analistas Archives - Economía y Más

Calma, tus aportes están seguros

2 years ago

Por: Fernando Chuquimia, especialista financiero

Recientemente, el “opinador económico” Joshua Bellott Sáenz, sin fundamento alguno, señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos a los ciudadanos bolivianos.

Al respecto, y con el objeto de informar a la población de manera responsable, es importante mencionar que, debido a la quiebra del sistema de reparto, con la Ley 1732, en Bolivia comenzó el sistema de capitalización individual, aspecto que dio lugar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mediante un contrato que el gobierno de entonces lo estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la administración de los aportes para la vejez. Durante la administración de las AFP, los asegurados soportaron pésimos servicios sin calidad ni calidez, escasos beneficios traducidos en capital individual reducido, baja rentabilidad y cobertura mínima a los trabajadores.

En consecuencia, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 065, se establece que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) dejará de ser administrado por privados y debe ser transferido a una entidad estatal, “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, recuperando de esta manera la soberanía que tienen los trabajadores sobre las contribuciones que realizan mensualmente para su jubilación, además de demostrar que el país es pionero en la innovación y administración de los recursos de la población, ante el fuerte cuestionamiento a las AFP en América Latina.

Por otra parte, los fondos del SIP son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, por cuanto se administran de forma independiente de los recursos de la GP, garantizando que no serán destinados a gastos operativos o administrativos.

A cuyo efecto, tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que, posteriormente, financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo; en este sentido, los aportes no pueden ser utilizados de manera discrecional o políticamente.

Para tranquilidad de los trabajadores, la normativa vigente establece mecanismos de control para garantizar los aportes, los fondos, las prestaciones y beneficios, por ejemplo, la fiscalización permanente de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la sujeción al control social, sometimiento a auditoría externa y sobre todo el control de cada uno de los asegurados, toda vez que únicamente son ellos los que pueden acceder a sus recursos para tramitar la pensión de jubilación.

En el marco de la profundización de la soberanía en la administración de la economía boliviana, una buena noticia para los jubilados es que, a partir de mayo de 2023, recibirán un ingreso adicional del 2% en sus boletas de pago, producto de la anulación de las cuatro comisiones que actualmente cobran las AFP (0,5% asegurados, 1,31% jubilados, 0,85% fondo de riesgo y 0,22% administración de portafolios) con relación a la única comisión que cobrará la GP (0,5%). Finalmente, y con base en los párrafos precedentes, se garantiza la seguridad de los aportes y se desmiente, en absoluto, lo manifestado por el opinador Bellott.

Red Boliviana de Economía Política denuncia “carácter conspirativo” del paro cívico

2 years ago

El Gobierno departamental de Santa Cruz, “cívicos” y las logias de poder cruceñas iniciaron un paro indefinido exigiendo como pretexto que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda se adelante para el 2023. Sin embargo, la intención real del paro decidido por las logias de poder, y los grupos oligárquicos y fascistoides es frenar nuestro Proceso de Cambio socavando la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

La demanda de anticipar la fecha del Censo para garantizar mayor participación política en las próximas elecciones (2025) y asegurar más ingresos que supuestamente les correspondería por el incremento poblacional en Santa Cruz, es totalmente falsa ya que existen varios hechos que contradicen este supuesto interés en el bienestar regional.

En 1er lugar, el paro no respeta el proceso de coordinación nacional para consensuar la fecha del Censo y se lanza cuando la fecha censal ha sido consensuada con las autoridades de los otros 8 Departamentos e incluso con las propias autoridades municipales del Dpto. de Santa Cruz.

En 2do lugar, es falso que esta oligarquía se preocupe por los ingresos y el presupuesto del Departamento; es decir, por su genuino desarrollo económico y social. Prueba de ello, es que la ejecución presupuestaria de inversión pública de agosto 2022 de la Gobernación de Santa Cruz a la fecha, llega apenas al 17% siendo la más baja no sólo entre todos los departamentos del país sino en relación a todas las instituciones del aparato estatal.

En 3er lugar, la oligarquía no se preocupa por los verdaderos intereses económicos y sociales de Santa Cruz, ya que en los gobiernos neoliberales anteriores cuya gestión estaba dirigida por las mismas logias y la oligarquía, Santa Cruz contaba con un presupuesto insuficiente, mientras que en el gobierno del MAS sus recursos aumentaron en seis veces.

En 4to lugar, los “cívicos” indican que el paro es una expresión “democrática popular” de su cabildo que, supuestamente, alcanzó a 1 millón y ½ de personas cuando en realidad no pasaron de 230.000 (SIFDE), pero más allá de la cantidad sólo fue una concentración donde monopolizaron la palabra los líderes oligarcas cuando los canales políticos de representación y deliberación al interior del Estado, no se pueden sustituir y que en este momento están en permanente coordinación a nivel nacional para definir el rumbo del Censo.

En 5to lugar, la oligarquía descalifica y discrimina la posición del pueblo cruceño ya que el pasado viernes también se efectúo otro cabildo en Santa Cruz con amplia representación y presencia genuinamente popular de los gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores, campesinos, indígena-originarios, estudiantes, organizaciones de mujeres y del pueblo en general con participación aún mayor a la del “cabildo” de la derecha, rechazando unánimente el “paro de la oligarquía” que afecta seriamente a la economía de las personas que tienen que trabajar y obtener sus ingresos día a día. Sin embargo, la oligarquía racista se niega a reconocer a cualquier otra expresión política diferente a la suya, discriminando al pueblo cruceño.

En 6to lugar, la propuesta “técnica” con la cual se lanzó el paro consistía en sólo dos páginas elaboradas por el rector de la UGRM con información insuficiente, con total falta de seriedad; lo que significa que, antes del paro, los “cívicos” cruceños no tenían un fundamento serio. El viernes 21, el gobierno planteó una propuesta técnica basada en abrogar el actual D.S. sobre el Censo y adelantar la fecha de su realización o dejarla abierta para que sea decidida por una comisión técnica, entregando resultados en octubre de 2024 con lo cual se garantizaría la nueva configuración del mapa electoral para las elecciones del 2025 y la reformulación presupuestaria correspondiente, con lo cual el cien por ciento de las demandas de los “cívicos” estarían atendidas, pero la propuesta fue rechazada en la mesa de diálogo del 22 con el abandono infantil del gobernador Camacho.

En 7mo lugar, se evidencia que la razón de la oligarquía frente al pueblo es como siempre de brutal violencia fascista con grupos paramilitares de choque, que acallan a golpes a los que necesitan movilizarse y trabajar. Esta es la actitud de la derecha que envía grupos violentos a los barrios populares como el Plan 3.000, la Villa 1° de Mayo, otros barrios y algunas ciudades intermedias como Puerto Quijarro donde asesinaron violentamente a Pablo Taborga, un trabajador que se opuso al paro cívico.

Por lo explicado, denunciamos el carácter conspirativo del paro de la oligarquía y las logias que tienen la intención de desestabilizar al Gobierno de las clases populares, que viene haciendo esfuerzo por la rápida recuperación económica manteniendo la estabilidad, ampliando la inversión pública, superando la pandemia, regularizando la educación, mejorando las condiciones socio-económicas de las mayorías poblacionales.

En el fondo, la oligarquía boliviana se empeña en retornar al modelo neoliberal, no propone un modelo de desarrollo económico propio a pesar de ser un sector vinculado al empresariado, esto expresa su naturaleza entreguista a los Estados Unidos. Por otra parte, su marcado racismo también es expresión de su renuncia a la posibilidad de valoración del pueblo, de su trabajo y su esfuerzo. En síntesis, es una casta señorial sin proyecto económico propio, entreguista y racista, con lo que cierra toda posibilidad de construcción de país. De aquí se desprende que esta oligarquía no tiene viabilidad histórica ni económica, es un resabio ineficiente e improductivo que existe para entregar el poder a su amo del norte. Por eso, se debe fortalecer el proyecto y sujeto histórico plurinacional, popular, obrero, campesino y comunitario.

Denunciamos también el carácter discriminador y racista de la oligarquía y la derecha de siempre, que trata de negar la posición de las grandes masas de trabajadores del campo y de la ciudad que se oponen a su paro, actualmente reprimida por los grupos paramilitares violentos. Saludamos y apoyamos la organización de los trabajadores, campesinos, vecinos que hacen escuchar su voz, se organizan y actúan al margen de la oligarquía disputando la verdadera representación política de Santa Cruz, luchando y perfilando un proyecto propio articulado al proyecto histórico nacional-popular, obrero, indígena y comunitario.

¡Abajo el paro de la oligarquía conspiradora! ¡No a la violencia fascista! ¡Viva la lucha del pueblo cruceño! ¡Viva el gobierno popular de los obreros, campesinos e indígenas!

La jubilación nuestra de cada día, ayer y hoy

2 years ago

Por: Rafael Villarroel, economista

La jubilación, y la administración de los fondos que la financian, han sido objeto de polémica y de cuestionamientos en los últimos días, pero el sistema de pensiones ha sido uno de los capítulos más sensibles de la historia boliviana de los últimos 30 años, que ha constituido un llamado a la lucha de los distintos sectores de nuestra sociedad; hoy en día, toma una vez más el centro de atención del análisis, con posiciones en pro y en contra con relación a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

Para este efecto, es bueno recordar que a mediados de los años 90 del siglo XX, tuvo lugar una de las reformas estructurales del Estado más polémicas de nuestra historia con la “ley de capitalización” entregando el aparato productivo estatal a manos privadas de consorcios extranjeros internacionales; en paralelo a esto, se dio la reforma de pensiones con aquella “ley de pensiones” que rompió con la lógica de administración jubilatoria, imponiendo un sistema de capitalización individual, cerrando de manera violenta los distintos fondos de pensiones y entregando las acciones de las “empresas capitalizadas” a los administradores del nuevo sistema.

La reforma de pensiones trajo consigo importantes impactos para el Estado boliviano; el primero de ellos, fue una escalada de convulsión interna que concluyó con el silenciamiento sistemático de los disidentes que no estaban dispuestos a consentir estas medidas, con represión y la declaración de estados de sitio que se prologaron por varios meses.

Otro efecto fue que el costo financiero de la entrega de los fondos de pensiones a empresas privadas —que después comenzaron a llamarse familiarmente como AFP—, fue absorbido enteramente por el Estado sin tener ninguna fuente de financiamiento para ello, raíz del fuerte déficit fiscal experimentado; con el costo social que vivimos a finales de los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, junto a las protestas de ancianos en la calle que se encontraban en la “generación sándwich” o que cobraban jubilaciones que hacían inviable la subsistencia.

Lo anterior produjo que en los gobiernos que sucedieron a la reforma de los años 90, se introduzcan cambios que sensibilicen el sistema de pensiones; sin embargo, fueron insuficientes, creciendo a la par la demanda de una nueva reforma de pensiones que humanice este sistema.

Los sucesos citados constituyen el antecedente de la nueva Ley de Pensiones y la creación de la nueva Gestora, donde no solamente se han hecho cambios que permitan una renta universal de vejez (Renta Dignidad), sino que se ha aumentado un componente solidario a la jubilación de quienes no pueden acceder a una renta que garantice su supervivencia. Sin perder de vista que esta reforma ya cuenta con 12 años y sus resultados son notables.

De todo esto, resulta poco comprensible que sectores que hace 30 años estaban en las calles luchando contra la privatización del aparato público estatal y del sistema de pensiones, hoy pidan la permanencia de empresas privadas que tuvieron en sus manos la administración de las empresas capitalizadas a nombre del Estado con los resultados que se conocen, impidiendo la profundización de un sistema de pensiones que ya cuenta 12 años y ha demostrado la solidaridad de los bolivianos con sus mayores.

Nada afecta a los fondos de pensiones

2 years ago

Por: Osmara Morales Paredes, auditora y especialista en fondos de pensiones

Se están virtiendo diferentes puntos de vista, declaraciones, publicaciones y opiniones relacionadas con la Gestora Pública, la administración de los Fondos de Pensiones, los aportes y su administración, entre otros. Sin embargo, una lectura extensa de la normativa vigente y la Constitución Política del Estado permite aclarar varias de esas interrogantes.

Para poder entender este tema es importante rememorar un hito importante en la historia de Bolivia, cuando en 2009 fuimos a las urnas y emitimos nuestro voto sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), norma suprema aprobada con más del 61% de la población, en la que se establece que la seguridad social no puede ser privatizada.

Otro importante evento a tomar en cuenta es la emisión de la Ley Nro. 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, normativa que llegó a resolver los problemas generados por la anterior ley: exigentes requisitos de acceso, restricciones para la incorporación al sistema previsional, pensiones muy bajas, implementación de políticas individualistas, entre otras situaciones que ocurrieron bajo administración de las AFPs.

Es importante mencionar las innovaciones de la actual Ley 065 de Pensiones, cómo i incremento de las pensiones de jubilación incorporando un componente solidario; se redujo la edad de jubilación de 60 a 58 años; se implementó políticas de género reduciendo la edad de jubilación de las mujeres o incrementar la densidad de sus aportes; se permitió la concurrencia de pensiones; de forma integral se reconoció los aportes realizados a otros sistemas de pensiones, entre otras bondades. Estas disposiciones incluyen en su contenido la creación de la Gestora como administradora del Sistema Integral de Pensiones y de sus fondos.

Acerca del rol señalado, es importante aclarar las ideas erróneas lanzadas a la población por irresponsables declaraciones, indicando que el Gobierno se hará cargo de la administración; la Gestora sea pública o privada es una empresa, y ni su marco normativo ni la norma suprema permite a ningún Gobierno la administración de los Fondos de pensiones.

Asimismo, en su rol de administrador, a diferencia de las AFP, tendrá un carácter social y no lucrativo, sus utilidades serán destinadas a incrementar los fondos de pensiones y conforme señala la normativa, su desempeño será medido con indicadores de gestión definidos por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Por otra parte, la normativa señalada contiene disposiciones técnicas restrictivas en el manejo de los Fondos que no permiten injerencias políticas, y que únicamente tienen por objeto establecer medidas en la búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo de inversión; cuando se hace referencia a los aportes realizados por el trabajador, la Ley de Pensiones prevé entre las funciones de la Gestora generar rendimientos financieros, cuyo fin único es incrementar los saldos acumulados en beneficio del Asegurado.

Asimismo, es importante mencionar que la Ley de Pensiones dispone que los recursos de los Fondos deben ser invertidos exclusivamente en Valores o Instrumentos Financieros de oferta pública, a través de mercados primarios y secundarios autorizados, para lo cual debe considerar los límites de inversión establecidos; en este sentido, no existen decisiones del gobierno ni decisiones políticas que pueden obligar al administrador de los Fondos a invertir en instrumentos emitidos por el TGN o el BCB.

Finalmente, habrá que considerar que, para emitir opiniones sobre estas importantes temáticas, se debe realizar un análisis previo, por el respeto que merece la población y asegurados al actual sistema de pensiones, al margen de los desacuerdos y diferencias políticas que podamos tener.

Nueve candados resguardan los aportes de vejez en la Gestora Pública

2 years ago

Por: Iván Quisbert Soria, auditor y especialista en fondos de pensiones

A causa de la quiebra del Sistema de Reparto, el 29 de noviembre de 1996, con la Ley N° 1732 comienza el Sistema de Capitalización Individual en Bolivia y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ingresaron en el mapa de la Seguridad Social de Largo Plazo en el país, bajo un contrato que el Gobierno de entonces estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la soberanía de la administración de nuestros aportes para la vejez.

Durante muchos años, los asegurados soportaron los pésimos servicios que brindaban las AFP y sumado a los escasos beneficios que se recibían por éstas empresas (mala atención, capital individual reducidos, baja rentabilidad, ninguna inversión en el país, escasa cobertura a trabajadores, entre otros), fue un pedido general de diversos sectores de trabajadores del país el constituir una administradora pública de pensiones que permita mejorar varios aspectos en beneficio de los aportantes.

Por tal motivo, la Constitución Política del Estado de 2009, y posteriormente la Ley N° 065 de Pensiones de 2010, estableció que el Sistema de Pensiones dejará de ser manejado por entidades privadas y será transferido a una entidad estatal llamada Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, recuperando de esta manera la soberanía que tenemos los trabajadores sobre las contribuciones que realizamos mensualmente para la jubilación.

Sin embargo, causa un poco de extrañeza que luego de que la Gestora ya tiene todo preparado para que asuma de forma plena la administración del Sistema Integral de Pensiones-SIP y las AFP den un paso al costado, existan trabajadores que se opongan a este evento, alegando que se desconfía de la futura administración de los aportes y que el Estado haría un uso indebido de los recursos que se encuentran en los Fondos de Pensiones.

Al respecto, para tranquilidad de los trabajadores, la Ley N° 065 de Pensiones estableció ciertos mecanismos de control (candados) para garantizar los aportes, los Fondos del SIP, las prestaciones y beneficios, entre los cuales se encuentran:

Los Fondos del SIP son patrimonios autónomos y diversos respecto al patrimonio de la Gestora, se manejan de forma independiente de los recursos propios del administrador.
Estos Fondos son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y solo se dispondrán conforme establece la Ley (inversiones y pago de pensiones y beneficios).
Los aportes de todos los asegurados, (trabajadores o jubilados) únicamente pueden ser invertidos en títulos valores, de carácter público o privado, que cumplan criterios de calificación de riesgo, rentabilidad y cumplimiento normativo para ser catalogados como títulos valores admisibles de inversión.
La Gestora estará conformada, previo cumplimiento de requisitos, por un Directorio profesional y especializado, que será responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de estas; así como establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y financieras.
La Gestora es una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Deberá presentar Estados Financieros propios y de los fondos administrados, auditados por una Empresa de Auditoría Externa, al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Contraloría General del Estado, al Organismo de Fiscalización y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El régimen de inversiones de los Fondos del SIP está establecido por la Ley N°065, en base a calificación de riesgo, diversificación y tipo de instrumento, y no está sujeto a discrecionalidades del administrador.
El noventa y cinco por ciento (95%) de las inversiones de cada Fondo administrado debe mantenerse en Entidades de Depósito de Valores debidamente autorizadas por la Ley N°1834 del Mercado de Valores
Existen sanciones para las personas que destinen los recursos del SIP para cualquier fin ajeno a lo dispuesto la Ley N°065 y los responsables serán sancionados de acuerdo al Delito de Uso Indebido de recursos.
La Gestora está bajo a supervisión, regulación y fiscalización del Organismo de Fiscalización y además estará sujeta al Control Social, la cual puede ser aplicada por cualquier asegurado al SIP.

En este sentido, existen las suficientes garantías para que los aportes y los Fondos del SIP estén seguros bajo la administración estatal de la Gestora, por lo que es responsabilidad de nosotros como asegurados tomar conocimiento de la normativa y evitar la difusión de afirmaciones erradas o planteamientos de supuestos, que traten de impedir el inicio pleno de sus actividades, recalcando que este evento fue esperado por muchos trabajadores desde el cambio del régimen de pensiones el año 2010.

Empresas Públicas invierten Bs2.453 millones en proyectos productivos

2 years ago

Por: Gonzalo Callisaya, economista

Las empresas públicas juegan un rol importante en el actual modelo económico vigente, proveen servicios básicos, generan excedentes y sus inversiones productivas impulsan el dinamismo de la economía.

La pandemia del COVID-19 tuvo un fuerte impacto en las empresas estatales acentuado por la mala administración del gobierno de facto que las quiso llevar a su liquidación; sus ingresos y ganancias se desplomaron, en esta situación las empresas redujeron sus costos y se endeudaron para obtener liquidez que les permitiera sobrellevar la situación.

Sin embargo, actualmente las empresas públicas han tomado medidas y están en plena recuperación, ya que, entre enero y agosto de este año, la ejecución del presupuesto de inversión de las empresas públicas ascendió a Bs2.453 millones, resultado de la aplicación de las medidas del gobierno nacional en relación con la reactivación de la economía.

Según datos del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), las cinco empresas que reportan mayor ejecución presupuestaria de inversión en este periodo son: Empresa Siderúrgica del Mutún (59,4%), Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (54,2%), Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL (46,3%), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos – EBIH (39,3%) y Empresa Nacional de Electricidad – ENDE (38,6%). Dichas empresas ejecutaron un total de Bs1.567 millones, que representan el 64% de lo ejecutado por el total de las empresas que, a la fecha, tienen proyectos en marcha programados para 2022.

Fuente: SISIN/VIPFE/MPD

Los niveles de ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión en las empresas públicas son reflejo de la recuperación de la economía, no solo en términos actuales sino también potenciales, toda vez que implican mayores operaciones a futuro, así como efectos multiplicadores y fuentes de empleo (directo e indirecto), en línea con los preceptos Modelo Económico Social Comunitario Productivo (redistribución del excedente en nuevos emprendimientos generadores de ingreso y empleo, y programas sociales para erradicar la pobreza), los Ejes y Metas del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 (Reconstrucción de la Economía, Industrialización con Sustitución de Importaciones, entre otros), y los esfuerzos realizados mediante los planes de desarrollo para incrementar los niveles de inversión en empresas no vinculadas con la actividad petrolera, como las empresas mineras, de electricidad, de servicios, de insumos para la producción agrícola, entre otras.

Los Bs1.567 millones ejecutados se concentran en proyectos relacionados con plantas de generación de energía, fabricación de laminados de acero y producción de fertilizantes.

Fuente: SISIN

Finalmente, como se puede apreciar en los datos expuestos, las empresas públicas, son entidades importantes en nuestra recuperación económica, hay que apoyarlas y trabajar en su fortalecimiento, para que nuestras empresas estatales, sean prosperas para consolidar una recuperación económica sólida.

Censo técnico y transparente

2 years ago

Por: Verónica Huarina, economista

En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.

La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.

A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.

Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.

Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.

Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.

Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.

Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.

Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.

Nacional

Analista considera que los paros cívicos “abusan del esfuerzo de la gente”

2 years ago

Los anuncios de paro cívico resuenan en torno a la fecha del Censo de Población y Vivienda, y la respuesta desde el ámbito académico no se hace esperar. El analista económico Juan José Bedregal considera que los ruidos políticos como amenazas de paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz, no frenarán la reactivación de la economía. “Los paros cívicos abusan del esfuerzo de la gente que quiere trabajar y recuperar el dinero perdido durante la pandemia”, sentenció.

Consultado por el programa “Primer Plano” de Bolivia TV, el especialista mencionó que “todos los paros que ha convocado el Comité cívico cruceño se han cumplido a media máquina; también podemos esperar que, a medida que se va abusando de esta medida de presión, también se abusa del esfuerzo de la gente”, en referencia a las pérdidas diarias por aproximadamente $us30 millones que se registran por cada día de paro en la ciudad de Santa Cruz.

La población cruceña se enfrenta a la disyuntiva entre trabajar y obedecer los dictámenes de la casta cívica.

Adicionalmente, manifestó que “los pequeños empresarios, comerciantes, gremiales y transportistas no van a estar dispuestos a soportar más pérdidas, ya que la gente quiere trabajar y recuperar esa platita que se ha desahorrado durante la pandemia”.

El anuncio del llamado “Cabildo por el Censo”, de realizar un paro indefinido en Santa Cruz si el gobierno nacional no cambia la fecha del Censo de Población y Vivienda para 2023 ha despertado críticas en gran parte de la sociedad boliviana, fundamentalmente de los sectores productivos de la urbe cruceña. Ya en días previos a la convocatoria al cabildo, las asociaciones gremiales se pronunciaron en contra del llamado a paro de 72 horas que promovía el gobernador Fernando Camacho.

Horas después, el grupo de ciudadanos que asistió al cabildo desautorizó la propuesta de Camacho, aprobando un plazo hasta el 22 de octubre para que el gobierno nacional publique en la Gaceta Oficial que el censo se desarrollaría en 2023, a pesar de no haber fundamentado técnicamente esta fecha en el documento que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) presentó ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mismo que tan sólo contaba con 2 páginas de propuesta, engrosadas con correspondencia institucional de la universidad y fotocopias de la presentación del INE en la socialización del censo.

El cabildo de las mentiras contra el censo

2 years ago

Por: Juan José Bedregal, analista económico

En los últimos años, los bolivianos hemos sido testigos de una serie de movilizaciones alentadas por matrices de desinformación. Sin ir muy lejos, el 2021 inició con marchas de colectivos antivacunas, y hoy se concreta un cabildo en Santa Cruz alentado por una campaña mediática y política llena de falsedades en torno al Censo de Población y Vivienda. Se han tejido mitos en torno a la distribución de recursos, un supuesto plazo constitucional de 10 años que no consta en ninguna normativa, e incluso se tergiversaron las atribuciones del INE.

Los promotores del Cabildo hacen creer a sus seguidores que el Censo redistribuirá recursos a los gobiernos subnacionales en función a la población. Lo cierto es, que la distribución poblacional se aplica tan sólo a una de estas fuentes, que es la coparticipación tributaria de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. Por si fuera poco, según datos oficiales, la coparticipación tributaria representa menos del 8% de los ingresos de los gobiernos autónomos departamentales. Las demás fuentes, como el IDH, Regalías Hidrocarburíferas, Transferencias del nivel central del Estado y Recursos Propios, no dependen de los datos del Censo.

Otro de los mitos en torno al Censo es que éste debería realizar legalmente cada 10 años; algunos usuarios de redes sociales e incluso el gobernador Fernando Camacho sostienen esta quimera. Lo cierto es, que no existe ninguna normativa que establezca un plazo de 10 años para la realización de los censos en el bloque de constitucionalidad vigente. Este plazo no está consignado en ningún apartado de la carta magna, ni en ninguna ley o decreto supremo vigente.

La politización de la temática del censo ha llegado al extremo de hacer creer a ciertos sectores de la población que el Instituto Nacional de Estadística tiene como “única función” realizar el Censo. Estas versiones desconocen la Ley N°1405 otorga al INE otras 12 atribuciones además de los Censos oficiales. El INE, en su calidad de ente rector de la estadística oficial a nivel nacional, cumple muchas funciones más allá del censo.

Como remate de este cóctel de desinformación, está la autodenominada “Comisión Interinstitucional del Censo” conformada por la Gobernación de Santa Cruz, cívicos cruceños y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Esta comisión presentó con bombos y platillos un documento que (según ellos) argumentaba técnicamente la idea de realizar el Censo en 2023. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que la propuesta técnica contenía tan sólo dos páginas con dos tablas y menos de 100 caracteres escritos, sin ninguna fundamentación técnica. Por si fuera poco, el legajo de 128 páginas contenía correspondencia institucional de la Universidad y fotocopias de la propia presentación del INE en la socialización del censo para inflar su contenido.

La “propuesta del censo 2023” de la UAGRM, con solo 2 páginas.

Un documento tan escasamente sustentado demuestra que el censo es una tarea más técnica que política, en donde deben trabajar estadísticos, economistas, informáticos, cartógrafos, etc., pero no políticos. Un cabildo no tiene tuición alguna sobre una actividad netamente técnica: basta con verificar cuántos especialistas en estadística participarán en el rol de oradores; puedo pronosticar que ninguno.

Un cabildo no es una instancia técnica para definir la fecha del censo. Es solamente una reunión de personas afines a una posición política, que no tienen la mínima intención de escuchar a profesionales del área, y que estarán presentes para reforzar la agenda y las resoluciones preparadas por aquellos que instalaron el discurso de desinformación en torno al censo. Un enorme y costoso mecanismo para mirarse el ombligo entre convencidos sin escuchar criterios técnicos. Nada más lejano a la “democracia participativa” que busca otorgar legitimidad e incluso efectividad legal al evento.

En conclusión, el llamado “cabildo por el censo” es la culminación de una sumatoria de mentiras promovidas por la casta cívica cruceña y sus medios de comunicación. Sin embargo, cuando los políticos que crearon ese discurso se proponen elaborar un documento técnico, no logran completar la tarea. Simple y llanamente, porque el gobernador, los cívicos y el rector de la universidad cruceña no tienen interés en el aspecto técnico del Censo; su tarea es hacer política, y eso están haciendo.

Nacional

Analistas ven falta de seriedad en propuesta de la UAGRM sobre el censo

2 years ago

Tras conocerse la reducida extensión y falta de sustento técnico de la propuesta del censo 2023, elaborada por el Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y los cívicos cruceños, surgen cuestionamientos hacia la seriedad de la misma. Analistas consideran que el documento confirma su intención política y que es necesario que los políticos dejen de intentar manipular un calendario que debe ser definido por criterios netamente técnicos.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno UAGRM, durante la presentación de la “propuesta” para realizar el Censo en 2023.

En conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, presentó el documento del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, mismo que carece de sustento técnico y, al contrario, tiene un «tinte político», destacando que la universidad cruceña planteaba como un lapso tentativo del empadronamiento junio de 2023, pero no supo justificar técnicamente su propuesta.

Al respecto, el analista económico Juan José Bedregal considera que la propuesta de tan sólo 2 páginas revela falta de seriedad en la propuesta de realizar el censo en 2023. “De 128 páginas, sólo 2 contienen la propuesta, que además está insuficientemente respaldada; esto revela que se elaboró un documento sin conocimiento técnico, buscando únicamente justificar posiciones políticas. De esta forma sólo se justifica la necesidad de que cada etapa del censo se tome su tiempo y que el cronograma de extienda como está previsto, hasta 2024”.

“La propuesta de la UAGRM y los cívicos cruceños muestra lo que ocurre cuando los políticos se hacen cargo de actividades estrictamente técnicas; cuando la Comisión Interinstitucional presentó su documento, anunció que tenía una propuesta técnica, pero hoy vemos que lo técnico fue lo último en la elaboración de ese documento. Una actividad tan importante como el Censo no puede sujetarse al antojo de políticos que se disfrazan de técnicos”, sentenció el analista.

El documento presentado por algunas instituciones cruceñas tiene un total de 127 páginas, de las cuales sólo 2 corresponden a la “Propuesta para el Censo en 2023”:

Antecedentes: alrededor de 28 páginas, que básicamente cuentan la historia de cómo se habría conformado la autodenominada “Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo”.
Comentarios a la propuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE): 18 páginas;
Propuesta de la UAGRM para un Censo en 2023: solamente 2 páginas;
Actas de reuniones: 3 páginas;
Fotocopias de la presentación del INE: 34 páginas;
Notas enviadas a diferentes entidades: 25 páginas;
Notas de respuesta a las anteriores: 17 paginas.

Por su parte, el economista Miguel Ángel Clares considera que la gobernación y la universidad pública cruceña “sólo pretenden politizar el tema del censo. Lastimosamente todas estas acciones tienen un costo para el país, y son sólo grupos minoritarios que buscan generar conflictos por intereses personales”.

“A la gobernación y universidad pública de Santa Cruz no les interesa el bienestar de su departamento y el del país. Todos los argumentos y propuestas que realizan carecen de elementos técnicos, académicos, profesionales y hasta éticos”, concluyó el economista.

La propuesta del Censo para 2023 constaba de sólo 2 páginas y no acompañó ningún sustento técnico.

“Es una pena que quieran hacer otra vez medidas de presión con un documento incompleto y sin sustento técnico, eso es irresponsable”, afirmó el Ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa.

El Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz no ha expresado posición alguna sobre la posición de Planificación y el INE. Y el Comité pro Santa Cruz ratificó la realización del cabildo del viernes, que definirá protestas contra la postergación del Censo.

A través del Decreto Supremo 4760, el Gobierno postergó el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024, medida que generó protestas solo en Santa Cruz.