Economía y Más

La Paz, 22 de noviembre de 2022.- El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 perfila una inversión pública de $us 4.006 millones y el pago de bonos sociales para preservar el bienestar de la población.

El Órgano Ejecutivo envió el proyecto de ley del PGE 2023 a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 31 de octubre de 2022, como establecen los plazos de la Constitución Política del Estados (CPE) para su respectivo análisis y tratamiento.

El PGE tiene el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad y continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes.

En términos macroeconómicos, el PGE proyecta una tasa de crecimiento del 4,86%, un nivel de inflación del 3,57%, y en el balance fiscal un déficit de -7,49%; además de mantener la política cambiaria.

Con el PGE 2023 se proyecta un presupuesto agregado de Bs 317.129 millones y un presupuesto consolidado de Bs 243.950millones, según datos del Ministerio de Economía.

INVERSIÓN PÚBLICA

Para el próximo año se perfila una inversión pública por $us 4.006 millones, de ese monto se destinará el 42% al sector productivo ($us 1.671 millones) para ejecutar proyectos en el rubro agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía.

Al sector social se destinará el 26% ($us 1.024 millones) para proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda.

El rubro de infraestructura tendrá el 24% de la inversión con $us 959 millones en proyectos de comunicaciones, recursos hídricos, transportes.

En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) la inversión pública juega un rol fundamental para dinamizar las actividades económicas con la ejecución de proyectos de gran infraestructura.

POLÍTICAS SOCIALES

El PGE garantiza los recursos económicos para mantener las políticas sociales como el pago del Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy, además de la ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave.

De igual forma se contempla el presupuesto para mantener la subvención de hidrocarburos y alimentos para preservar la estabilidad de precios de la canasta familiar.

En ese contexto se destinará Bs 437millones para la subvención de alimentos y Bs 7.642 millones para hidrocarburos.

La Paz, 22 de noviembre de 2022.– El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 destina Bs 50.986 millones para los sectores de salud y educación.

De acuerdo con el detalle proporcionado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, para el sector de educación se destinará un presupuesto de Bs 26.347 millones, es decir un 10,8% del PGE consolidado.

En tanto, para salud se otorgará Bs 24.639 millones (10,1% del PGE consolidado), mientras que para Gobierno Bs 5.346 millones (2,2%) y Defensa Bs 4.401 millones (1,8%).

Con el PGE 2023 se proyecta un presupuesto agregado de Bs 317.129 millones y un presupuesto consolidado de Bs 243.950millones.

Para el próximo año se perfila una inversión pública por $us 4.006 millones, de ese monto se destinará el 42% al sector productivo con $us 1.671 millones para ejecutar proyectos del sector agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía.

El sector social con 26%, es decir $us 1.024 millones en la ejecución de proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, cita un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El rubro de infraestructura tendrá el 24% de la inversión pública con $us 959 millones en proyectos de comunicaciones, recursos hídricos, transportes.

En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) la inversión pública juega un rol fundamental para dinamizar las actividades económicas con la ejecución de proyectos de gran infraestructura.

La Paz, 22 de noviembre de 2022.- Con el fin de fortalecer la producción de hortalizas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) concretó este martes convenios de financiamiento por Bs 17,9 millones con 32 municipios del país .

El acto de firma de convenios se desarrolló en La Paz, entre el MDRyT, la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) y los Gobiernos Autónomos Municipales en el marco del “Programa Nacional de Hortalizas”.

En la oportunidad, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, indicó que la meta es fortalecer las capacidades productivas de cada una de las regiones con nuevas tecnologías que permitan incrementar el rendimiento de los cultivos.

Según datos del MDRyT, son 11 los municipios beneficiados en La Paz; 1 en Oruro; 4 en Potosí y Cochabamba; 5 en Chuquisaca y Tarija, y 2 en el departamento de Santa Cruz.

El director de la IPDSA, Víctor Hugo Vásquez, informó que se fomenta las capacidades en producción primaria, cosecha, post cosecha y comercialización de cultivos de tomate, zanahoria, cebolla, haba y arveja, con el propósito de brindar seguridad alimentaria para los bolivianos.

La Paz, 22 de noviembre de 2022.- De acuerdo con el último reporte de la Aduana Nacional el número de operadores de comercio incrementó de 3.222 registrados en la pasada gestión (2021) a 19.082 habilitados hasta el 28 de octubre de 2022, los cuales, legalmente pueden importar y exportar mercadería en Bolivia .

El operador de comercio exterior es toda persona natural o jurídica interviniente en los regímenes aduaneros, previstos en la Ley General de Aduanas, sin excepción alguna. Asimismo, el importador es la persona que presenta mediante una Agencia Despachante de Aduana la declaración de mercancías para su despacho.   

Por tanto en los últimos 10 meses, la entidad aduanera habilitó a 15.860 personas para realizar operaciones de comercio exterior.
    
De los 19.082 operadores habilitados en el país, 16.134 son importadores, 963 exportadores, 1.559 transportadores internacionales terrestres carretero de carga, 311 Agencias Despachantes de Aduana, 61 empresas de consolidación y desconsolidación de carga internacional, 15 transportadores internacionales aéreos, 13 empresas de servicio expreso (Courier), nueve usuarios de depósito aeronáutico, entre otros.

Santa Cruz, 22 de noviembre 2022.- Hasta hoy, las pérdidas económicas causadas por el paro cívico en Santa Cruz ascienden a $us 1.080 millones, monto equivalente al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, afirmó el diputado del MAS, Omar Yucra.

El legislador hizo este balance luego de señalar que, en la sesión prevista para hoy, donde se aprobará la Ley del Censo, también se debe valorar el impacto del daño económico ocasionado por la medida.

“En esta sesión también será momento de analizar los daños económicos causados por el paro en Santa Cruz. Estamos hablando de $us 1.080 millones de pérdidas que representan el 2,5 por ciento del PIB”, concluyó en entrevista con Bolivia Tv.

Yucra desagregó la afectación económica por sector. Al menos siete mil unidades productivas de micro y pequeñas empresas vieron afectados sus ingresos en el orden del 70% al 80 %; mientras que las empresas públicas, como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Boliviana de Aviación (BoA) y Vías Bolivia, perdieron alrededor de $us 300 millones.

El diputado oficialista también subrayó la afectación en el ámbito social, con la vulneración de los derechos fundamentales de todo boliviano, la pérdida de vidas humanas, violaciones y agresiones a la población cruceña.

El paro cívico fue promovido por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el Comité Cívico y el Comité Interinstitucional, bajo el argumento de exigencia de que el Censo se realice en 2023. El Gobierno determinó que la fecha del evento censal se realice en consenso nacional y convocó a autoridades de todo el país para definir este aspecto.

Dichas autoridades optaron a que una mesa técnica defina la fecha, la misma que recomendó la realización del empadronamiento nacional entre marzo y abril de 2024. En este contexto, el presidente Luis Arce determinó que el Censo se efectúe el 23 de marzo de 2024.

La Paz, 22 de noviembre de 2022.- El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos, afirmó este lunes que el transporte terrestre y aéreo registraron una pérdida económica de más de Bs 60 millones por el paro indefinido y bloqueos en Santa Cruz.

En primera instancia señaló que el número de pasajeros afectados por el transporte terrestre por día en esta región es de 5.370.

En este sentido, se registra una pérdida de Bs 724.950 por día que afecta a las empresas de este rubro por los bloqueos que han paralizado las salidas e ingresos a la capital cruceña.

Por consiguiente, en estos 31 días se tendría un perjuicio económico de alrededor Bs 19 MM en el transporte terrestre de pasajeros.

Ríos también precisó que el servicio de pasajeros de transporte aéreo se perjudicó, registrando una pérdida de Bs 46 MM.

“Hemos hecho una recapitulación de información a los operadores que son el 89 % de pérdidas y el 11 % del servicio aeroportuario que es lo que sí podemos especificar, es la cifra de pérdidas que hemos recibido de los operadores”, precisó.

Las empresas aéreas en estos días de paro indefinido registraron daños económicos considerables, siendo Amazonas con Bs 20 MM, BOA con Bs 20 MM y Eco Jet con Bs 0,13 MM. Haciendo un total de Bs 41,16 MM de afectación económica en el transporte aéreo nacional.

Finalmente, la ATT pone en disposición de la población general la línea 80010600 para dar a conocer sus quejas sobre el paro y bloqueos que afectan a la región.

La Paz, 22 de noviembre de 2022.- Para el siguiente año, el Gobierno, a través del PGE 2023, destinará Bs 8.079,2 millones para subvencionar alimentos e hidrocarburos, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Estos Bs 8.079 millones son superiores en 58,7% respecto a lo destinado en 2022 para la subvención de alimentos, servicios básicos e hidrocarburos, según los datos del PGE 2022.

“En términos de subvención en acopio y comercialización de alimentos e hidrocarburos tenemos ahí la subvención a alimentos 437,2 millones de bolivianos y en hidrocarburos 7.642 millones de bolivianos”, dijo la autoridad.

De los Bs 437,2 millones para la subvención de alimentos, Bs 219 millones es para el maíz, Bs 168 millones para el trigo y Bs 50 millones para arroz.

En 2022 se destinó Bs 168,1 millones para la subvención de los alimentos.

En el caso de hidrocarburos, en el PGE 2023 se prevé erogar Bs 7.642 millones, un aumento del 59% respecto a los destinado en 2022 que era de Bs 4.794,6 millones.

Para el diésel oíl se destinó Bs 4.705 millones, para insumos, aditivos y gasolina Bs 2.637 millones,  para incentivo a la producción de petróleo Bs 157 millones, para el engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Bs 106 millones y para gas oíl Bs 37 millones.

A causa de la guerra entre Rusia y Ucrania los costos de los energéticos registraron se incrementaron en el mundo, según determinó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 asigna un total de Bs 7.410 millones para los cinco bonos sociales: Renta Dignidad, Juana Azurduy, Juancito Pinto, Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el bono mensual para Personas con Discapacidad.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, presentó este lunes el PGE 2023, para el inicio del análisis del mismo.

Los datos dan cuenta de que se asigna Bs 6.424 millones a la Renta Dignidad para un total de 1.258.932 beneficiarios.

En el caso del bono Juancito Pinto, el presupuesto asignado es de 473 millones para 2.361.058 beneficiarios.

Para el Juana Azurduy se asigna Bs 187 millones para 224.857 beneficiarios; al Subsidio Prenatal se asigna Bs 163 millones para 142.348 beneficiarios; y para el bono mensual de Personas con Discapacidad Bs 163 millones para 54.548 beneficiarios.

“Las políticas sociales están incorporadas en el presupuesto y están plenamente garantizadas”, sostuvo Montenegro.

La Renta Dignidad está destinada a todo adulto mayor de más de 60 años de edad.

El bono Juana Azurduy fue creado para la disminución de las tasas de mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años.

“El bono Juancito Pinto permite incentivar la matriculación y reducción de la deserción escolar, a fin de fortalecer la educación en beneficio de la niñez y la adolescencia”, informó.

En el caso del Subsidio Universal Prenatal, está destinado a mujeres gestantes que no están registradas en ningún ente gestor del seguro social de corto plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal.

En tanto, el bono mensual para Personas con Discapacidad es una ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave.

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- Entre enero y octubre de este año, el movimiento de carga boliviana por el puerto peruano de Matarani reportó un incremento del 120% respecto al mismo periodo del 2021, informó Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

El gerente ejecutivo de la ASP-B, Dante Justiniano, atribuyó el crecimiento en el movimiento de carga por Matarani a la reactivación económica boliviana, a las facilidades que se ofrecen a los operadores de comercio exterior, a las rebajas de tarifas, al incremento de la demanda interna y a la efectiva gestión logística de recepción y despacho de carga de la empresa estatal.

“Producto de las gestiones realizadas por la Administración de Servicios Portuarios Bolivia para el movimiento de carga por Matarani, este año se tiene un incremento récord que nos muestra que cerraremos esta gestión con cifras históricas”, aseguró.

De acuerdo con la ASP-B, entre enero y octubre de 2021, se movieron 65.398 toneladas (t) de carga por el puerto de Matarani y este año, en el mismo periodo, se registraron 144.037 t, es decir, 78.639 t más que representan un incremento del 120%.

Justiniano explicó que la ASP-B gestionó con el operador portuario TISUR una reducción tarifaria por Matarani, que en promedio representa un 25% de descuento, lo que permite mejorar la competitividad operativa y logística.

“Con el impulso de la gestión del presidente Luis Arce hemos implementado la política de reactivación del comercio exterior boliviano por puertos alternos a los tradicionales con buenos resultados, como demuestran las cifras del año pasado y este 2022”, precisó.

Justiniano enfatizó que la ASP-B está generando una gestión integral que se basa en buscar mejoras logísticas y de relacionamiento con la comunidad portuaria que permiten, en el marco de la reactivación económica, contribuir al comercio exterior boliviano para salir adelante.

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- Según los datos oficiales, la tasa de crecimiento del PIB pasa de 5,10%, proyectado para 2022, a 4,86% para el año siguiente; la inflación de 3,40%, en el PGE 2022, a 3,57%.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que los principales objetivos del PGE 2023 son garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y a la productividad, continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes y consolidar las políticas de acceso universal y gratuito a la salud y educación.

En cuanto al presupuesto agregado, pasa de Bs 304.045 millones, en 2022, a Bs 317.129 millones en 2023, lo que significa un incremento de 4,3%.

Y el consolidado pasa de Bs 235.090 millones, en 2022, a Bs 243.950 millones en el año siguiente, lo que implica un incremento de 3,8%.

“En términos consolidados de ingreso y gasto por nivel institucional vemos que órganos del Estado tienen un ingreso de Bs 128.493 millones y un gasto de Bs 84.160 millones; las empresas públicas un ingreso de Bs 79.588 millones y un gasto de Bs 77.690 millones”, detalló Montenegro. 

En el caso de los municipios éstos tienen un ingreso de Bs 8.655 millones y un gasto de Bs 17.476 millones; las gobernaciones tienen un ingreso de Bs 1.941 y unos gastos de Bs 8.052 millones.

La autoridad destacó el aporte de las empresas públicas que generan, en la mayoría de ellas, un exceso de ingresos sobre gastos, utilidades netas operativas y un resultado operativo positivo.

“El presupuesto consolidado de los ingresos de las empresas públicas representa un 32% del total; los órganos del Estado, 52%; y 14,7 % las entidades descentralizadas. Esto va a financiar todo lo que es el funcionamiento de órganos del Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas, administraciones municipales y departamentales, universidades públicas”, señaló.

En el tema de la recaudación tributaria de 2022 al 2023 existe un incremento de 6,1%, al pasar de Bs 50.470 millones a Bs 53.557 millones.

“En términos de ejecución de 2022, teníamos programado Bs 38.474 millones y hemos terminado ejecutando Bs 45.237 millones, o sea un 18,8 % más alto que lo que estábamos programando; estamos ejecutando más de lo programado”, dijo Montenegro.

Se programó que el presupuesto consolidado de operación de las empresas públicas será de Bs 61.111 millones; del total, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le corresponde Bs 46.248 millones; Boliviana de Aviación (BOA), Bs 2.713 millones; la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), 2.162 millones; la empresa minera Vinto, Bs 1.717 millones; la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Bs 1.209 millones; la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Bs 1.084 millones; y el resto de entidades públicas Bs 5.942 millones.

“En inversión pública, se establece un presupuesto de $us 4.006 millones; del que 42 % está destinado al sector productivo, con $us 1.671 millones; un 26 % al sector social con $us 1.024 millones; y 24% a infraestructura con $us 959 millones”, sostuvo, entre otros datos del PGE 2023. 

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- Desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) se prevé que el índice de la tasa de mora en el sistema financiero se incremente debido al paro indefinido que se cumple en Santa Cruz desde el 22 de octubre.

El director ejecutivo de la Asfi, Reynaldo Yujra, dijo que el paro en Santa Cruz impide que muchos acreedores puedan cumplir con sus deudas con las entidades financieras.

“Es previsible que, en los meses de noviembre, diciembre, el índice de morosidad se vaya a ver afectado, precisamente por todos los acontecimientos que han venido ocurriendo en Santa Cruz”, dijo el funcionario.

De acuerdo con los datos de la Asfi, hasta octubre de este año el índice de mora en las entidades financieras llegó al 2,2%, porcentaje menor al promedio de los países de la región que está en el orden del 2,8% y 3%.

Yujra lamentó que los sectores más afectados por el paro indefinido en Santa Cruz sean los microempresarios, mismos que no podrán cumplir con sus obligaciones bancarias.

“Este índice se va a ver afectado porque ahora vienen los tiempos en los que tienen que cancelar sus deudas y no van a poder hacerlo”, añadió.

Ante esa situación, el director de la Asfi recordó que el 11 de este mes se estableció la reprogramación de créditos en todo el país para los sectores que fueron afectados no solo por el paro en Santa Cruz sino para quienes se vieron perjudicados por los efectos climáticos.

“Hemos emitido el 11 de noviembre la carta circular 13514/2022 que establece la obligación para las instituciones financieras de atender solicitudes de reprogramación de todos quienes han sido afectados por esta situación económica, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país”, recordó.

Este lunes se cumplen 31 días de paro cívico en Santa Cruz en demanda de un Censo para el 2023. Pese a diversas reuniones, cumbres y mesas técnicas, la dirigencia cívica mantiene la medida.

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- En el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía nacional en el orden del 4,86%, menor en 0,24 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando se proyectó un 5,1%.

Además, se calculó una inversión pública de $us 4.006 millones para la siguiente gestión, cifra menor en $us 1.009 millones en relación a la estimación de 2022, cuando se proyectó 5.015 millones.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que las proyecciones económicas para el siguiente año tienen la finalidad de garantizar una inversión pública y una redistribución de los ingresos.

“Estamos en la siguiente gestión previendo elementos que puedan brindar soporte a la inversión pública y a la redistribución del ingreso”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa.

Según los datos presentados por la autoridad, se prevé un déficit fiscal de 7,49% menor a lo proyectado para 2022 que fue del 8,0%.

Mientras que se estimó una tasa de inflación de fin de periodo de 3,57% mayor a lo proyectado para 2022 de 3,3%. 

En tanto, la autoridad indicó que el proyecto destina mayores recursos en el presupuesto agregado y consolidado.

En el caso del presupuesto agregado pasa de Bs 304.045 millones en 2022 a 317.129 millones para 2023, un aumento del 4,3%.

De la misma forma, se prevé un aumento en el presupuesto consolidado de 235.090 en 2022 a 243.950 en 2023, un incremento del 3,8%.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe “Perspectivas Económicas Globales”, advirtió que “lo peor está por venir” en 2023.

Según el informe, la economía mundial “continúa enfrentando grandes desafíos” por los “efectos de la invasión rusa de Ucrania, una crisis de costo de vida causada por presiones inflacionarias persistentes y crecientes y la desaceleración en China”.

Además, que el conflicto bélico continúa desestabilizando la economía global, que derivó a una grave crisis energética en Europa, que está aumentando drásticamente los costos de vida y obstaculizando la actividad económica.

El Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del PGE 2023 para su tratamiento y posterior aprobación.

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) se proyecta una inversión pública por $us 4.006 millones, el 42% de ese monto será destinado al sector productivo con $us 1.671 millones.

Esos recursos serán para ejecutar proyectos del sector agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía.

En tanto, el sector social tendrá el 26%, es decir $us 1.024 millones en la ejecución de proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda.

El rubro de infraestructura tendrá el 24% de la inversión pública con $us 959 millones en proyectos de comunicaciones, recursos hídricos, transportes.

En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) la inversión pública juega un rol fundamental para dinamizar las actividades económicas con la ejecución de proyectos de gran infraestructura.

El PGE 2023 garantiza los recursos económicos para mantener las políticas sociales como el pago del Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy, además de la ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave.

“Nuestras políticas sociales están incorporadas en el Presupuesto y están plenamente garantizadas”, remarcó Montenegro.

De igual forma se contempla el presupuesto para mantener la subvención de hidrocarburos y alimentos para preservar la estabilidad de precios de la canasta familiar.

En ese contexto se destinará Bs 437 millones para la subvención de alimentos y Bs 7.642 millones para hidrocarburos.

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- Las instituciones descentralizadas del Ministerio de Obras Públicas: Boliviana de Aviación (BoA), Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Vías Bolivia y la Terminal Bimodal reportaron una pérdida económica de más de Bs 197 millones por 28 días de paro en Santa Cruz.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó la medida del Comité Interinstitucional como ilegal ya que está obligado y afecta a las personas que generan ingresos por día.

“Nuestras instituciones descentralizadas han perdido ya más de 197 millones de bolivianos que bien podrían haber servido para la construcción de más viviendas, telecomunicaciones, infraestructura para Santa Cruz y para toda Bolivia”, dijo en conferencia.

Ya el 3 de noviembre, por 12 días de paro, el Ministerio de Obras Públicas detalló que la institución que mayor pérdida reportó fue la ABC con Bs 48 millones.

Luego la Terminal Bimodal con Bs 15,3 millones, Vías Bolivia con Bs 9,3 millones y BoA con 8,7 millones.

Según Montaño, las pérdidas registradas en 28 días de paro son responsabilidad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente cívico, Rómulo Calvo.

Por tanto, afirmó que la justicia llegará y ambas personas tendrán que responder por los daños ocasionados al pueblo de Santa Cruz. 

“La justicia va a llegar y entonces tendrán que responder el señor Calvo y el señor Camacho que han gestado, que han manipulado y que han mentido a la población cruceña”, añadió.

Lamentó que en los puntos de bloqueo se violen los derechos de las personas al no permitir la libre transitabilidad.

Además, reprochó que se hayan derribado unos 200 árboles para bloquea las vías. 

También deploró las muertes que se registraron a causa del paro indefinido que este sábado ya cumplió su día 29.

La Paz, 21 de noviembre de 2022.- La superficie de tierra bajo riego llegará este año a 555.994 hectáreas. Más de 28.000 familias de pequeños y medianos productores agrícolas son beneficiarios directos de los programas de riego del Gobierno, que mejorar la capacidad productiva y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta octubre de este año el incremento de la superficie con riego llegó a 548.656 hectáreas con la proyección de alcanzar hasta fin de año las 555.794 hectáreas, lo que implica un incremento de 2,6%.

“Se ha logrado incorporar 29.060 nuevas hectáreas bajo riego, con una inversión ejecutada de Bs 1.199 millones, entre enero 2021 a octubre de este año, a través de estas acciones se contribuye a la seguridad alimentaria del país y al incremento de la capacidad productiva de aproximadamente 28.000 familias de pequeños y medianos productores agrícolas a nivel nacional”, da cuenta el informe presidencial del 8 de noviembre, a dos años de gestión del Gobierno de Luis Arce.

Como parte de las iniciativas de riesgo, está el programa ‘Rumbo a la Soberanía Alimentaria con Tecnología de Riego’ con $us 35 millones para fortalecer en 47 municipios los cultivos de papa, cebolla y tomate. Pondrá 5.000 hectáreas adicionales bajo riego.

Los sistemas de riego tecnificado están diseñados para proveer eficientemente agua, fertilizantes y nutrientes a los cultivos. Dentro de los principales beneficios que ofrece la tecnificación de riego está la disminución del consumo de agua en las parcelas.

De acuerdo con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre las recientes construcciones de sistemas de riego tecnificado está el del Ayllu Sullcana, municipio de Santiago de Huari de Oruro, donde se tendrá disponibilidad de agua para riego con el fin de mejorar la producción agrícola con una inversión de Bs 2,6 millones, en beneficio de 105 familias del sector.

También están la construcción de la Presa y Sistema de Riego Valles de Tarabuco y el Sistema de Riego Anfaya del Peral, ambos en el departamento de Chuquisaca, con un avance físico del 75% y 80% respectivamente. Se beneficiarán del proyecto 642 familias de la región.

“Ambos proyectos son de alto impacto y representan una promesa de desarrollo y mejora en la calidad de vida de los comunarios, ya que con la implementación de esta tecnología se podrá diversificar y potenciar la producción agrícola, lo que generará mayores ingresos económicos para los productores, evitando así la migración de sus habitantes jóvenes”, informó el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, en una nota de prensa.

En el municipio de Huayllamarca de Oruro, con una inversión de más de Bs 23.6 millones, empezó en septiembre la construcción del ‘Sistema de Riego Presa – Cawallicala’ que beneficiará a 199 familias de tres comunidades, que incursionarán en la producción de forraje hidropónico.

“El proyecto promete incrementar 270 hectáreas de superficie agrícola bajo riego para diversificar la producción de la zona”, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025, el Gobierno realiza la gestión de financiamiento para dos programas estratégicos que demandarán una inversión de aproximadamente $us 650 millones en territorios y poblaciones vulnerables a los efectos del cambio climático.

Uno de estos programas es el de ‘Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca’, mediante el cual se implementará proyectos integrales con construcción de presas, embalses, sistemas de aducción y conducción para riego, así como medidas para la recuperación y conservación de cuencas.

El segundo programa es el denominado ‘Para una Bolivia Climáticamente Inteligente y Resiliente’, que tiene por objeto incrementar la resiliencia de la población más vulnerable a nivel nacional ante eventos hidrológicos extremos como las sequías e inundaciones y la adaptación al cambio climático en cuencas, a través de la planificación e implementación de proyectos de manejo integral de cuencas, aprovechamiento de recursos hídricos y sistemas de riego menores.

No obstante, en noviembre, el Gobierno reafirmó su compromiso de llegar con proyectos de presas, atajados, cosechas de agua para riego y consumo humano en los sitios donde hace falta.

“Sabemos que hay muchas comunidades y lugares donde todavía no hemos llegado, pero aquí queremos reafirmar nuestro compromiso para llegar con los proyectos. Seguiremos haciendo este trabajo”, anunció el presidente Luis Arce en el municipio de Padilla en Chuquisaca.
Soberanía alimentaria

Los sistemas de riego se combinan con los programas productivos como parte de las políticas de reactivación productiva y apoyo a la producción agropecuaria. para garantizar la soberanía alimentaria en el país.

En otro de los datos brindados por el presidente Arce, en su informe por dos años de gestión, dio cuenta de que dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 -2025, el Gobierno creó 10 programas productivos con una inversión de Bs 2.500 millones, desde el año pasado.

Entre estos programas está el Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas que tiene un presupuesto de Bs 111,4 millones y realiza actividades para incrementar los rendimientos de los cultivos de cebolla, tomate, zanahoria, arveja y haba.

También está el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones en Bolivia con una inversión de Bs 122,1 millones, que prevé fortalecer e incrementar la producción del algodón en zonas tradicionales y potenciales con el objetivo de reducir la importación de este producto

Potosí, 20 de noviembre de 2022.- Las comunidades de La Ciénega y Casa Grande se beneficiaron con la provisión de los servicios de telefonía móvil y acceso a internet de alta velocidad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.), lo que fortalecerá su actividades económicas y educativas.

Ambas localidades se encuentran en el municipio de Mojinete, departamento de Potosí, y cerca de la frontera con Argentina.

Las comunidades cuenten hoy con las modernas prestaciones tecnológicas, como consecuencia de la ejecución del proyecto “Instalación de comunicaciones por Radio Base – Fase III”, según un reporte institucional.

El alcalde de Mojinete, Martín Mamani, aseguró que la conectividad habilitada en La Ciénega será fundamental para fomentar la producción agrícola de la región, principalmente, cultivos de cereales y frutas como manzanas y duraznos.

También impulsará la promoción de varios atractivos turísticos, entre ellos un camino que jamás es iluminado por el sol porque está en un cañadón flanqueado por peñas de hasta 150 metros.

“Tenemos muchos atractivos íntegros que no se están disfrutando. Hay riqueza turística. Hay riqueza mineralógica”, aseveró.

El corregidor del cantón Casa Grande, Feliciano Mamani, destacó que con la telefonía móvil y el acceso a internet se fortalece el desarrollo local, termina la era de la comunicación con líneas físicas de alambre y radios que estaban a largas distancias.

“Anteriormente no teníamos línea telefónica (móvil), hablábamos (por teléfonos) con alambrito, después de eso teníamos radio y ahora tenemos una radio base (…) Ahora gracias a Dios tenemos esta comunicación aquí en nuestro hogar”.

Asimismo, el profesor de primaria Basilio Betancourt afirmó que la conectividad provista por ENTEL S.A. la comunidad Casa Grande deja de “estar en tinieblas” y sus estudiantes ya no caminan de 20 a 30 minutos para encontrar una señal de telecomunicaciones.

“Ya tenemos la comunicación plena las 24 horas, es un beneficio íntegro que en realidad nos ayuda”, sostuvo.

El educador mencionó que la posibilidad del uso de computadoras portátiles de la empresa Quipus que tiene la unidad educativa del lugar será un beneficio más del acceso a internet de alta velocidad.

La Paz, 20 de noviembre de 2022.- Es parte del recuento de daños de los 30 días de paro indefinido en Santa Cruz. Entre muchas otras pérdidas, una de las que más duele a los cruceños y bolivianos es que se dañó fuertemente su imagen internacional.

Publicaciones especializadas en negocios e inversiones, sacan o relegan a Santa Cruz de sus listas de las ciudades más atractivas. En el mismo sentido, hay opiniones y comentarios sobre la difícil situación que se plantea para el futuro cruceño por sus constantes conflictos con el poder central.

Aunque todavía hay fe en reactivar su poder económico como el motor productivo del país, también es evidente que cada vez hay más voces de preocupación después de lo ocurrido en 30 días de paro cívico por el Censo.

Por ejemplo, según el analista Vladimir Peña, los efectos económicos se sentirán en el corto plazo, pero en el mediano plazo el golpe se sentirá en los indicadores macro y también en una disminución en la llegada de inversiones y planes de negocio para la región.

“Es una pena, pero también se está afectando la imagen que tenía Santa Cruz como motor de la Economía”

Dese la Cainco, se piensa en que se puede echar por tierra todo lo logrado en la última versión de la Feria Internacional (Expo 2022) donde se pasó de los 200 millones de dólares en intenciones de negocio, con la participación de 2.000 expositores entre nacionales y extranjeros, y con la presencia de 40 países. “Toda esta imagen de centro de negocios y de atracción de capitales está en cuestión, eso no se puede ocultar”, dijo a este medio una fuente de esta de organización.

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, admitió que la imagen de Santa Cruz se daña a nivel internacional y lamentó que las partes en conflicto prolonguen por tanto tiempo el paro y que se generen hechos de violencia.

“Se daña la imagen de Santa Cruz, sí, seguro, de una economía pujante y de motor de Bolivia”, señaló a los medios de prensa.

Pero hay algo más, el efecto negativo también se sentirá en los compromisos que los exportadores tienen en otros mercados, pues se genera un ámbito de desconfianza por tan largo conflicto social y político en esta región.

Mario Justiniano, presidente de la CAO, dijo que es lamentable que se haya llegado a extremos como el de cercar la ciudad y cortar las exportaciones, porque eso “lastima la imagen del país en los mercados internacionales”.

Explicó que para los exportadores es complicado abrir un mercado, “mucho más ahora que aún persisten algunos factores negativos propios de la pandemia y que surgen otros, producto de la guerra. Ahora costará recuperar la confianza de los mercados”.

Culpó de la difícil situación a posiciones intransigentes que hay en torno a la fecha del Censo.

Pero también hay algunas señales que llegan desde el exterior. Por ejemplo, según el reporte 2022 del Centro de Investigación y Mapa de Ecosistemas de Startups o empresas emergentes “Startup- Blink”, Santa Cruz está fuera de las 1.000 ciudades más atractivas para invertir en el mundo.

La presencia de Santa Cruz era infaltable en esta lista, y muchas veces en lugares excepcionales, pero ahora simplemente fue relegada. Algo parecido se puede ver en el “Global Business Cities 2022”, donde Santa Cruz está fuera de las 50 primeras ciudades más tractivas para invertir y hacer negocios de América Latina. Antes llegó a estar incluso entre las primeras 30. Lo propio ocurre en un estudio de “BloombergLínea”.  

La Paz, 20 de noviembre de 2022.- Frente al conflicto cívico y político en Santa Cruz, que ya lleva 30 días de paro, y por los fenómenos naturales que ocurrieron en otras regiones del país, la Asfi anunció una reprogramación de créditos en todo el país.

«Hemos realizado un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB), como entes rectores”, dijo el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra.

“Hemos emitido el 11 de noviembre la carta circular 13514/2022 que establece la obligación para las instituciones financieras de atender solicitudes de reprogramación de todos quienes han sido afectados por esta situación económica, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país», explicó en BTV.

Este domingo se cumplen 30 días de paro cívico en Santa Cruz, en demanda de un Censo para el 2023. Pese a diversas reuniones, cumbres y mesas técnicas, la dirigencia cívica mantiene la medida.

Sin embargo, hay sectores que manifestaron que no pueden aguantar más la medida, como los gremiales, microempresarios y transportistas que, además, piden que ahora se les apoye con la reprogramación de sus deudas.

En respuesta a este pedido, la Asfi determinó instruir a las entidades financieras esta reprogramación, pero no solo en Santa Cruz, también en todo el país.

«El prestatario puede con su entidad financiera renegociar las condiciones y plazos del préstamo. Esto no afectará a su historial», añadió Yujra.

El ejecutivo de la Asfi insistió en que se trata de una reprogramación y no de un diferimiento como ocurrió en 2020.

Igualmente, aclaró que la disposición tiene un alcance nacional para todos los prestatarios que presentan problemas en el pago de sus créditos, ya sea por sequias, incendios y, desde luego, por el paro cívico.

La demanda del Censo en 2023 lleva 30 días de paro en Santa Cruz y más de cuatro meses de debate, pero nada convence a la dirigencia cívica, pese a los llamados de poner fin a la medida, incluso de la misma iglesia Católica.

El Gobierno ya emitió un decreto que fija el día del Censo para marzo de 2023 y la entrega de los resultados en septiembre de ese año tanto para la redistribución de recursos como para los nuevos escaños.

Incluso la Asamblea Legislativa comprometió una ley en este sentido, pero la dirigencia cívica insiste en Censo en 2023 y se resiste a levantar el paro.

Las pérdidas son millonarias, $us 1.080 millones en general, $us 70 millones para la microempresa y $us 30 millones para el sector gremial.