Bolivia

Jerges Mercado, de Santa Cruz, es electo presidente de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados reinstaló la Sesión Preparatoria aproximadamente a las 19:00 horas con quórum reglamentario y la presencia de más de 80 diputados pertenecientes a las tres fuerzas políticas. En la sesión fue electa la plancha única de consenso encabezada por el representante del departamento de Santa Cruz, Jerges Mercado Suárez, quien ejercerá como Presidente de la Cámara de Diputados para el período 2022-2023.

Acompañan a Jerges Mercado los siguientes legisladores:

Presidente, Dip. Jerges Mercado Suarez (MAS IPSP, Santa Cruz)
Primer Vicepresidente, Dip. Hernán Isaias Duran Lazo (MAS IPSP, La Paz)
Segundo Vicepresidente, Dip. Ingvar Ellefsen Dotzauer (CC, La Paz)
Primera Secretaría, Dip. Maria José Rodriguez Galvez (MAS IPSP, Pando)
Segunda Secretaría, Dip. Jorge Yucra Zarate (MAS IPSP, Chuquisaca)
Tercera Secretaría, Dip. José Maldonado Gemio (CC, Cochabamba)
Cuarta Secretaría, Dip, Sergio Maniguary Moura (CREEMOS, Pando)

En segundo lugar quedó la plancha encabezada por Freddy López, representante de La Paz por el MAS IPSP, quien apoyado por el ex jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, intentaron postergar la sesión para el lunes 7 de noviembre. Estos legisladores llegaron a forzar la salida del Presidente saliente, Freddy Mamani, pero ante su ausencia la sesión continuó cómo la dirección de la primera vicepresidenta, Miriam Martinez. Al respecto, el Dip. Omar Yujra declaró que “la nueva directiva de la cámara baja fue posesionada según las formalidades que establece el Reglamento General de la Cámara de Diputados”.

Cuellar se desmarca de Camacho y Calvo: ahora pide “diálogo sin condiciones”

Se consolida el quiebre definitivo en el Comité Interinstitucional del Censo. Ayer el vocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz, monseñor René Leigue, responsabilizó a “dos personas por el sufrimiento de millones”, en clara referencia al gobernador Camacho y al líder cívico Calvo. Hoy, tras reunirse con el arzobispo, el rector Vicente Cuéllar pide “diálogo sin condiciones” al gobierno nacional. Esto sucede a pocas horas de la amenaza de “muerte civil” que hiciera el gobernador Fernando Camacho.

“Sentémonos en una mesa de diálogo sin ningún tipo de condicionamientos. Es necesario pacificar el país y evitar confrontación. El pueblo está amenazado”, señaló Cuéllar.

El rector asegura que hay un grave riesgo de que la situación de la violencia siga escalando. Por ello plantea hablar directamente con el presidente Luis Arce para que se pueda encontrar una salida antes que sea demasiado tarde.

Hasta ayer, Romulo Calvo aseguraba que no iban a ceder y que el Censo se debía realizar si o sí en 2023. Sin embargo, el cívico hoy bajó de tono y pidió «sentarse como personas adultas», más temprano dijo, «no queremos conflictos», a tiempo de pedir diálogo.

“Queremos (presidente) que usted se siente y podamos conversar como personas adultas, como personas que estamos pensando en una Bolivia incluyente, que no haya muerte, y podamos sacar el beneficio para todos los bolivianos”, afirmó.

El único que no se ha pronunciado hasta ahora, por parte del Comité Interinstitucional, es Fernando Camacho, que en su última intervención pública dijo que «habrá muerte civil para quien se venda», refiriéndose a quien ceda mediante el diálogo.

Consenso nacional: Encuentro Plurinacional por el Censo reúne al Presidente del Estado y 321 entidades autónomas

Éxito rotundo del Encuentro Plurinacional por el Censo en Cochabamba. Participan 8 gobernadores, 10 alcaldes de ciudades capitales y El Alto, 292 alcaldes de municipios rurales y los 11 rectores de todas las universidades públicas. El Presidente Luis Arce inauguró el evento y destacó la presencia de autoridades de todos los niveles autonómicos y de todo el sistema universitario nacional.

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no asistió a la cita. Sin embargo, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), llegó hasta la capital cochabambina en representación de los cívicos cruceños. Esa representación no negociará la fecha del Censo de Población y Vivienda, y que sólo pretende exponer las determinaciones del cabildo del pasado 30 de septiembre, donde solo participaron 229 mil personas, menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz .

En esa misma línea, y “siempre abierto a dialogar”, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, planteará que el empadronamiento se realice en diciembre de 2023. Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, llegó con la propuesta de realizar el Censo el primer trimestre de 2024.

“Tenemos el sustento técnico para demostrar que se puede hacer en esa fecha, pero es necesario el debate”, dijo al ingresar al evento.
Mientras, en Santa Cruz se cumple séptimo día de un paro impulsado por el Comité Interinstitucional.

Pérdidas por el paro cívico totalizan $us200 millones al 27 de octubre

Al iniciar el sexto día de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz, se cuantifica que las pérdidas ya superan los $us200 millones, equivalentes a 6 meses de exportaciones agropecuarias. El analista económico Juan José Bedregal considera que “las pérdidas por el paro se distribuyen de manera desigual, afectando más duramente al bolsillo de los más necesitados”.

Según estimaciones oficiales, Santa Cruz pierde $us37 millones por cada día de paro cívico. Al sexto día de esta medida, las pérdidas alcanzan a más de $us222 millones. Según el economista Juan José Bedregal, esta cifra equivale a más de la mitad de las exportaciones del sector agropecuario durante todo el año 2021, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzaron a $us428 millones. “El paro cívico ya se comió 6 meses de exportaciones de productos agropecuarios”, sentenció el profesional.

Durante los últimos días, se conoció que, a pesar del radicalismo con que los grupos afines al Comité cívico cruceño aplican el paro en diversos sectores de la urbe, las empresas privadas que financian al Comité tienen “permisos de circulación”: ese es el caso de la Avícola Sofía y la Cervecería Boliviana Nacional. Más aún, las empresas privadas vinculadas al agronegocio continúan transportando sus productos con normalidad hacia la frontera.

Sobre este punto, Bedregal considera que los más afectados con el paro son las familias más necesitadas. “El departamento de Santa Cruz tiene el índice de desigualdad más elevado del país; eso implica que, al igual que los ingresos, las pérdidas se distribuyen de manera más desigual que en otras regiones del país. Las pérdidas del paro cívico son asumidas con mayor fuerza en los hogares más necesitados”, señaló.

Los reportes de prensa constatan que las grandes empresas agroexportadoras no paran, y los bancos y supermercados tampoco paran. Es más, en los llamados “días de abastecimiento” se han denunciado casos de agio, ocultamiento y especulación, y en los puntos de bloqueo se cobra por el paso a transportistas, mototaxis y familias. “Esto configura una situación mucho más difícil para los más pobres. Las familias de los cívicos, comparseros y logieros pueden pasarse el día en casa y salir a jugar poker en la calle, posar para las fotos en El Deber, pero ese panorama no refleja la vivencia de las grandes mayorías perjudicadas por unos pocos”, finalizó el analista.

Cuéllar y Camacho se alejan de Calvo: “deberíamos asistir a la reunión de Cochabamba”

Se observan signos de ruptura al interior del comité interinstitucional en el quinto día de paro cívico. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, admitió su predisposición de asistir al Encuentro Plurinacional por el Censo, convocado para este viernes en Cochabamba. “Si a mí me piden una opinión personal, yo digo que deberíamos asistir”, aseguró a RTP a tiempo de confirmar que el gobernador Luis Fernando Camacho también tiene la intención de asistir.

Ante el cierre de las oficinas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la invitación al Encuentro Plurinacional por el Censo, cursada por el Viceministro de Autonomias, Álvaro Ruiz, fue pegada en la entrada y notificada a manera de cedulón.

La respuesta del Comité Interinstitucional no se hizo esperar: Fernando Camacho y Rómulo Calvo pretendían adelantar el encuentro para este miércoles en Santa Cruz. Ante la falta de credibilidad de la solicitud y las evasivas de la Iglesia Católica para ser mediadora como lo pedían los cívicos, se anticipa que Camacho y Cuéllar asistirán a la reunión en Cochabamba, dejando a Calvo en Santa Cruz, debido a que no fue invitado y se encuentra bajo arresto domiciliario.

El martes, el presidente Luis Arce, mediante su cuenta de Twitter, convocó a diferentes sectores a participar en el “Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso”.

Citó a gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas, profesionales y representantes de organizaciones sociales, entre otros, para definir la fecha del censo.

En Santa Cruz se cumple el quinto día de paro indefinido en demanda de la anulación del Decreto Supremo 4760, que establece el Censo para 2024, y adelantar el empadronamiento a 2023.

Cuéllar adelantó que en el encuentro del viernes se enfatizará la propuesta para que el censo se realice en 2023, puesto que es una decisión emanada del cabildo del 30 de septiembre, al cual sólo asistieron 229 mil personas, equivalente a menos del 7% de la población del departamento de Santa Cruz.

Lula sobre relaciones internacionales: “vamos a hablar con Bolivia con el mismo tono que hablamos con Estados Unidos”

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para ganar el balotaje del 30 de octubre, afirmó este lunes que, en su Gobierno Brasil volverá a tener una política externa “activa y altiva”. Algo que incluye utilizar “el mismo tono” con Bolivia que con Estados Unidos.

En un acto por la “Defensa de la Democracia y Brasil” con intelectuales en la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Sao Paulo, el exlíder sindical dijo que Jair Bolsonaro fue aislado por otros países que no quieren que el mandatario los visite y que tampoco sus gobernantes van a Brasil.

”Este país va a tener que hablar con Bolivia con el mismo tono que habla con Estados Unidos. No podemos hablar grueso con Bolivia y delgado con Estados Unidos, con miedo, tenemos que hablar igual con los dos”, aseveró Lula.

Lula también se comprometió a retomar la cooperación con los países de África, como lo hizo en sus dos anteriores mandatos (2003-2010). ”Vamos a volver al continente africano, porque Brasil tiene que comprender que tenemos una deuda de 350 años de esclavitud que no vamos a pagar con dinero. Vamos a pagarlo con solidaridad y transferencia de tecnología”, manifestó Lula.

Para Lula, “Brasil no acepta ser víctima de la ‘guerra fría’ entre China y Estados Unidos”.

”Queremos el respeto de China y queremos también el respeto de Estados Unidos. Y así vamos a hacer política con América Latina y la Unión Europea”, agregó Lula.

Lula da Silva ganó la primera vuelta con un 48,4 % de los votos frente al 43,2 % de Bolsonaro, más de 6 millones de votos por encima del actual presidente de extrema derecha.

Red Boliviana de Economía Política denuncia “carácter conspirativo” del paro cívico

El Gobierno departamental de Santa Cruz, “cívicos” y las logias de poder cruceñas iniciaron un paro indefinido exigiendo como pretexto que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda se adelante para el 2023. Sin embargo, la intención real del paro decidido por las logias de poder, y los grupos oligárquicos y fascistoides es frenar nuestro Proceso de Cambio socavando la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

La demanda de anticipar la fecha del Censo para garantizar mayor participación política en las próximas elecciones (2025) y asegurar más ingresos que supuestamente les correspondería por el incremento poblacional en Santa Cruz, es totalmente falsa ya que existen varios hechos que contradicen este supuesto interés en el bienestar regional.

  • En 1er lugar, el paro no respeta el proceso de coordinación nacional para consensuar la fecha del Censo y se lanza cuando la fecha censal ha sido consensuada con las autoridades de los otros 8 Departamentos e incluso con las propias autoridades municipales del Dpto. de Santa Cruz.
  • En 2do lugar, es falso que esta oligarquía se preocupe por los ingresos y el presupuesto del Departamento; es decir, por su genuino desarrollo económico y social. Prueba de ello, es que la ejecución presupuestaria de inversión pública de agosto 2022 de la Gobernación de Santa Cruz a la fecha, llega apenas al 17% siendo la más baja no sólo entre todos los departamentos del país sino en relación a todas las instituciones del aparato estatal.
  • En 3er lugar, la oligarquía no se preocupa por los verdaderos intereses económicos y sociales de Santa Cruz, ya que en los gobiernos neoliberales anteriores cuya gestión estaba dirigida por las mismas logias y la oligarquía, Santa Cruz contaba con un presupuesto insuficiente, mientras que en el gobierno del MAS sus recursos aumentaron en seis veces.
  • En 4to lugar, los “cívicos” indican que el paro es una expresión “democrática popular” de su cabildo que, supuestamente, alcanzó a 1 millón y ½ de personas cuando en realidad no pasaron de 230.000 (SIFDE), pero más allá de la cantidad sólo fue una concentración donde monopolizaron la palabra los líderes oligarcas cuando los canales políticos de representación y deliberación al interior del Estado, no se pueden sustituir y que en este momento están en permanente coordinación a nivel nacional para definir el rumbo del Censo.
  • En 5to lugar, la oligarquía descalifica y discrimina la posición del pueblo cruceño ya que el pasado viernes también se efectúo otro cabildo en Santa Cruz con amplia representación y presencia genuinamente popular de los gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores, campesinos, indígena-originarios, estudiantes, organizaciones de mujeres y del pueblo en general con participación aún mayor a la del “cabildo” de la derecha, rechazando unánimente el “paro de la oligarquía” que afecta seriamente a la economía de las personas que tienen que trabajar y obtener sus ingresos día a día. Sin embargo, la oligarquía racista se niega a reconocer a cualquier otra expresión política diferente a la suya, discriminando al pueblo cruceño.
  • En 6to lugar, la propuesta “técnica” con la cual se lanzó el paro consistía en sólo dos páginas elaboradas por el rector de la UGRM con información insuficiente, con total falta de seriedad; lo que significa que, antes del paro, los “cívicos” cruceños no tenían un fundamento serio. El viernes 21, el gobierno planteó una propuesta técnica basada en abrogar el actual D.S. sobre el Censo y adelantar la fecha de su realización o dejarla abierta para que sea decidida por una comisión técnica, entregando resultados en octubre de 2024 con lo cual se garantizaría la nueva configuración del mapa electoral para las elecciones del 2025 y la reformulación presupuestaria correspondiente, con lo cual el cien por ciento de las demandas de los “cívicos” estarían atendidas, pero la propuesta fue rechazada en la mesa de diálogo del 22 con el abandono infantil del gobernador Camacho.
  • En 7mo lugar, se evidencia que la razón de la oligarquía frente al pueblo es como siempre de brutal violencia fascista con grupos paramilitares de choque, que acallan a golpes a los que necesitan movilizarse y trabajar. Esta es la actitud de la derecha que envía grupos violentos a los barrios populares como el Plan 3.000, la Villa 1° de Mayo, otros barrios y algunas ciudades intermedias como Puerto Quijarro donde asesinaron violentamente a Pablo Taborga, un trabajador que se opuso al paro cívico.

Por lo explicado, denunciamos el carácter conspirativo del paro de la oligarquía y las logias que tienen la intención de desestabilizar al Gobierno de las clases populares, que viene haciendo esfuerzo por la rápida recuperación económica manteniendo la estabilidad, ampliando la inversión pública, superando la pandemia, regularizando la educación, mejorando las condiciones socio-económicas de las mayorías poblacionales.

En el fondo, la oligarquía boliviana se empeña en retornar al modelo neoliberal, no propone un modelo de desarrollo económico propio a pesar de ser un sector vinculado al empresariado, esto expresa su naturaleza entreguista a los Estados Unidos. Por otra parte, su marcado racismo también es expresión de su renuncia a la posibilidad de valoración del pueblo, de su trabajo y su esfuerzo. En síntesis, es una casta señorial sin proyecto económico propio, entreguista y racista, con lo que cierra toda posibilidad de construcción de país. De aquí se desprende que esta oligarquía no tiene viabilidad histórica ni económica, es un resabio ineficiente e improductivo que existe para entregar el poder a su amo del norte. Por eso, se debe fortalecer el proyecto y sujeto histórico plurinacional, popular, obrero, campesino y comunitario.

Denunciamos también el carácter discriminador y racista de la oligarquía y la derecha de siempre, que trata de negar la posición de las grandes masas de trabajadores del campo y de la ciudad que se oponen a su paro, actualmente reprimida por los grupos paramilitares violentos. Saludamos y apoyamos la organización de los trabajadores, campesinos, vecinos que hacen escuchar su voz, se organizan y actúan al margen de la oligarquía disputando la verdadera representación política de Santa Cruz, luchando y perfilando un proyecto propio articulado al proyecto histórico nacional-popular, obrero, indígena y comunitario.

¡Abajo el paro de la oligarquía conspiradora! ¡No a la violencia fascista! ¡Viva la lucha del pueblo cruceño! ¡Viva el gobierno popular de los obreros, campesinos e indígenas!

Mineros cooperativistas tributan menos del 1% de sus ingresos por exportaciones

Los cooperativistas auríferos exportaron Bs13.720 millones entre enero y septiembre de 2022. En contraparte, el sector apenas aportó la cifra irrisoria de Bs750.000 por concepto de regalías municipales y departamentales. Esta cifra no alcanza ni al 1% del valor de las exportaciones de oro.

El centro paceño se encuentra congestionado por segundo día consecutivo debido a las protestas de cooperativistas mineros que exigen entre sus demandas, un esquema diferenciado de tributación para la minería aurífera.

Frente a un evidente desequilibrio entre millonarias exportaciones e ínfimas regalías aportadas al país, la población muestra un claro descontento en las redes sociales. Las principales objeciones apuntan a por qué un sector minero que percibe ingresos millonarios se rehúsa a tributar como todas las personas de a pie.

Actualmente, el sector minero cooperativista no tributa más que unas regalías paupérrimas. La recaudación por una mayor tributación por la explotación de oro podría ser redistribuida a gobernaciones, municipios y universidades públicas.

Después del abandono de la mesa de dialogo por parte de FECOMAN Y FERRECO, se espera que la dirigencia minera reflexione y presente argumentos técnicos para allanar una salida a este conflicto.

Bolivia crece en 4,1% a junio de 2022 y ya superó las previsiones de organismos internacionales

Bolivia registró una tasa de crecimiento de 4,13% en el segundo trimestre de 2022, superior al dato del primer trimestre de 3,97%, ratificando el retorno de la economía boliviana a la senda del crecimiento y estabilidad económica. Con esta cifra, el país ya superó las previsiones de crecimiento económico pronosticadas por la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

«La demanda interna continúa siendo uno de los pilares fundamentales de este proceso de crecimiento económico, el aporte a este 4,13% es de 2.30% de la demanda interna y de 1,83% de la demanda externa», informó el ministro Cusicanqui durante una conferencia de prensa.

Por tipo de gasto, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 16,62% y la inversión, tanto pública como privada, logró un aumento de 7,75%. Las importaciones llegaron a un 7,11%, el gasto por hogar a 4,15% y el gasto publicó representó 4,11%.

“Los sectores más dinámicos que han apuntalado este crecimiento económico del 4,13% en el primer semestre tenemos, en el primer lugar, al transporte y almacenamiento con 10,45%. En este sector resalta principalmente el crecimiento del transporte aéreo con un 36,42% para este periodo, lo que demuestra el proceso de recuperación de este sector en el flujo de pasajeros”, sostuvo Cusicanqui.

La autoridad destacó el crecimiento del sector de restaurantes y hoteles que logró 12,95%, lo que refleja -dijo- el dinamismo de la economía boliviana.

En tercer lugar, el crecimiento del sector electricidad, gas y aguas llegó a más del 7%, lo que refleja buena productividad de la actividad industrial.

El cuarto sector en importancia, según los datos divulgados por el Ministro, es el de la construcción que creció en un 6,07%; la venta de cemento representó un aumento de 8,6% y las barras de hierro, 4,7%.

“Todos estos datos demuestran ese dinamismo de la economía boliviana que viene reconstruyéndose paulatinamente desde noviembre de 2020 y estamos encaminados en esa recuperación de la senda del crecimiento económico y en este proceso de reconstrucción de la economía boliviana, principalmente, para devolver a las familias bolivianas la certidumbre y la tranquilidad en términos económicos”, sostuvo Cusicanqui.

La autoridad apuntó que con el dato del PIB no se llega al parámetro del segundo aguinaldo, pero destacó que el crecimiento del 4,13% ratifica la recuperación de la economía boliviana desde finales de 2020.

Nada afecta a los fondos de pensiones

Por: Osmara Morales Paredes, auditora y especialista en fondos de pensiones

Se están virtiendo diferentes puntos de vista, declaraciones, publicaciones y opiniones relacionadas con la Gestora Pública, la administración de los Fondos de Pensiones, los aportes y su administración, entre otros. Sin embargo, una lectura extensa de la normativa vigente y la Constitución Política del Estado permite aclarar varias de esas interrogantes.

Para poder entender este tema es importante rememorar un hito importante en la historia de Bolivia, cuando en 2009 fuimos a las urnas y emitimos nuestro voto sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), norma suprema aprobada con más del 61% de la población, en la que se establece que la seguridad social no puede ser privatizada.

Otro importante evento a tomar en cuenta es la emisión de la Ley Nro. 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, normativa que llegó a resolver los problemas generados por la anterior ley: exigentes requisitos de acceso, restricciones para la incorporación al sistema previsional, pensiones muy bajas, implementación de políticas individualistas, entre otras situaciones que ocurrieron bajo administración de las AFPs.

Es importante mencionar las innovaciones de la actual Ley 065 de Pensiones, cómo i incremento de las pensiones de jubilación incorporando un componente solidario; se redujo la edad de jubilación de 60 a 58 años; se implementó políticas de género reduciendo la edad de jubilación de las mujeres o incrementar la densidad de sus aportes; se permitió la concurrencia de pensiones; de forma integral se reconoció los aportes realizados a otros sistemas de pensiones, entre otras bondades. Estas disposiciones incluyen en su contenido la creación de la Gestora como administradora del Sistema Integral de Pensiones y de sus fondos.

Acerca del rol señalado, es importante aclarar las ideas erróneas lanzadas a la población por irresponsables declaraciones, indicando que el Gobierno se hará cargo de la administración; la Gestora sea pública o privada es una empresa, y ni su marco normativo ni la norma suprema permite a ningún Gobierno la administración de los Fondos de pensiones.

Asimismo, en su rol de administrador, a diferencia de las AFP, tendrá un carácter social y no lucrativo, sus utilidades serán destinadas a incrementar los fondos de pensiones y conforme señala la normativa, su desempeño será medido con indicadores de gestión definidos por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Por otra parte, la normativa señalada contiene disposiciones técnicas restrictivas en el manejo de los Fondos que no permiten injerencias políticas, y que únicamente tienen por objeto establecer medidas en la búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo de inversión; cuando se hace referencia a los aportes realizados por el trabajador, la Ley de Pensiones prevé entre las funciones de la Gestora generar rendimientos financieros, cuyo fin único es incrementar los saldos acumulados en beneficio del Asegurado.

Asimismo, es importante mencionar que la Ley de Pensiones dispone que los recursos de los Fondos deben ser invertidos exclusivamente en Valores o Instrumentos Financieros de oferta pública, a través de mercados primarios y secundarios autorizados, para lo cual debe considerar los límites de inversión establecidos; en este sentido, no existen decisiones del gobierno ni decisiones políticas que pueden obligar al administrador de los Fondos a invertir en instrumentos emitidos por el TGN o el BCB.

Finalmente, habrá que considerar que, para emitir opiniones sobre estas importantes temáticas, se debe realizar un análisis previo, por el respeto que merece la población y asegurados al actual sistema de pensiones, al margen de los desacuerdos y diferencias políticas que podamos tener.

Rector Vicente Cuéllar fue sancionado por plagio en 2014; analistas cuestionan su capacidad técnica

Surgen serios cuestionamientos al rector de la UAGRM. Aparte de tildar de “inexpertos” a UNFPA y CELADE, organismos internacionales especializados en censos, en las últimas horas se conoció que el docente universitario fue encontrado culpable de plagio de su tesis en 2014. Economistas señalan estos hechos como indicios de la baja cualificación académica y profesional de Vicente Cuéllar. En septiembre pasado, se conoció que la propuesta técnica presentada por Cuéllar sobre el Censo, tenía tan sólo 2 páginas de extensión.

Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM, fue sancionado por plagio de su tesis de maestría en 2014.

En 2014, mediante resolución del Tribunal Superior y de Apelaciones de la UAGRM, respaldada por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), se determinó el retiro de Vicente Cuellar de la casa de estudios superiores por haber plagiado una tesis de maestría.

El economista y analista económico Juan José Bedregal consideró estos hechos como “indicios de baja cualificación académica” en el rector de la universidad pública cruceña. “En definitiva, es inaudito que un docente que fue sancionado por plagio de su tesis de maestría, sea electo rector unos años después, esto representa un pésimo ejemplo para los estudiantes; en el ámbito académico, una sanción por plagio equivale a la muerte civil del profesional”, sentenció.

A esto se suma el “documento técnico” presentado por la UAGRM cómo fundamento para la pretensión de adelantar el censo para 2023. El documento contenía sólo 2 páginas originales sin ningún sustento técnico, acompañando en sus adjuntos fotocopias de la propuesta del INE, correspondencia institucional de la universidad y una carátula.

“El rector de una universidad debería ser el referente académico de la misma. Sin embargo, con su sanción por plagio, Vicente Cuéllar muestra que carece de la capacidad técnica para objetar el cronograma del Censo de Población y Vivienda. El mismo que desconoce a los principales organismos internacionales en materia censal cómo UNFPA y CELADE, presenta un documento de 2 páginas para tratar de rebatir un proceso que demanda mucho esfuerzo y planificación: el censo es el esfuerzo logístico y técnico más grande que puede emprender una nación en tiempos de paz, y eso no lo puede manejar cualquiera”, señaló el analista económico Juan José Bedregal.

En septiembre, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que la propuesta de la UAGRM estaba incompleta y ante ello se convocó a una nueva reunión técnica el 11 de octubre, a la cual asistieron los especialistas internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Sin embargo, el gobernador Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar no sé presentaron a la cita.

Rector de la UAGRM ignora que UNFPA y CELADE son organismos internacionales especializados en censos

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuellar, desconoce que el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) son las instituciones rectoras de los censos a nivel mundial y latinoamericano, respectivamente. En una entrevista, calificó de inexpertos a especialistas de ambas entidades, ignorando el rol que cumplen en distintos países de la región y del mundo.

“No tienen experiencia en censos estos representantes de los organismos internacionales”, aseveró el rector en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón. En días pasados, ambos organismos internacionales declararon que no es recomendable acortar los plazos para la realización de una actividad como el Censo de Población y Vivienda.

En la mesa técnica, los expertos dejaron en claro que no era posible realizar el censo en 2023 debido a razones técnicas y de tiempo.

Recomendaron “no tomar atajos” en la realización de la encuesta nacional e incluso advirtieron que el calendario fijado para junio de 2024 “tiene recortes de tiempo que son importantes de observar”.

El especialista del Unfpa, Daniel Allende Lizama, recordó que junto al Celade, sugirieron a Bolivia postergar el censo de 2022 para octubre de 2024, para garantizar un proceso de “alta calidad”.

Camacho y Cuéllar no acudieron a la mesa del diálogo convocado por el Gobierno el 11 de octubre en Santa Cruz, donde participaron expertos internacionales en materia de censos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).

Empresas Públicas invierten Bs2.453 millones en proyectos productivos

Por: Gonzalo Callisaya, economista

Las empresas públicas juegan un rol importante en el actual modelo económico vigente, proveen servicios básicos, generan excedentes y sus inversiones productivas impulsan el dinamismo de la economía.

La pandemia del COVID-19 tuvo un fuerte impacto en las empresas estatales acentuado por la mala administración del gobierno de facto que las quiso llevar a su liquidación; sus ingresos y ganancias se desplomaron, en esta situación las empresas redujeron sus costos y se endeudaron para obtener liquidez que les permitiera sobrellevar la situación.

Sin embargo, actualmente las empresas públicas han tomado medidas y están en plena recuperación, ya que, entre enero y agosto de este año, la ejecución del presupuesto de inversión de las empresas públicas ascendió a Bs2.453 millones, resultado de la aplicación de las medidas del gobierno nacional en relación con la reactivación de la economía.

Según datos del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), las cinco empresas que reportan mayor ejecución presupuestaria de inversión en este periodo son: Empresa Siderúrgica del Mutún (59,4%), Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (54,2%), Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL (46,3%), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos – EBIH (39,3%) y Empresa Nacional de Electricidad – ENDE (38,6%). Dichas empresas ejecutaron un total de Bs1.567 millones, que representan el 64% de lo ejecutado por el total de las empresas que, a la fecha, tienen proyectos en marcha programados para 2022.

Fuente: SISIN/VIPFE/MPD

Los niveles de ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión en las empresas públicas son reflejo de la recuperación de la economía, no solo en términos actuales sino también potenciales, toda vez que implican mayores operaciones a futuro, así como efectos multiplicadores y fuentes de empleo (directo e indirecto), en línea con los preceptos Modelo Económico Social Comunitario Productivo (redistribución del excedente en nuevos emprendimientos generadores de ingreso y empleo, y programas sociales para erradicar la pobreza), los Ejes y Metas del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 (Reconstrucción de la Economía, Industrialización con Sustitución de Importaciones, entre otros), y los esfuerzos realizados mediante los planes de desarrollo para incrementar los niveles de inversión en empresas no vinculadas con la actividad petrolera, como las empresas mineras, de electricidad, de servicios, de insumos para la producción agrícola, entre otras.

Los Bs1.567 millones ejecutados se concentran en proyectos relacionados con plantas de generación de energía, fabricación de laminados de acero y producción de fertilizantes.

Fuente: SISIN

Finalmente, como se puede apreciar en los datos expuestos, las empresas públicas, son entidades importantes en nuestra recuperación económica, hay que apoyarlas y trabajar en su fortalecimiento, para que nuestras empresas estatales, sean prosperas para consolidar una recuperación económica sólida.

Censo técnico y transparente

Por: Verónica Huarina, economista

En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.

La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.

A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.

Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.

Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.

Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.

Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.

Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.

Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.

Analista considera que los paros cívicos “abusan del esfuerzo de la gente”

Los anuncios de paro cívico resuenan en torno a la fecha del Censo de Población y Vivienda, y la respuesta desde el ámbito académico no se hace esperar. El analista económico Juan José Bedregal considera que los ruidos políticos como amenazas de paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz, no frenarán la reactivación de la economía. “Los paros cívicos abusan del esfuerzo de la gente que quiere trabajar y recuperar el dinero perdido durante la pandemia”, sentenció.

Consultado por el programa “Primer Plano” de Bolivia TV, el especialista mencionó que “todos los paros que ha convocado el Comité cívico cruceño se han cumplido a media máquina; también podemos esperar que, a medida que se va abusando de esta medida de presión, también se abusa del esfuerzo de la gente”, en referencia a las pérdidas diarias por aproximadamente $us30 millones que se registran por cada día de paro en la ciudad de Santa Cruz.

La población cruceña se enfrenta a la disyuntiva entre trabajar y obedecer los dictámenes de la casta cívica.

Adicionalmente, manifestó que “los pequeños empresarios, comerciantes, gremiales y transportistas no van a estar dispuestos a soportar más pérdidas, ya que la gente quiere trabajar y recuperar esa platita que se ha desahorrado durante la pandemia”.

El anuncio del llamado “Cabildo por el Censo”, de realizar un paro indefinido en Santa Cruz si el gobierno nacional no cambia la fecha del Censo de Población y Vivienda para 2023 ha despertado críticas en gran parte de la sociedad boliviana, fundamentalmente de los sectores productivos de la urbe cruceña. Ya en días previos a la convocatoria al cabildo, las asociaciones gremiales se pronunciaron en contra del llamado a paro de 72 horas que promovía el gobernador Fernando Camacho.

Horas después, el grupo de ciudadanos que asistió al cabildo desautorizó la propuesta de Camacho, aprobando un plazo hasta el 22 de octubre para que el gobierno nacional publique en la Gaceta Oficial que el censo se desarrollaría en 2023, a pesar de no haber fundamentado técnicamente esta fecha en el documento que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) presentó ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mismo que tan sólo contaba con 2 páginas de propuesta, engrosadas con correspondencia institucional de la universidad y fotocopias de la presentación del INE en la socialización del censo.

Municipios de Bolivia cuestionan resoluciones del “Cabildo por el Censo”

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), ente que aglutina a los gobiernos municipales de todo el país, advirtió al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que el cabildo de este viernes en Santa Cruz sufre de serios vicios de nulidad e ilegalidad, cómo el haber sido convocado por actores políticos, haber tenido un carácter obligatorio y alejado de la deliberación, señalando que la actividad estuvo caracterizada por la politización y manipulación.

En un comunicado, el máximo ente asociativo municipal del país señala que “la convocatoria a cabildo debe ser realizada por ciudadanas y ciudadanos, no por autoridades políticas. Sin embargo, a través de medios de comunicación y redes sociales verificadas, actores políticos han convocado a asistir al cabildo haciendo de este un movimiento político”, advirtió la institucionalidad edil en un comunicado.

La convocatoria al cabildo de este viernes emergió de una reunión del autodenominado Comité Interinstitucional del Censo, conformado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar. Estos tres actores políticos presentaron la semana pasada un documento técnico que supuestamente fundamentaba la realización del Censo en 2023, pero después se reveló que el documento no tenía bares técnicas, y que contaba con sólo 2 páginas.

FAM-Bolivia informó que no hubo ningún nivel de deliberación en el mal llamado cabildo, porque el tema del censo y siete puntos más “responden a decisiones políticas, previamente, acordadas de manera engañosa”.

“El cabildo tendrá carácter obligatorio, estas afirmaciones con motivaciones políticas tienen el propósito premeditadamente de mal informar a la población y manipular para sus beneficios”, afirmó la institucionalidad edil.

Camacho estuvo convocando en entrevistas e incluso incitó a través de un video a participar del cabildo. “Advertimos la politización y manipulación de un mecanismo democrático como es el cabildo”, alertó el máximo ente asociativo municipal.

Venganza: Rector Heredia expulsa a universitaria que denunció a Álvaro Quelali

Una semana después de la aprehensión del veterano dirigente de la FUL UMSA, Álvaro Quelali, se conoce de la expulsión de la estudiante Karen Kelly Apaza Coaquira, principal denunciante en el proceso judicial contra Quelali y otros dirigentes universitarios. Activistas de derechos humanos ven en estos hechos un flagrante acto de represalia y violencia política en razón de género. Heredia figura como denunciante en un proceso universitario por una supuesta patada de parte de la estudiante Apaza.

Mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario de la UMSA, se expulsa a la estudiante Karen Kelly Apaza, quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito, corrupción y usurpación de funciones, en contra del dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Álvaro Quelali. La semana pasada, el proceso penal derivó en el encarcelamiento del dirigente.

La estudiante denunció que el proceso instaurado en su contra por el rector Heredia está viciado de nulidad al ser el rector el denunciante y al mismo tiempo cumplir la funciones de presidente del Consejo Universitario. Otro de los vicios del proceso es la inusitada velocidad del mismo, que fue utilizado todo este tiempo en su contra para acallarla y forzarla a que retire la denuncia penal contra Álvaro Quelali. Sin embargo, los procesos universitarios contra docentes acosadores y violadores permanecen estancados durante años enteros.

Acto de represalia

Tras conocerse la decisión del Rector, organizaciones estudiantiles y de derechos humanos se han pronunciado a favor de la estudiante Apaza. Consideran éste como un caso de represalia por haber denunciado a un poderoso dirigente universitario, cuyos actos de corrupción llevaban años preocupando a toda la comunidad universitaria.

Los hechos del dirigente Álvaro Quelali como el disponer de recursos universitarios en favor de su hermano, usurpar funciones y desviar fondos de la universidad en su beneficio, son acciones delicadas que no hubieran podido llevarse a cabo sin la complicidad o por lo menos el conocimiento del Rector. Por lo tanto, el proceso penal contra Quelali podría salpicar tarde o temprano a los rectores Waldo Albarracín y Óscar Heredia.

La expulsión de los estudiantes que denuncian a Quelali puede ser vista como un flagrante acto de violencia y acoso político en razón de género en contra de la universitaria Karen Kelly Apaza.

La expulsión de Apaza y otros universitarios se sustenta en un proceso universitario por la toma del Monoblock ocurrida el año pasado, en rechazo a los actos de corrupción de Álvaro Quelali, que también salpican al rectorado.

Resultado de estos hechos, el rector Oscar Heredia inició un proceso contra la estudiante Apaza, supuestamente por haber recibido una patada de la estudiante universitaria.

Apaza actuó en protección de ella y sus compañeras, quienes tienen días de impedimento por los incidentes ocurridos durante una protesta pacífica en contra de la corrupción. Además de Apaza, otro estudiante fue expulsado y otros tres tienen suspensión de tres años.

Apaza mencionó que los estudiantes sancionados estaban por titularse. “Estoy en el octavo semestre de ingeniería petroquímica y varios están en noveno, ya están por terminar su perfil simplemente queríamos ya irnos de la universidad a trabajar”, lamentó.

Anunció que apelarán esta decisión ante todas las instancias y que se declararán en huelga de hambre de ser necesario.

Karen Apaza fue la estudiante que presentó la denuncia penal contra Quelali, debido a las irregularidades como favorecer a su hermano con viajes como si fuese estudiante destacado aunque tiene más de un centenar de aplazos. El dirigente está detenido preventivamente por ese caso.

Adiós a los cheques: Gobiernos subnacionales y universidades públicas aplican pagos electrónicos desde octubre

La Paz, 29 de septiembre de 2022.- A partir del 1 de octubre, los cheques quedarán en el olvido en los gobiernos subnacionales y universidades, debido a la implementación del pago electrónico. El sistema de pago directo en cuentas bancarias reducirá el tiempo y permitirá al proveedor disponer de su dinero unos minutos después de que la entidad haya realizado el pago.

Gracias a una resolución del Ministerio de Economía, estas instancias públicas dejarán de pagar a sus proveedores con cheques el 30 de septiembre y, a partir del 1 de octubre, aplicarán los pagos electrónicos a través de cuenta bancaria.

El pago electrónico será un servicio gratuito, tanto para las entidades como para los proveedores. Al contrario, anteriormente, la entidad tenía que pagar dos bolivianos para emitir cada cheque. Esta cifra no es mínima, ya que en 2022 se procesaron alrededor de 147.000 pagos electrónicos que representan un monto aproximado de Bs 3.000 millones.

De 343 entidades habilitadas, 311 ya iniciaron los pagos electrónicos. Al momento, solo faltan habilitar este mecanismo unas 50 entidades. A la fecha, más del 40% de los proveedores ya tiene habilitada su cuenta bancaria en el Sigep para recibir los pagos electrónicos

Para llevar adelante este proyecto, todos los proveedores del Estado deben acreditar una cuenta en el Banco Unión y un registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que permitirá agilizar los pagos. Muchos ya tienen su registro en el RUPE.

Con la entrada en vigencia del Reglamento para Transferencias y Pagos Electrónicos en universidades públicas (UP), entidades territoriales autónomas (ETA), sus entidades desconcentradas, descentralizadas y empresas públicas, el proveedor tendrá la libertad de cobrar por sus servicios de forma directa en su cuenta bancaria.

Mientras que con el pago con cheque se tardaba tres o más días para la autorización y en promedio el proveedor tardaba otros cinco días para cobrarlo en las entidades financieras, es decir, se tardaba hasta 10 días.

Analistas ven falta de seriedad en propuesta de la UAGRM sobre el censo

Tras conocerse la reducida extensión y falta de sustento técnico de la propuesta del censo 2023, elaborada por el Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y los cívicos cruceños, surgen cuestionamientos hacia la seriedad de la misma. Analistas consideran que el documento confirma su intención política y que es necesario que los políticos dejen de intentar manipular un calendario que debe ser definido por criterios netamente técnicos.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno UAGRM, durante la presentación de la “propuesta” para realizar el Censo en 2023.

En conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, presentó el documento del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, mismo que carece de sustento técnico y, al contrario, tiene un «tinte político», destacando que la universidad cruceña planteaba como un lapso tentativo del empadronamiento junio de 2023, pero no supo justificar técnicamente su propuesta.

Al respecto, el analista económico Juan José Bedregal considera que la propuesta de tan sólo 2 páginas revela falta de seriedad en la propuesta de realizar el censo en 2023. “De 128 páginas, sólo 2 contienen la propuesta, que además está insuficientemente respaldada; esto revela que se elaboró un documento sin conocimiento técnico, buscando únicamente justificar posiciones políticas. De esta forma sólo se justifica la necesidad de que cada etapa del censo se tome su tiempo y que el cronograma de extienda como está previsto, hasta 2024”.

“La propuesta de la UAGRM y los cívicos cruceños muestra lo que ocurre cuando los políticos se hacen cargo de actividades estrictamente técnicas; cuando la Comisión Interinstitucional presentó su documento, anunció que tenía una propuesta técnica, pero hoy vemos que lo técnico fue lo último en la elaboración de ese documento. Una actividad tan importante como el Censo no puede sujetarse al antojo de políticos que se disfrazan de técnicos”, sentenció el analista.

El documento presentado por algunas instituciones cruceñas tiene un total de 127 páginas, de las cuales sólo 2 corresponden a la “Propuesta para el Censo en 2023”:

  • Antecedentes: alrededor de 28 páginas, que básicamente cuentan la historia de cómo se habría conformado la autodenominada “Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo”.
  • Comentarios a la propuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE): 18 páginas;
  • Propuesta de la UAGRM para un Censo en 2023: solamente 2 páginas;
  • Actas de reuniones: 3 páginas;
  • Fotocopias de la presentación del INE: 34 páginas;
  • Notas enviadas a diferentes entidades: 25 páginas;
  • Notas de respuesta a las anteriores: 17 paginas.

Por su parte, el economista Miguel Ángel Clares considera que la gobernación y la universidad pública cruceña “sólo pretenden politizar el tema del censo. Lastimosamente todas estas acciones tienen un costo para el país, y son sólo grupos minoritarios que buscan generar conflictos por intereses personales”.

“A la gobernación y universidad pública de Santa Cruz no les interesa el bienestar de su departamento y el del país. Todos los argumentos y propuestas que realizan carecen de elementos técnicos, académicos, profesionales y hasta éticos”, concluyó el economista.

La propuesta del Censo para 2023 constaba de sólo 2 páginas y no acompañó ningún sustento técnico.

“Es una pena que quieran hacer otra vez medidas de presión con un documento incompleto y sin sustento técnico, eso es irresponsable”, afirmó el Ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa.

El Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz no ha expresado posición alguna sobre la posición de Planificación y el INE. Y el Comité pro Santa Cruz ratificó la realización del cabildo del viernes, que definirá protestas contra la postergación del Censo.

A través del Decreto Supremo 4760, el Gobierno postergó el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024, medida que generó protestas solo en Santa Cruz.

Vergonzoso: propuesta de la UAGRM para el censo tiene solo 2 páginas sin sustento técnico

La propuesta de empadronamiento para junio de 2023 presentada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se derrumba como un castillo de naipes: la fecha tentativa no cuenta con ningún respaldo técnico y consta de apenas 2 hojas. El cronograma presentado apresura las actividades pre censales y prioriza tareas políticas antes que las actividades técnicas. El documento completo incluye correspondencia institucional de la universidad, y la propia propuesta del INE, incluidas las diapositivas de la socialización del Censo presentadas por el mismo INE.

La propuesta de censo en 2023 fue presentada por la UAGRM y abanderada por la llamada “Comisión Interinstitucional del Censode Santa Cruz

El documento presentado por algunas instituciones cruceñas tiene un total de 127 páginas, de las cuales sólo 2 corresponden a la “Propuesta para el Censo en 2023”:

  • Antecedentes: alrededor de 28 páginas, que básicamente cuentan la historia de cómo se habría conformado la autodenominada “Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo”.
  • Comentarios a la propuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE): 18 páginas;
  • Propuesta de la UAGRM para un Censo en 2023: solamente 2 páginas;
  • Actas de reuniones: 3 páginas;
  • Fotocopias de la presentación del INE: 34 páginas;
  • Notas enviadas a diferentes entidades: 25 páginas;
  • Notas de respuesta a las anteriores: 17 paginas.

En conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó que el documento del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz carece de sustento técnico y, al contrario, tiene un «tinte político». La coordinadora del Censo, Martha Oviedo, explicó que la propuesta recorta tiempos a actividades cruciales del censo sin justificación técnica alguna.

El primer punto tiene que ver con la actualización cartográfica, que es el trabajo base para la organización y realización del censo. Este trabajo tomará al INE al menos 15 meses, mientras la universidad cruceña plantea solo nueve meses.

El segundo punto es la segmentación, es decir, definir áreas de trabajo para llegar a todo el territorio, y la aplicación de al menos 320.000 consultas, lo cual demandará al menos 15 meses de trabajo, la UAGRM propone nueve meses.

El tercer punto es el cuestionario censal, que es el documento que permite obtener la información en todas las áreas programadas. Este punto viene acompañado de lo que se llaman pruebas cognitivas y pruebas piloto. Después se hace el respectivo análisis de estas pruebas, lo que también demanda un trabajo cuidadoso.

El cuarto punto tiene que ver con el censo experimental, una etapa clave en la organización de la gran encuesta, pues es la parte que pondrá a prueba toda la organización y la capacitación de los censadores.

El quinto punto se refiere a la captura de datos, el escaneo y la socialización del trabajo en terreno, aquí también la idea es llegar a todos los rincones del país.

Sobre la etapa poscensal, la coordinadora del censo, Martha Oviedo dijo que en siete meses se podría entregar los datos finales, pero la universidad cree que esta labor se puede hacer en dos meses. “Ni una encuesta se trabaja en dos meses”, afirmó.

Finalmente, dijo que la universidad de Santa Cruz propone que todo el trabajo del Censo se puede hacer entre 12 y 14 meses, pero no explican cómo hacer la labor en este tiempo