ya inició las acciones legales del caso y sentó una denuncia en la Policía. De igual manera, solicitaron informes a la empresa de seguridad encargada del predio y piden ampliar las investigaciones policiales en contra del personal de seguridad.

El vagón del tren metropolitano que fue vandalizado esta madrugada. Foto: Dico Soliz.

“Es un atentado contra el tren metropolitano. Son personas que no quieren el progreso, son personas que, creemos, son unos malvivientes que están destruyendo nuestro patrimonio que es el tren metropolitano. Como operadora estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto marche. No solo ha sido esto: nos encontramos con piedras en los rieles, con basura, nos roban los cables, tenemos transportistas que no saben utilizar la vía en placa y ahora esto”, lamentó el director general ejecutivo de la Operadora Mi Tren, Junior Vega.

Por ahora la aseguradora evalúa los daños y la forma de revertir el daño. “Sin embargo esto no se va quedar así. Las investigaciones tienen que darse. Esto es un atentado contra los bienes del Estado, contra el Tren Metropolitano”, informó Vega.