censo

Cuellar se desmarca de Camacho y Calvo: ahora pide “diálogo sin condiciones”

Se consolida el quiebre definitivo en el Comité Interinstitucional del Censo. Ayer el vocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz, monseñor René Leigue, responsabilizó a “dos personas por el sufrimiento de millones”, en clara referencia al gobernador Camacho y al líder cívico Calvo. Hoy, tras reunirse con el arzobispo, el rector Vicente Cuéllar pide “diálogo sin condiciones” al gobierno nacional. Esto sucede a pocas horas de la amenaza de “muerte civil” que hiciera el gobernador Fernando Camacho.

“Sentémonos en una mesa de diálogo sin ningún tipo de condicionamientos. Es necesario pacificar el país y evitar confrontación. El pueblo está amenazado”, señaló Cuéllar.

El rector asegura que hay un grave riesgo de que la situación de la violencia siga escalando. Por ello plantea hablar directamente con el presidente Luis Arce para que se pueda encontrar una salida antes que sea demasiado tarde.

Hasta ayer, Romulo Calvo aseguraba que no iban a ceder y que el Censo se debía realizar si o sí en 2023. Sin embargo, el cívico hoy bajó de tono y pidió «sentarse como personas adultas», más temprano dijo, «no queremos conflictos», a tiempo de pedir diálogo.

“Queremos (presidente) que usted se siente y podamos conversar como personas adultas, como personas que estamos pensando en una Bolivia incluyente, que no haya muerte, y podamos sacar el beneficio para todos los bolivianos”, afirmó.

El único que no se ha pronunciado hasta ahora, por parte del Comité Interinstitucional, es Fernando Camacho, que en su última intervención pública dijo que «habrá muerte civil para quien se venda», refiriéndose a quien ceda mediante el diálogo.

Consenso nacional: Encuentro Plurinacional por el Censo reúne al Presidente del Estado y 321 entidades autónomas

Éxito rotundo del Encuentro Plurinacional por el Censo en Cochabamba. Participan 8 gobernadores, 10 alcaldes de ciudades capitales y El Alto, 292 alcaldes de municipios rurales y los 11 rectores de todas las universidades públicas. El Presidente Luis Arce inauguró el evento y destacó la presencia de autoridades de todos los niveles autonómicos y de todo el sistema universitario nacional.

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no asistió a la cita. Sin embargo, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), llegó hasta la capital cochabambina en representación de los cívicos cruceños. Esa representación no negociará la fecha del Censo de Población y Vivienda, y que sólo pretende exponer las determinaciones del cabildo del pasado 30 de septiembre, donde solo participaron 229 mil personas, menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz .

En esa misma línea, y “siempre abierto a dialogar”, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, planteará que el empadronamiento se realice en diciembre de 2023. Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, llegó con la propuesta de realizar el Censo el primer trimestre de 2024.

“Tenemos el sustento técnico para demostrar que se puede hacer en esa fecha, pero es necesario el debate”, dijo al ingresar al evento.
Mientras, en Santa Cruz se cumple séptimo día de un paro impulsado por el Comité Interinstitucional.

Calvo retrocede ante Cuellar y confirma participación en el Encuentro por el Censo, mientras Camacho pide “garantías”

El sexto día de paro trae más fracturas al interior del Comité Interinstitucional: el día de ayer, Rómulo Calvo había rechazado la asistencia al Encuentro Plurinacional por un “Censo con Consenso”. Por la mañana, el rector Vicente Cuéllar insistía en que Santa Cruz debe participar del mismo. Ahora, por la tarde, Calvo se ve obligado a retroceder señalando que “una comisión” se hará presente en Cochabamba este viernes. Por su parte, Fernando Camacho se siente amenazado y pide garantías antes de confirmar su presencia.

Rómulo Calvo se vio obligado a ceder en su posición de no asistir al Encuentro Plurinacional por el Censo.

Luego de varias horas de indecisión, la postura del rector se impuso dentro del seno de la dirigencia cívica. Cabe resaltar que sólo Fernando Camacho y Vicente Cuéllar estaban invitados al encuentro de Cochabamba debido a su calidad de autoridades electas, en tanto que Rómulo Calvo se encuentra sujeto a detención domiciliaria debido a procesos por ejercicio indebido de la profesión e incumplimiento de deberes.

“El día viernes una comisión se va a hacer presente para hacer escuchar la resolución del cabildo. Nosotros no vamos a negociar”, aseguró Calvo, retrocediendo en sus declaraciones de hace menos de 24 horas, cuando rechazaba cualquier presencia en el cónclave. Hoy, evitó dar los nombres de los miembros de la comisión que viajarán a la cumbre de Cochabamba “para preservar su seguridad”.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) expresaba esta mañana en entrevista con El Deber Radio que “Yo estoy más por asistir porque no le tenemos miedo al debate”, explicando que hasta el mediodía de ayer (miércoles) se había decidido asistir al encuentro, inclusive habló de reuniones y “acuerdos sustanciosos” con el alcalde de La Paz, Iván Arias, y el alcalde de Tarija, Jhonny Torrez, pero el panorama cambió en horas de la noche debido a la intransigencia de Rómulo Calvo.

Pérdidas por el paro cívico totalizan $us200 millones al 27 de octubre

Al iniciar el sexto día de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz, se cuantifica que las pérdidas ya superan los $us200 millones, equivalentes a 6 meses de exportaciones agropecuarias. El analista económico Juan José Bedregal considera que “las pérdidas por el paro se distribuyen de manera desigual, afectando más duramente al bolsillo de los más necesitados”.

Según estimaciones oficiales, Santa Cruz pierde $us37 millones por cada día de paro cívico. Al sexto día de esta medida, las pérdidas alcanzan a más de $us222 millones. Según el economista Juan José Bedregal, esta cifra equivale a más de la mitad de las exportaciones del sector agropecuario durante todo el año 2021, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzaron a $us428 millones. “El paro cívico ya se comió 6 meses de exportaciones de productos agropecuarios”, sentenció el profesional.

Durante los últimos días, se conoció que, a pesar del radicalismo con que los grupos afines al Comité cívico cruceño aplican el paro en diversos sectores de la urbe, las empresas privadas que financian al Comité tienen “permisos de circulación”: ese es el caso de la Avícola Sofía y la Cervecería Boliviana Nacional. Más aún, las empresas privadas vinculadas al agronegocio continúan transportando sus productos con normalidad hacia la frontera.

Sobre este punto, Bedregal considera que los más afectados con el paro son las familias más necesitadas. “El departamento de Santa Cruz tiene el índice de desigualdad más elevado del país; eso implica que, al igual que los ingresos, las pérdidas se distribuyen de manera más desigual que en otras regiones del país. Las pérdidas del paro cívico son asumidas con mayor fuerza en los hogares más necesitados”, señaló.

Los reportes de prensa constatan que las grandes empresas agroexportadoras no paran, y los bancos y supermercados tampoco paran. Es más, en los llamados “días de abastecimiento” se han denunciado casos de agio, ocultamiento y especulación, y en los puntos de bloqueo se cobra por el paso a transportistas, mototaxis y familias. “Esto configura una situación mucho más difícil para los más pobres. Las familias de los cívicos, comparseros y logieros pueden pasarse el día en casa y salir a jugar poker en la calle, posar para las fotos en El Deber, pero ese panorama no refleja la vivencia de las grandes mayorías perjudicadas por unos pocos”, finalizó el analista.

El orco alcalde y sus hordas recorren La Paz

EDITORIAL

La obra de J.R.R. Tolkien es rica en mitologías y criaturas. Entre estas últimas, destacan los orcos, a quienes se define como “criaturas usadas como secuaces por los grandes villanos”. Se los retrata como “seres escasamente inteligentes, pero muy astutos cuando es necesario, miserables y deformes. Odian todo lo existente, incluso a ellos mismos y a sus amos, a quienes sirven por temor”. Si bien el origen de los orcos es incierto en la Historia de la Tierra Media, existe un consenso en que son seres corrompidos por un poder maligno, en algunas versiones por Morgoth y en otras por Sauron. Con base en estas características, explicaremos por qué el más idóneo ejemplar de orco en La Paz, se llama Ivan Arias.

Las “hordas de orcos” de Ivan Arias provocaron la violencia en la ciudad de La Paz.

La visita de Arias a la ciudad de Santa Cruz, tan sólo unas horas antes de la marcha convocada por si grupo de amigotes, a quienes bautiza cómicamente como “Asamblea de la Paceñidad”, revela la primera característica del orco: sirve como mero secuaz de un villano de mayor jerarquía. El orco alcalde utilizó recursos de la comuna paceña para irse a pedir instrucciones a sus patrones de turno, los cívicos cruceños.

Siguiendo con la descripción de Tolkien, el orco Arias es escasamente inteligente pero astuto cuando le conviene: en el mes de julio, cuando se conoció de la postergación del Censo de Población y Vivienda, Arias hizo declaraciones apoyando la nueva fecha del censo en 2024. Ahora, en medio del paro cívico ordenado por las logias cruceñas, curiosamente cambia de opinión y se convierte en el secuaz del Comité cívico cruceño en La Paz.

Respecto a la apariencia física del orco, valga decir que Iván Arias está muy lejos de parecerse a un elfo, a un hobbit, un mago o a un enano, siendo más parecido a un habitante de Mordor, o a cierto ser de doble personalidad que, en la literatura, es corrompido por el anillo.

Terminando de encajar con la descripción de Tolkien, el orco Ivan Arias “odia todo lo existente, incluso a sí mismo y a sus amos, a quienes sirven por temor”. Lo ocurrido la tarde de ayer muestra que las hordas violentas fueron encabezadas por Arias: los colectivos para policiales conocidos como “resistencias”, tristemente célebres por su rol durante la masacre de El Pedregal al servicio del régimen de Jeanine Añez. Estos grupos hicieron de “avanzada” de la llamada Marcha de la Paceñidad, lanzando piedras, gases lacrimógenos e incluso cachorros de dinamita en contra de los ciudadanos concentrados entre la Plaza San Francisco y la Avenida Montes del centro paceño.

Las personas heridas por piedras el día de ayer, son los testigos de la faceta del orco alcalde como una criatura difusora del odio y la violencia. Llevando falsamente una pancarta de “paz” y banderas blancas, la horda encabezada por el orco Ivan Arias agredió a todo ciudadano que mostró descontento con el paso de la marcha, a título de considerarlo “masista”; la misma receta que usan los logieros cruceños para evitar el paso a ambulancias y otros vehículos durante el paro cívico.

La Paz no puede caer presa de esos orcos que ya causaron muerte y dolor en El Pedregal en noviembre de 2019. El orco Ivan Arias pretende que la la sede de gobierno se convierta en el nuevo Mordor, una tierra desolada y consumida por el odio. Al igual que en la epopeya fantástica escrita por Tolkien, es hora de tender alianzas y revocar al funesto alcalde orco.

Cuéllar y Camacho se alejan de Calvo: “deberíamos asistir a la reunión de Cochabamba”

Se observan signos de ruptura al interior del comité interinstitucional en el quinto día de paro cívico. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, admitió su predisposición de asistir al Encuentro Plurinacional por el Censo, convocado para este viernes en Cochabamba. “Si a mí me piden una opinión personal, yo digo que deberíamos asistir”, aseguró a RTP a tiempo de confirmar que el gobernador Luis Fernando Camacho también tiene la intención de asistir.

Ante el cierre de las oficinas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la invitación al Encuentro Plurinacional por el Censo, cursada por el Viceministro de Autonomias, Álvaro Ruiz, fue pegada en la entrada y notificada a manera de cedulón.

La respuesta del Comité Interinstitucional no se hizo esperar: Fernando Camacho y Rómulo Calvo pretendían adelantar el encuentro para este miércoles en Santa Cruz. Ante la falta de credibilidad de la solicitud y las evasivas de la Iglesia Católica para ser mediadora como lo pedían los cívicos, se anticipa que Camacho y Cuéllar asistirán a la reunión en Cochabamba, dejando a Calvo en Santa Cruz, debido a que no fue invitado y se encuentra bajo arresto domiciliario.

El martes, el presidente Luis Arce, mediante su cuenta de Twitter, convocó a diferentes sectores a participar en el “Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso”.

Citó a gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas, profesionales y representantes de organizaciones sociales, entre otros, para definir la fecha del censo.

En Santa Cruz se cumple el quinto día de paro indefinido en demanda de la anulación del Decreto Supremo 4760, que establece el Censo para 2024, y adelantar el empadronamiento a 2023.

Cuéllar adelantó que en el encuentro del viernes se enfatizará la propuesta para que el censo se realice en 2023, puesto que es una decisión emanada del cabildo del 30 de septiembre, al cual sólo asistieron 229 mil personas, equivalente a menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz.

Red Boliviana de Economía Política denuncia “carácter conspirativo” del paro cívico

El Gobierno departamental de Santa Cruz, “cívicos” y las logias de poder cruceñas iniciaron un paro indefinido exigiendo como pretexto que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda se adelante para el 2023. Sin embargo, la intención real del paro decidido por las logias de poder, y los grupos oligárquicos y fascistoides es frenar nuestro Proceso de Cambio socavando la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

La demanda de anticipar la fecha del Censo para garantizar mayor participación política en las próximas elecciones (2025) y asegurar más ingresos que supuestamente les correspondería por el incremento poblacional en Santa Cruz, es totalmente falsa ya que existen varios hechos que contradicen este supuesto interés en el bienestar regional.

  • En 1er lugar, el paro no respeta el proceso de coordinación nacional para consensuar la fecha del Censo y se lanza cuando la fecha censal ha sido consensuada con las autoridades de los otros 8 Departamentos e incluso con las propias autoridades municipales del Dpto. de Santa Cruz.
  • En 2do lugar, es falso que esta oligarquía se preocupe por los ingresos y el presupuesto del Departamento; es decir, por su genuino desarrollo económico y social. Prueba de ello, es que la ejecución presupuestaria de inversión pública de agosto 2022 de la Gobernación de Santa Cruz a la fecha, llega apenas al 17% siendo la más baja no sólo entre todos los departamentos del país sino en relación a todas las instituciones del aparato estatal.
  • En 3er lugar, la oligarquía no se preocupa por los verdaderos intereses económicos y sociales de Santa Cruz, ya que en los gobiernos neoliberales anteriores cuya gestión estaba dirigida por las mismas logias y la oligarquía, Santa Cruz contaba con un presupuesto insuficiente, mientras que en el gobierno del MAS sus recursos aumentaron en seis veces.
  • En 4to lugar, los “cívicos” indican que el paro es una expresión “democrática popular” de su cabildo que, supuestamente, alcanzó a 1 millón y ½ de personas cuando en realidad no pasaron de 230.000 (SIFDE), pero más allá de la cantidad sólo fue una concentración donde monopolizaron la palabra los líderes oligarcas cuando los canales políticos de representación y deliberación al interior del Estado, no se pueden sustituir y que en este momento están en permanente coordinación a nivel nacional para definir el rumbo del Censo.
  • En 5to lugar, la oligarquía descalifica y discrimina la posición del pueblo cruceño ya que el pasado viernes también se efectúo otro cabildo en Santa Cruz con amplia representación y presencia genuinamente popular de los gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores, campesinos, indígena-originarios, estudiantes, organizaciones de mujeres y del pueblo en general con participación aún mayor a la del “cabildo” de la derecha, rechazando unánimente el “paro de la oligarquía” que afecta seriamente a la economía de las personas que tienen que trabajar y obtener sus ingresos día a día. Sin embargo, la oligarquía racista se niega a reconocer a cualquier otra expresión política diferente a la suya, discriminando al pueblo cruceño.
  • En 6to lugar, la propuesta “técnica” con la cual se lanzó el paro consistía en sólo dos páginas elaboradas por el rector de la UGRM con información insuficiente, con total falta de seriedad; lo que significa que, antes del paro, los “cívicos” cruceños no tenían un fundamento serio. El viernes 21, el gobierno planteó una propuesta técnica basada en abrogar el actual D.S. sobre el Censo y adelantar la fecha de su realización o dejarla abierta para que sea decidida por una comisión técnica, entregando resultados en octubre de 2024 con lo cual se garantizaría la nueva configuración del mapa electoral para las elecciones del 2025 y la reformulación presupuestaria correspondiente, con lo cual el cien por ciento de las demandas de los “cívicos” estarían atendidas, pero la propuesta fue rechazada en la mesa de diálogo del 22 con el abandono infantil del gobernador Camacho.
  • En 7mo lugar, se evidencia que la razón de la oligarquía frente al pueblo es como siempre de brutal violencia fascista con grupos paramilitares de choque, que acallan a golpes a los que necesitan movilizarse y trabajar. Esta es la actitud de la derecha que envía grupos violentos a los barrios populares como el Plan 3.000, la Villa 1° de Mayo, otros barrios y algunas ciudades intermedias como Puerto Quijarro donde asesinaron violentamente a Pablo Taborga, un trabajador que se opuso al paro cívico.

Por lo explicado, denunciamos el carácter conspirativo del paro de la oligarquía y las logias que tienen la intención de desestabilizar al Gobierno de las clases populares, que viene haciendo esfuerzo por la rápida recuperación económica manteniendo la estabilidad, ampliando la inversión pública, superando la pandemia, regularizando la educación, mejorando las condiciones socio-económicas de las mayorías poblacionales.

En el fondo, la oligarquía boliviana se empeña en retornar al modelo neoliberal, no propone un modelo de desarrollo económico propio a pesar de ser un sector vinculado al empresariado, esto expresa su naturaleza entreguista a los Estados Unidos. Por otra parte, su marcado racismo también es expresión de su renuncia a la posibilidad de valoración del pueblo, de su trabajo y su esfuerzo. En síntesis, es una casta señorial sin proyecto económico propio, entreguista y racista, con lo que cierra toda posibilidad de construcción de país. De aquí se desprende que esta oligarquía no tiene viabilidad histórica ni económica, es un resabio ineficiente e improductivo que existe para entregar el poder a su amo del norte. Por eso, se debe fortalecer el proyecto y sujeto histórico plurinacional, popular, obrero, campesino y comunitario.

Denunciamos también el carácter discriminador y racista de la oligarquía y la derecha de siempre, que trata de negar la posición de las grandes masas de trabajadores del campo y de la ciudad que se oponen a su paro, actualmente reprimida por los grupos paramilitares violentos. Saludamos y apoyamos la organización de los trabajadores, campesinos, vecinos que hacen escuchar su voz, se organizan y actúan al margen de la oligarquía disputando la verdadera representación política de Santa Cruz, luchando y perfilando un proyecto propio articulado al proyecto histórico nacional-popular, obrero, indígena y comunitario.

¡Abajo el paro de la oligarquía conspiradora! ¡No a la violencia fascista! ¡Viva la lucha del pueblo cruceño! ¡Viva el gobierno popular de los obreros, campesinos e indígenas!

Certifican que el “Cabildo por el Censo” reunió a menos del 10 % de la población cruceña

Usando el software ArcGis 10.5, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) de Santa Cruz, certificó que en el llamado “Cabildo por el Censo” participaron “aproximadamente 229.126 asistentes”, lo que representa sólo el 6,7% de  la población del departamento de Santa Cruz. El día del cabildo, el Comité civico cruceño informaba de más de 1.530.000 asistentes al cabildo. Además, existen dos observaciones por incumplimiento de la normativa de cabildos al incumplir su propia convocatoria.

El 15 de septiembre, el civico Rómulo Calvo y el vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Bravo, solicitaron “observación y acompañamiento del SIFDE en la realización del cabildo departamental”

El 21 de septiembre, la Sala Plena del TED derivó la tarea al SIFDE, que a su vez designó cuatro técnicos cuyo informe calcula el número de asistentes al cabildo bajo el método Herbert Jacobs, que señala que “la medida de cómputo para una multitud es de 2,5 pies cuadrados por persona”. Se detalla que “el área aproximada ocupada por los asistentes al cabildo fue 53.272 metros cuadrados, según el software ArcGis 10.5”. En ese contexto, “aplicando la fórmula de Herbert Jacobs, se tendrá aproximadamente 229.126 asistentes”, concluye el informe. Este dato representa tan sólo el 6,7% de la población cruceña, que asciende a 3.425.399 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, el día del cabildo, el Comité cívico cruceño informaba que “más de 1.530.000 de bolivianos en Santa Cruz decidimos Censo 2023, sí o sí”, dato que registraron ante la notaria de Fe Pública 2 de Santa Cruz, María Luisa Lozada Bravo. El uso de esa información fue recurrente por parte de Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

En sus conclusiones, el Sifde estableció que tres oradores abordaron temas que no estaban en la agenda, incumpliendo la normativa sobre cabildos.

Se observó que entre los oradores “se constató la participación de otros departamentos del país, por lo que se ha incumplido con la convocatoria a cabildo departamental”.

La segunda observación tuvo que ver con la condición de “cabildo departamental” de la cita. “De la verificación in situ respecto de las preguntas en el cabildo se constata que con la tercera realizada por el señor Rómulo Calvo no se ha cumplido con la convocatoria”, observó el Sifde.

Esa pregunta en cuestión señala: “¿Están de acuerdo los hermanos de otros departamentos en exigir en sus departamentos que se cumpla el Censo 2023, si no, a tomar acciones en toda Bolivia?”.

El 14 de septiembre, el Comité pro Santa Cruz, por mandato de una cumbre del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, convocó al cabildo en la rotonda del Cristo Redentor, con el objetivo de “legitimar” junto a la población acciones para un Censo en 2023, en respuesta a la decisión del gobierno de Luis Arce de postergar el empadronamiento del 16 de noviembre de 2022 para mayo a junio de 2024, según establece el Decreto Supremo 4760.

Rector Vicente Cuéllar fue sancionado por plagio en 2014; analistas cuestionan su capacidad técnica

Surgen serios cuestionamientos al rector de la UAGRM. Aparte de tildar de “inexpertos” a UNFPA y CELADE, organismos internacionales especializados en censos, en las últimas horas se conoció que el docente universitario fue encontrado culpable de plagio de su tesis en 2014. Economistas señalan estos hechos como indicios de la baja cualificación académica y profesional de Vicente Cuéllar. En septiembre pasado, se conoció que la propuesta técnica presentada por Cuéllar sobre el Censo, tenía tan sólo 2 páginas de extensión.

Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM, fue sancionado por plagio de su tesis de maestría en 2014.

En 2014, mediante resolución del Tribunal Superior y de Apelaciones de la UAGRM, respaldada por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), se determinó el retiro de Vicente Cuellar de la casa de estudios superiores por haber plagiado una tesis de maestría.

El economista y analista económico Juan José Bedregal consideró estos hechos como “indicios de baja cualificación académica” en el rector de la universidad pública cruceña. “En definitiva, es inaudito que un docente que fue sancionado por plagio de su tesis de maestría, sea electo rector unos años después, esto representa un pésimo ejemplo para los estudiantes; en el ámbito académico, una sanción por plagio equivale a la muerte civil del profesional”, sentenció.

A esto se suma el “documento técnico” presentado por la UAGRM cómo fundamento para la pretensión de adelantar el censo para 2023. El documento contenía sólo 2 páginas originales sin ningún sustento técnico, acompañando en sus adjuntos fotocopias de la propuesta del INE, correspondencia institucional de la universidad y una carátula.

“El rector de una universidad debería ser el referente académico de la misma. Sin embargo, con su sanción por plagio, Vicente Cuéllar muestra que carece de la capacidad técnica para objetar el cronograma del Censo de Población y Vivienda. El mismo que desconoce a los principales organismos internacionales en materia censal cómo UNFPA y CELADE, presenta un documento de 2 páginas para tratar de rebatir un proceso que demanda mucho esfuerzo y planificación: el censo es el esfuerzo logístico y técnico más grande que puede emprender una nación en tiempos de paz, y eso no lo puede manejar cualquiera”, señaló el analista económico Juan José Bedregal.

En septiembre, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que la propuesta de la UAGRM estaba incompleta y ante ello se convocó a una nueva reunión técnica el 11 de octubre, a la cual asistieron los especialistas internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Sin embargo, el gobernador Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar no sé presentaron a la cita.

Rector de la UAGRM ignora que UNFPA y CELADE son organismos internacionales especializados en censos

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuellar, desconoce que el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) son las instituciones rectoras de los censos a nivel mundial y latinoamericano, respectivamente. En una entrevista, calificó de inexpertos a especialistas de ambas entidades, ignorando el rol que cumplen en distintos países de la región y del mundo.

“No tienen experiencia en censos estos representantes de los organismos internacionales”, aseveró el rector en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón. En días pasados, ambos organismos internacionales declararon que no es recomendable acortar los plazos para la realización de una actividad como el Censo de Población y Vivienda.

En la mesa técnica, los expertos dejaron en claro que no era posible realizar el censo en 2023 debido a razones técnicas y de tiempo.

Recomendaron “no tomar atajos” en la realización de la encuesta nacional e incluso advirtieron que el calendario fijado para junio de 2024 “tiene recortes de tiempo que son importantes de observar”.

El especialista del Unfpa, Daniel Allende Lizama, recordó que junto al Celade, sugirieron a Bolivia postergar el censo de 2022 para octubre de 2024, para garantizar un proceso de “alta calidad”.

Camacho y Cuéllar no acudieron a la mesa del diálogo convocado por el Gobierno el 11 de octubre en Santa Cruz, donde participaron expertos internacionales en materia de censos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

Censo técnico y transparente

Por: Verónica Huarina, economista

En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.

La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.

A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.

Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.

Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.

Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.

Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.

Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.

Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.

Analista considera que los paros cívicos “abusan del esfuerzo de la gente”

Los anuncios de paro cívico resuenan en torno a la fecha del Censo de Población y Vivienda, y la respuesta desde el ámbito académico no se hace esperar. El analista económico Juan José Bedregal considera que los ruidos políticos como amenazas de paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz, no frenarán la reactivación de la economía. “Los paros cívicos abusan del esfuerzo de la gente que quiere trabajar y recuperar el dinero perdido durante la pandemia”, sentenció.

Consultado por el programa “Primer Plano” de Bolivia TV, el especialista mencionó que “todos los paros que ha convocado el Comité cívico cruceño se han cumplido a media máquina; también podemos esperar que, a medida que se va abusando de esta medida de presión, también se abusa del esfuerzo de la gente”, en referencia a las pérdidas diarias por aproximadamente $us30 millones que se registran por cada día de paro en la ciudad de Santa Cruz.

La población cruceña se enfrenta a la disyuntiva entre trabajar y obedecer los dictámenes de la casta cívica.

Adicionalmente, manifestó que “los pequeños empresarios, comerciantes, gremiales y transportistas no van a estar dispuestos a soportar más pérdidas, ya que la gente quiere trabajar y recuperar esa platita que se ha desahorrado durante la pandemia”.

El anuncio del llamado “Cabildo por el Censo”, de realizar un paro indefinido en Santa Cruz si el gobierno nacional no cambia la fecha del Censo de Población y Vivienda para 2023 ha despertado críticas en gran parte de la sociedad boliviana, fundamentalmente de los sectores productivos de la urbe cruceña. Ya en días previos a la convocatoria al cabildo, las asociaciones gremiales se pronunciaron en contra del llamado a paro de 72 horas que promovía el gobernador Fernando Camacho.

Horas después, el grupo de ciudadanos que asistió al cabildo desautorizó la propuesta de Camacho, aprobando un plazo hasta el 22 de octubre para que el gobierno nacional publique en la Gaceta Oficial que el censo se desarrollaría en 2023, a pesar de no haber fundamentado técnicamente esta fecha en el documento que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) presentó ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mismo que tan sólo contaba con 2 páginas de propuesta, engrosadas con correspondencia institucional de la universidad y fotocopias de la presentación del INE en la socialización del censo.

Municipios de Bolivia cuestionan resoluciones del “Cabildo por el Censo”

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), ente que aglutina a los gobiernos municipales de todo el país, advirtió al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que el cabildo de este viernes en Santa Cruz sufre de serios vicios de nulidad e ilegalidad, cómo el haber sido convocado por actores políticos, haber tenido un carácter obligatorio y alejado de la deliberación, señalando que la actividad estuvo caracterizada por la politización y manipulación.

En un comunicado, el máximo ente asociativo municipal del país señala que “la convocatoria a cabildo debe ser realizada por ciudadanas y ciudadanos, no por autoridades políticas. Sin embargo, a través de medios de comunicación y redes sociales verificadas, actores políticos han convocado a asistir al cabildo haciendo de este un movimiento político”, advirtió la institucionalidad edil en un comunicado.

La convocatoria al cabildo de este viernes emergió de una reunión del autodenominado Comité Interinstitucional del Censo, conformado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar. Estos tres actores políticos presentaron la semana pasada un documento técnico que supuestamente fundamentaba la realización del Censo en 2023, pero después se reveló que el documento no tenía bares técnicas, y que contaba con sólo 2 páginas.

FAM-Bolivia informó que no hubo ningún nivel de deliberación en el mal llamado cabildo, porque el tema del censo y siete puntos más “responden a decisiones políticas, previamente, acordadas de manera engañosa”.

“El cabildo tendrá carácter obligatorio, estas afirmaciones con motivaciones políticas tienen el propósito premeditadamente de mal informar a la población y manipular para sus beneficios”, afirmó la institucionalidad edil.

Camacho estuvo convocando en entrevistas e incluso incitó a través de un video a participar del cabildo. “Advertimos la politización y manipulación de un mecanismo democrático como es el cabildo”, alertó el máximo ente asociativo municipal.

El cabildo de las mentiras contra el censo

Por: Juan José Bedregal, analista económico

En los últimos años, los bolivianos hemos sido testigos de una serie de movilizaciones alentadas por matrices de desinformación. Sin ir muy lejos, el 2021 inició con marchas de colectivos antivacunas, y hoy se concreta un cabildo en Santa Cruz alentado por una campaña mediática y política llena de falsedades en torno al Censo de Población y Vivienda. Se han tejido mitos en torno a la distribución de recursos, un supuesto plazo constitucional de 10 años que no consta en ninguna normativa, e incluso se tergiversaron las atribuciones del INE.

Los promotores del Cabildo hacen creer a sus seguidores que el Censo redistribuirá recursos a los gobiernos subnacionales en función a la población. Lo cierto es, que la distribución poblacional se aplica tan sólo a una de estas fuentes, que es la coparticipación tributaria de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. Por si fuera poco, según datos oficiales, la coparticipación tributaria representa menos del 8% de los ingresos de los gobiernos autónomos departamentales. Las demás fuentes, como el IDH, Regalías Hidrocarburíferas, Transferencias del nivel central del Estado y Recursos Propios, no dependen de los datos del Censo.

Otro de los mitos en torno al Censo es que éste debería realizar legalmente cada 10 años; algunos usuarios de redes sociales e incluso el gobernador Fernando Camacho sostienen esta quimera. Lo cierto es, que no existe ninguna normativa que establezca un plazo de 10 años para la realización de los censos en el bloque de constitucionalidad vigente. Este plazo no está consignado en ningún apartado de la carta magna, ni en ninguna ley o decreto supremo vigente.

La politización de la temática del censo ha llegado al extremo de hacer creer a ciertos sectores de la población que el Instituto Nacional de Estadística tiene como “única función” realizar el Censo. Estas versiones desconocen la Ley N°1405 otorga al INE otras 12 atribuciones además de los Censos oficiales. El INE, en su calidad de ente rector de la estadística oficial a nivel nacional, cumple muchas funciones más allá del censo.

Como remate de este cóctel de desinformación, está la autodenominada “Comisión Interinstitucional del Censo” conformada por la Gobernación de Santa Cruz, cívicos cruceños y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Esta comisión presentó con bombos y platillos un documento que (según ellos) argumentaba técnicamente la idea de realizar el Censo en 2023. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que la propuesta técnica contenía tan sólo dos páginas con dos tablas y menos de 100 caracteres escritos, sin ninguna fundamentación técnica. Por si fuera poco, el legajo de 128 páginas contenía correspondencia institucional de la Universidad y fotocopias de la propia presentación del INE en la socialización del censo para inflar su contenido.

La “propuesta del censo 2023” de la UAGRM, con solo 2 páginas.

Un documento tan escasamente sustentado demuestra que el censo es una tarea más técnica que política, en donde deben trabajar estadísticos, economistas, informáticos, cartógrafos, etc., pero no políticos. Un cabildo no tiene tuición alguna sobre una actividad netamente técnica: basta con verificar cuántos especialistas en estadística participarán en el rol de oradores; puedo pronosticar que ninguno.

Un cabildo no es una instancia técnica para definir la fecha del censo. Es solamente una reunión de personas afines a una posición política, que no tienen la mínima intención de escuchar a profesionales del área, y que estarán presentes para reforzar la agenda y las resoluciones preparadas por aquellos que instalaron el discurso de desinformación en torno al censo. Un enorme y costoso mecanismo para mirarse el ombligo entre convencidos sin escuchar criterios técnicos. Nada más lejano a la “democracia participativa” que busca otorgar legitimidad e incluso efectividad legal al evento.

En conclusión, el llamado “cabildo por el censo” es la culminación de una sumatoria de mentiras promovidas por la casta cívica cruceña y sus medios de comunicación. Sin embargo, cuando los políticos que crearon ese discurso se proponen elaborar un documento técnico, no logran completar la tarea. Simple y llanamente, porque el gobernador, los cívicos y el rector de la universidad cruceña no tienen interés en el aspecto técnico del Censo; su tarea es hacer política, y eso están haciendo.

Analistas ven falta de seriedad en propuesta de la UAGRM sobre el censo

Tras conocerse la reducida extensión y falta de sustento técnico de la propuesta del censo 2023, elaborada por el Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y los cívicos cruceños, surgen cuestionamientos hacia la seriedad de la misma. Analistas consideran que el documento confirma su intención política y que es necesario que los políticos dejen de intentar manipular un calendario que debe ser definido por criterios netamente técnicos.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno UAGRM, durante la presentación de la “propuesta” para realizar el Censo en 2023.

En conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, presentó el documento del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, mismo que carece de sustento técnico y, al contrario, tiene un «tinte político», destacando que la universidad cruceña planteaba como un lapso tentativo del empadronamiento junio de 2023, pero no supo justificar técnicamente su propuesta.

Al respecto, el analista económico Juan José Bedregal considera que la propuesta de tan sólo 2 páginas revela falta de seriedad en la propuesta de realizar el censo en 2023. “De 128 páginas, sólo 2 contienen la propuesta, que además está insuficientemente respaldada; esto revela que se elaboró un documento sin conocimiento técnico, buscando únicamente justificar posiciones políticas. De esta forma sólo se justifica la necesidad de que cada etapa del censo se tome su tiempo y que el cronograma de extienda como está previsto, hasta 2024”.

“La propuesta de la UAGRM y los cívicos cruceños muestra lo que ocurre cuando los políticos se hacen cargo de actividades estrictamente técnicas; cuando la Comisión Interinstitucional presentó su documento, anunció que tenía una propuesta técnica, pero hoy vemos que lo técnico fue lo último en la elaboración de ese documento. Una actividad tan importante como el Censo no puede sujetarse al antojo de políticos que se disfrazan de técnicos”, sentenció el analista.

El documento presentado por algunas instituciones cruceñas tiene un total de 127 páginas, de las cuales sólo 2 corresponden a la “Propuesta para el Censo en 2023”:

  • Antecedentes: alrededor de 28 páginas, que básicamente cuentan la historia de cómo se habría conformado la autodenominada “Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo”.
  • Comentarios a la propuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE): 18 páginas;
  • Propuesta de la UAGRM para un Censo en 2023: solamente 2 páginas;
  • Actas de reuniones: 3 páginas;
  • Fotocopias de la presentación del INE: 34 páginas;
  • Notas enviadas a diferentes entidades: 25 páginas;
  • Notas de respuesta a las anteriores: 17 paginas.

Por su parte, el economista Miguel Ángel Clares considera que la gobernación y la universidad pública cruceña “sólo pretenden politizar el tema del censo. Lastimosamente todas estas acciones tienen un costo para el país, y son sólo grupos minoritarios que buscan generar conflictos por intereses personales”.

“A la gobernación y universidad pública de Santa Cruz no les interesa el bienestar de su departamento y el del país. Todos los argumentos y propuestas que realizan carecen de elementos técnicos, académicos, profesionales y hasta éticos”, concluyó el economista.

La propuesta del Censo para 2023 constaba de sólo 2 páginas y no acompañó ningún sustento técnico.

“Es una pena que quieran hacer otra vez medidas de presión con un documento incompleto y sin sustento técnico, eso es irresponsable”, afirmó el Ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa.

El Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz no ha expresado posición alguna sobre la posición de Planificación y el INE. Y el Comité pro Santa Cruz ratificó la realización del cabildo del viernes, que definirá protestas contra la postergación del Censo.

A través del Decreto Supremo 4760, el Gobierno postergó el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024, medida que generó protestas solo en Santa Cruz.

Vergonzoso: propuesta de la UAGRM para el censo tiene solo 2 páginas sin sustento técnico

La propuesta de empadronamiento para junio de 2023 presentada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se derrumba como un castillo de naipes: la fecha tentativa no cuenta con ningún respaldo técnico y consta de apenas 2 hojas. El cronograma presentado apresura las actividades pre censales y prioriza tareas políticas antes que las actividades técnicas. El documento completo incluye correspondencia institucional de la universidad, y la propia propuesta del INE, incluidas las diapositivas de la socialización del Censo presentadas por el mismo INE.

La propuesta de censo en 2023 fue presentada por la UAGRM y abanderada por la llamada “Comisión Interinstitucional del Censode Santa Cruz

El documento presentado por algunas instituciones cruceñas tiene un total de 127 páginas, de las cuales sólo 2 corresponden a la “Propuesta para el Censo en 2023”:

  • Antecedentes: alrededor de 28 páginas, que básicamente cuentan la historia de cómo se habría conformado la autodenominada “Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo”.
  • Comentarios a la propuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE): 18 páginas;
  • Propuesta de la UAGRM para un Censo en 2023: solamente 2 páginas;
  • Actas de reuniones: 3 páginas;
  • Fotocopias de la presentación del INE: 34 páginas;
  • Notas enviadas a diferentes entidades: 25 páginas;
  • Notas de respuesta a las anteriores: 17 paginas.

En conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó que el documento del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz carece de sustento técnico y, al contrario, tiene un «tinte político». La coordinadora del Censo, Martha Oviedo, explicó que la propuesta recorta tiempos a actividades cruciales del censo sin justificación técnica alguna.

El primer punto tiene que ver con la actualización cartográfica, que es el trabajo base para la organización y realización del censo. Este trabajo tomará al INE al menos 15 meses, mientras la universidad cruceña plantea solo nueve meses.

El segundo punto es la segmentación, es decir, definir áreas de trabajo para llegar a todo el territorio, y la aplicación de al menos 320.000 consultas, lo cual demandará al menos 15 meses de trabajo, la UAGRM propone nueve meses.

El tercer punto es el cuestionario censal, que es el documento que permite obtener la información en todas las áreas programadas. Este punto viene acompañado de lo que se llaman pruebas cognitivas y pruebas piloto. Después se hace el respectivo análisis de estas pruebas, lo que también demanda un trabajo cuidadoso.

El cuarto punto tiene que ver con el censo experimental, una etapa clave en la organización de la gran encuesta, pues es la parte que pondrá a prueba toda la organización y la capacitación de los censadores.

El quinto punto se refiere a la captura de datos, el escaneo y la socialización del trabajo en terreno, aquí también la idea es llegar a todos los rincones del país.

Sobre la etapa poscensal, la coordinadora del censo, Martha Oviedo dijo que en siete meses se podría entregar los datos finales, pero la universidad cree que esta labor se puede hacer en dos meses. “Ni una encuesta se trabaja en dos meses”, afirmó.

Finalmente, dijo que la universidad de Santa Cruz propone que todo el trabajo del Censo se puede hacer entre 12 y 14 meses, pero no explican cómo hacer la labor en este tiempo