Opinión

La Paz, 26 de septiembre de 2022.- La discusión sobre la capacidad de monetización del oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) es un tema que generó una serie de opiniones desde diferentes ángulos en estos días; sin embargo, poco se sabe sobre las mismas. Para comprender en facilito, el oro es un bien o activo de refugio, es decir, se recurre a este metal como medida de protección en un contexto económico de incertidumbre, sobre todo si las divisas pierden capacidad adquisitiva, de ahí que el oro cumple por excelencia la función de reserva de valor, semejante situación ocurre con el oro que forma parte de las Reservas Internacionales (RIN).

Pero las RIN del BCB no solo se encuentran conformadas por oro, sino también por divisas, entonces, ¿de qué depende su composición?, depende de varios criterios, entre ellos la rentabilidad, las necesidades de liquidez, el tamaño de la economía, el comercio internacional, el grado de precaución mencionado anteriormente, etc.

¿Quién debe definir los anteriores criterios? La Constitución Política del Estado señala en su artículo 328 que la administración de las Reservas Internacionales es atribución fundamental del BCB; en ese sentido, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las RIN tiene por objeto ampliar la capacidad administrativa del BCB en relación a las operaciones con el oro (compra y venta), medida oportuna e importante, más aún en un contexto de incertidumbre mundial, donde existen presiones inflacionarias, tensión geopolítica y continuos efectos de la pandemia del coronavirus y otros.

La importancia de la normativa es mayor si se analiza las cifras; según datos de Trading Economics (página especializada en el monitoreo de reservas en oro), a junio de 2022, Bolivia cuenta con 42,5 toneladas en reservas de oro, muy por encima de países como Perú (34,7 toneladas), Ecuador (33,8 toneladas), Paraguay (8,2 toneladas) y Colombia (4,7 toneladas), solo por debajo de países como Brasil (130 toneladas) y Argentina (61,7 toneladas). Por otro lado, en cuanto al porcentaje del oro en las RIN, Bolivia es el número 1 en América del Sur con el 56% (más de la mitad); por tanto, ampliar la capacidad administrativa en relación a la compra y venta del oro previa evaluación de la coyuntura permitirá fortalecer las RIN.

Asimismo, contar con un instrumento normativo apropiado podría haber evitado la disminución de las reservas entre marzo y julio de 2022, por el efecto de la disminución de los precios de este mineral y hubiera permitido realizar intercambios oportunos en otros activos.

Considerar a esta facultad como innecesaria y/o perjudicial es impedir el fortalecimiento de nuestras reservas, privándole al pueblo boliviano atesorar de la mejor manera sus recursos.

POR JUAN SUNTURA RAMOS

Por: Miguel Ángel Clares, economista

La pasada semana algunos medios de comunicación de manera “cizañosa” publicaron noticias tendenciosas respecto a la situación económica del país. Por otra parte, el Gobierno nacional en diferentes notas de prensa asevera que la economía nacional se encuentra saliendo adelante. En ese sentido, como bolivianos de a pie nos preguntamos: ¿Cuál es la verdad?; ¿La economía boliviana está saliendo adelante?.

Como analistas económicos tenemos el trabajo de verter opiniones responsables, sin la intención de generar desinformación. Lamentablemente, algunos colegas analistas son cómplices de los medios en la tarea de generación del pánico y la especulación. Para el presente artículo de opinión me enmarcaré en algunos aspectos que muestran la realidad económica, política y social por la que atraviesa el país.

Partamos por una reciente conferencia de prensa que realizó el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, donde se mostraron algunos indicadores bastante interesantes. Se señaló que la venta en restaurantes, atención en servicio de hotelería y venta de pasajes de avión se incrementaron entre el primer semestre de 2021 y 2022, en tasas del 26%; 44% y 103%, respectivamente.

¿Qué quiere decir lo anteriormente señalado? En primer lugar, se descartarían las opiniones equivocadas sobre un “efecto rebote”, debido a que los cortes de comparación ya no son respecto a la gestión 2020, sino 2022 vs 2021. En segundo lugar, las tasas de crecimiento en los sectores señalados reflejan una vez más el proceso de reconstrucción y reactivación económica del país, en línea a un mayor consumo por parte de la población, frente a un incremento en sus niveles de ingresos y la ausencia de una elevada pérdida de poder adquisitivo –como ocurre en países vecinos–.

En ese marco, las medidas que se van realizando por parte del gobierno nacional, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, proporcionan un mejor dinamismo en la economía de los hogares y un fortalecimiento en la capacidad productiva de las diferentes empresas. Lo cual sin duda va rindiendo buenos resultados que son reflejados en las distintas cifras macroeconómicas.

Por otro lado, los economistas acostumbramos observar el sistema financiero como un “termómetro” de la situación económica de un país y la confiabilidad que tiene la población sobre la economía en general. En ese sentido, entre julio de 2021 y 2022, los depósitos y la cartera de créditos tuvieron un crecimiento del 7% y 8%, correspondientemente; ¿Qué refleja esto? Un escenario de certidumbre económica donde la población confía en el sistema financiero y a su vez éste último en la mejora de la actividad económica para colocar créditos.

En cuanto el comercio externo, Bolivia al mes de junio de la presente gestión rompió un récord histórico en exportaciones, superando los $us7.000 millones, destacando así el sector de la industria manufacturera. En ese marco, el país cuenta con el nivel de desempleo y desigualdad más bajo de toda la historia, como así también con el stock de capital y nivel de empleo más alto de la histórica económica del país.

No obstante, existen medios de comunicación que se limitan a la generación de noticias poco profesionales con el objetivo de desmerecer la labor del actual gobierno en este proceso de reactivación económica que sin duda es evidente ante los ojos de todo el país. Dichos medios consultan opiniones sesgadas y malintencionadas, en lo que parece ser un trabajo de “sabotaje económico”, a través de la generación de desinformación.

Como bolivianas y bolivianos no debemos dejarnos llevar por estas opiniones y noticias tendenciosas, que sin duda buscan la desestabilización política y social del país; acciones malaventuradas que son organizadas por grupos pequeños que solo les importan sus intereses personales y no así el bienestar de toda la población boliviana. Protejamos con argumentos e información responsable la estabilidad económica del país que sin duda está saliendo adelante.

Por: Miguel Clares

La Paz, 24 de agosto de 2022.- La presente semana el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), a través del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (VPSF) implementó el Reglamento de Seguros Inclusivos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Para entender el objetivo de dicho reglamento, es necesario puntualizar ¿Qué es un seguro? El cual se define como un contrato entre la empresa aseguradora y el asegurado (beneficiario) donde por el pago de una suma de dinero por parte del beneficiario, la compañía de seguro podrá compensar (indemnizar) la cobertura de alguna contingencia suscitada ya sea en su negocio, propiedad o salud.

En ese marco, la naturaleza del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) orientado al vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, promueve el acceso universal a todos los productos financieros, siendo así el seguro un mecanismo más de redistribución del ingreso, el cual indemnizará los percances de la población asegurada ya sea en adversidades económicas o de salud.

Dicha población asegurada se extenderá aún más gracias a la implementación del nuevo reglamento de seguros inclusivos, el cual tiene como público meta a la población más vulnerable y de bajos ingresos que no podía acceder a dicho beneficio, además del conjunto de personas que no se encontraba familiarizada con el mercado de seguros.

Otra característica que posee el reglamento señalado son los términos de contrato, los cuales serán de fácil entendimiento y comprensión para los asegurados. Asimismo, serán de fácil acceso a través de puntos de venta, internet u otros medios digitales.

Es importante puntualizar que la constitución de los seguros inclusivos se realiza en un escenario donde sectores vulnerables de la población perdieron su patrimonio por la quema de mercados, dejando como ejemplo las necesidades de implementación de un marco legal que permita a las diferentes compañías de seguro –legalmente establecidas– generar diversos productos especializados de protección a los sectores excluidos o subatendidos por los seguros tradicionales.

En ese sentido, el nuevo reglamento permitirá que los ciudadanos con profesión independiente, microempresarios, transportistas, etc puedan acceder a coberturas de seguro acordes a sus necesidades y demandas; independientemente del nivel de ingresos que estos generen.

En conclusión, la presente medida fortalecerá la inclusión financiera en el ámbito de los seguros y a su vez fomentará la digitalización de los diferentes productos financieros; sin dejar de lado el hecho de que varios de los sectores beneficiados irán formalizando sus actividades económicas. Nuevamente el gobierno nacional realza el espíritu del MESCP, el cual busca un crecimiento económico con justicia e inclusión social.

Economía y Mas, 21 de agosto de 2022.- Actualmente el mundo se encuentra atravesando un escenario de altos niveles de precios donde los hogares son los principales afectados por la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. Dicha situación se debe al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual generó distorsiones en las cadenas de suministros de varios alimentos y combustibles. Asimismo, dio un espacio de incertidumbre que afectó el valor de varias monedas en los países.

No olvidemos que la economía internacional ya vino atravesando incrementos en los niveles de precios, producto de alzas en los servicios de suministros de energía a finales de 2020, el cual sumado a los efectos mencionados anteriormente generaron aumentos desmedidos en la inflación de varios países –desarrollados y subdesarrollados.

Pero ¿Qué ocurre en Bolivia?; ¿Por qué la inflación se mantiene baja? Recientemente el Banco Mundial publicó un estudio donde se señala que la economía boliviana se encuentra con la tasa de inflación más baja en Latinoamérica y una de las más bajas en el mundo (con una inflación acumulada de 1,6% al mes de julio de 2022); ¿A qué se debe dicha aseveración por parte del Organismo Internacional? Para poder entender las razones por las cuales Bolivia cuenta con una estabilidad de precios es necesario puntualizar algunos hechos históricos en la economía nacional.

En primer lugar y el acontecimiento más importante que cimentó las bases para la aplicación de nuevas medidas de política económica y social, es la constitución del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP); el cual permitió darle una nueva orientación a la administración de la economía boliviana con un enfoque de justicia social. En ese sentido, se realizaron diferentes acciones desde 2006 que dieron lugar a la estabilidad de precios con crecimiento económico.

Dicho de otra manera, los resultados observados a la fecha son producto de un arduo trabajo realizado desde años atrás que lamentablemente corrió riesgo por los hechos suscitados entre noviembre de 2019 y 2020. En ese marco, algunas de las medidas que generan el espacio de certidumbre y estabilidad económica que Bolivia goza actualmente y que además no son mencionadas por los diferentes medios de comunicación y analistas económicos, son las siguientes.

El fortalecimiento de la moneda nacional (bolivianización) con un régimen cambiario estable, el cual se posiciona como un hito histórico en la economía boliviana, ya que no solo aísla los efectos volátiles del contexto internacional, sino también le otorga grados de libertad tanto a la política fiscal como monetaria para poder realizar medidas adecuadas en bienestar de todas las bolivianas y bolivianos.

De igual manera, el esquema de subvenciones/subsidios a los alimentos y combustibles cuida la seguridad alimentaria y los bolsillos de la población; esta última aseveración llega a ser tema de discusión para varios colegas analistas, debido a que irracionalmente sugieren que se debería quitar la medida, sin considerar el costo social que implicaría.

Actualmente, el costo por litro de gasolina en Bolivia es de casi 50 centavos de dólar, cuando en otros países de la región supera los 2 dólares; este beneficio no solo alcanza a las familias bolivianas, sino también al sector empresario privado, al reducir sus costos de producción y de transporte principalmente el sector agropecuario con la subvención al diésel– por ende, al reducirse los costos de producción se garantiza una estabilidad de precios en la canasta familiar de la población.

Por otra parte, la implementación de los cupos de exportación dio lugar al abastecimiento prioritario de la demanda interna, dando como resultado el abasto de productos bovinos, avícolas, derivados del maíz, etc. Al no existir escases en los mercados (como ocurre en otros países) los precios no presentan distorsiones alarmantes.

Se constituyeron fideicomisos para el sector productivo y que de esta manera exista un mayor fortalecimiento en el aparato productivo del país, no solo para provisionar al mercado interno, sino también para exportar con menores costos. El impulso de las denominadas “ferias del precio justo” facilita la interacción entre productores y consumidores para reducir las distorsiones en los canales de comercialización.

Y recientemente, la modificación al gravamen arancelario para la importación de bienes de capital, la cual mitigará las presiones inflacionarias externas. Como se podrá apreciar, son algunas de las medidas que el gobierno nacional impulsa y que no fueron trabajadas de la noche a la mañana, son estas medidas las que generan un ambiente de estabilidad económica en el nivel de precios que permite que la crisis internacional no la carguen las familias como ocurre en el resto de países.

En conclusión, el establecimiento de un Estado fuerte que presenta un rol importante en la economía dio lugar a una responsable administración económica que da como resultado un aire de estabilidad que gozan las y los bolivianos. Sin duda, debemos sentirnos orgullosos al contar con una economía envidiable ante el resto del mundo.

Elaborador por Miguel Clares economista con especialidad en economía financiera e inteligencia artificial

Por: Juan José Bedregal, analista económico

Santa Cruz sufre un daño económico de $us32 millones por cada día de paro cívico. Este daño lo sufren principalmente los sectores que dejan de trabajar y percibir ingresos: transportistas, mercados, restaurantes, obreros que no llegan a sus fuentes de trabajo, pequeñas y medianas empresas que no pueden sacar su producción ni reciben a sus trabajadores. Ellos cargan con el peso de dejar de percibir ingresos por un día.

Del otro lado de la vereda, las grandes empresas no paran, y los medios de comunicación tampoco. El agronegocio sigue abasteciendo a sus mercados del interior y exterior del país, las grandes cadenas de supermercados se benefician subiendo sus precios con la histeria colectiva del “abastecimiento para el paro”, lo mismo que las telefónicas, los bancos y otras entidades financieras. Red Uno, perteneciente a la familia Kuljis, no para; tampoco Unitel, propiedad del clan Monasterios; los Rivero Jordán, dueños de El Deber, no acatan el paro cívico; las empresas del gobernador Fernando Camacho, como Sofía o la aseguradora Nacional Vida, tampoco dejan de trabajar.

Las logias del Comité Cívico cruceño no acatan el paro que ellos mismos convocan: los Marinkovic, los Nayar, los Matkovic, los Cochamanidis y los Larach, entre otros clanes familiares que manejan la dirigencia cívica por generaciones, mantienen sus empresas operando mientras el brazo paramilitar del Comité, la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista, hace cumplir el paro a costa de violencia y amedrentamiento a la población.

Así como las grandes empresas no paran, sus dueños tampoco dejan de percibir ingresos. El perjuicio económico es absorbido por las familias más pobres, micro y pequeñas empresas, gremiales y transportistas. No es de extrañar que crezca el descontento en estos mismos sectores que, tras una racha de 6 paros cívicos cumplidos a medias entre 2021 y lo que va del 2022, ven mermados sus ingresos diarios por dictamen de una cúpula que no sacrifica un centavo.

Esta estafa se encubre atrás de discursos chauvinistas que exaltan a la región por encima del país y llaman a “asumir el sacrificio” en pos de las más vagas entelequias. Frases como “hoy la historia nos llama a luchar”, “siempre libres cruceños seamos”, o “la región que más aporta al país”, son utilizadas frecuentemente por los medios de comunicación para instalar la matriz discursiva del paro cívico, matriz que se condimenta en las redes sociales con un fuerte contenido racista y regionalista.

Estos chauvinismos se reproducen por los medios y redes en los días de paro mostrando las “ollas comunes” costeadas por los cívicos en las rotondas de la urbe cruceña, pretendiendo mostrar solidaridad para encubrir la estafa. A esto se suma la multiplicidad de casos de agresiones de la “Unión Juvenil” contra deliverys, transportistas y ciudadanos que deciden salir a buscar el sustento diario por encima de la dictadura cívica; los recientes casos de trabajadores obligados a quedarse en casa o instalar puntos de bloqueo durante el paro cívico, para luego tener que reponer esas horas durante las siguientes jornadas laborales.

¿Es justo que miles de familias sacrifiquen su sustento diario mientras los grandes empresarios no dejan de facturar ni por un minuto? ¿Es justo renunciar a las tres comidas del día a cambio de una olla de majadito, mientras los logieros y comparseros hacen churrasco y engordan tras las paredes del Comité Cívico? ¿Cuántas veces más cargarán las familias cruceñas con los $us32 millones que cuesta cada día de paro cívico?

Por: Mike Gemio, máster en Gestión y Políticas Públicas, y doctorante en Desarrollo y Políticas Públicas.

La Paz, 2 de agosto de 2022

Muy suelto de cuerpo, el economista Gonzalo Chávez ha estado comentando en diferentes medios de comunicación que el Gobierno ha “vendido” una nacionalización de fantasía a todos y que la realidad económica que vivimos se debe a un balance cuántico cuasi-perfecto, combinado con una especie de mercado benefactor, extrañamente solo para el caso de Bolivia. Sabemos que el mercado, las veces que tiene mejores precios en un determinado producto, beneficia a todos los países que lo producen; y como todos ya han visto, la realidad es que no todos los países, que se encuentran produciendo el mismo grupo de productos que Bolivia, tienen los destacados indicadores económicos como los de nuestro país.

“Necesitamos lo que “predica” don Gonzalo (Chávez) en sus “magistrales clases”, dinamismo financiero y no el sedentarismo de recibir comisiones por no hacer nada y de paso reclamar que la coyuntura no les ayuda, pero de eso nuevamente, silencio”

La nacionalización, a los bolivianos nos ha dado grandes resultados, especialmente en lo social y en lo inclusivo, que es lo que menos le parece interesar a Chávez. Bolivia, a través de su modelo económico, ha sacado en los últimos 10 años a casi 3,5 millones de personas de umbrales de pobreza, cerca al 30% de su población; y sigue en una carrera sin precedentes, ya que para la última gestión medida los reportes han sido los más bajos que se han alcanzado.

La realidad de los años 90, desde luego, no ha sucedido por arte de magia (me refiero a los índices alarmantes de pobreza que en la actualidad han cambiado), los recursos han estado en Bolivia o fugando de ella en manos de unos cuantos, eso no se dice a viva voz por conveniencia de un buen número de generaciones o a sus defensores que se beneficiaron de este contexto. Esa desigualdad se desenmascaró para cuando se presentaron algunos datos, donde para antes de 2006 la gente más ostentosa del país era 128 veces más rica que el decil más pobre, esta brecha se ha disminuido considerablemente, pero aún queda mucho por hacer desde una visión progresista como tiene el Estado boliviano.

El cherry de la torta, como diría mi colega Chávez, acostumbrado a la mezcla del lenguaje de calle con el académico para mostrarse como un buen consumidor de ají de fideo, es en definitiva el Sistema Integral de Pensiones, y es que las Administradoras de Fondos de Pensiones han logrado manejar una cartera de inversiones que bordea ya los $us 23.000 millones, alcanzando aproximadamente la mitad del PIB boliviano, y constituyendo más de cinco veces las reservas internacionales, cuatro veces la inversión pública que hace nuestro país en un año.

Preocupado por el tiempo que se ha demorado en la articulación de una empresa pública, no le ha dado la mirada al lado de los otros “cuates” para ver si tienen listas las bases de datos del proceso de migración, para ver si de verdad “colaboran” como buenos “administradores” y están dispuestos a compartir “su información” que, dicho sea de paso, es la de la historia laboral de los bolivianos, la de la administración de las cuentas de las cuales ellos no son propietarios, sino como su nombre lo dice: “administradores”. Y si vamos más allá, y escuchamos sobre las malas lenguas que aseguran que el Dios de la abundancia neoliberal les ha dado la capacidad salarial de adquirir un vehículo 0 kilómetros por mes a los ejecutivos extranjeros que están al mando de las administradoras, que no residen en nuestro país, o finalmente cuáles fueron las actuaciones de Áñez y su gobierno para que la Gestora desaparezca y no administre nada, dejando nuevamente desprotegidos nuestros recursos. De eso “¡nada, waway!”

Los rendimientos que tienen los recursos que tenemos en las AFP se han vuelto hasta irrisorios y esos recursos tienen la capacidad de poder financiar desde una nueva Santa Cruz hasta un golpe de Estado y a cuanto defensor quiera unos pesitos, las dimensiones de la cartera de inversiones para nuestro país son inmensas e importantes, y desde ya nos merecemos mejores rendimientos, mejor información, mayor alcance, que las de un depósito a plazo fijo en cualquier entidad del sistema financiero. Necesitamos lo que “predica” don Gonzalo en sus “magistrales clases”, dinamismo financiero y no el sedentarismo de recibir comisiones por no hacer nada y de paso reclamar que la coyuntura no les ayuda, pero de eso nuevamente, silencio.

Los bolivianos, a finales de los años 90, hemos contratado un servicio que haga crecer nuestros ahorros con inversiones y acciones de orden financiero, esto ha descendido de, para el caso de Futuro, 11,9% a 1,52% en su punto más bajo anual; mientras que para la “plata” que nos cobran por administrar nuestros recursos, reflejados en sus utilidades, estos no han dejado de incrementarse. De Bs 14,3 millones que obtuvieron en 2010 a 68,9 millones para 2021. Negocio redondo para unos cuantos, desinformación para otros muchos.

Por: Fernando Chuquimia, especialista financiero.

La Paz, 29 de julio de 2022

El proceso de privatización efectuado durante el periodo 1985- 2005, se dio mediante la nueva política económica en Bolivia (neoliberalismo), que marcó el inicio de un sistema político, económico y social fundado en la eliminación del Estado productivo. El periodo neoliberal se gestionó a través de varios gobiernos, a objeto de aplicar la privatización y la llamada capitalización, donde descaradamente uno de sus gestores (Samuel Doria Medina) señalaba que la privatización de las empresas públicas “es un proceso revolucionario que permite generar empleo, posibilita inversiones y genera recursos para proyectos sociales”.

Las reformas neoliberales dieron paso a la enajenación sin precedentes en el país, abarcaron las empresas productivas y de servicios, y se extendieron a los recursos naturales, dicha enajenación se concretó mediante la privatización, capitalización y cierre, aspecto que implicó la activación de varias modalidades, como la venta de empresas en marcha y de paquetes accionarios, así como la concesión de mercados y servicios públicos, fortaleciendo el capital privado en desmedro del Estado.

El perjuicio ocasionado al país golpeó duramente a las compañías estatales estratégicas: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), que adicionando otros gastos por concepto de financiamiento, el importe total del daño económico es de $us 10.049,08 millones (2002), monto que al ser actualizado asciende a $us 22.051,70 millones.

Al respecto, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización presentó en 2019 su informe final, en el cual expone que hubo una red de poder de la enajenación, conformada por una gran cantidad de personas que participaron en este proceso, identificándose autoridades públicas y empresarios privados, entre ellos, Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Samuel Doria Medina, Ronald MacLean Abaroa, Raúl Garafulic Gutiérrez, Gonzalo Chávez Álvarez, Carlos Mesa Gisbert, entre otros.

Por otra parte, a partir de 2006 se instaura el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el cual parte de un diagnóstico de los errores del modelo neoliberal para contraponer una nueva política, es decir la antítesis como respuesta de política económica. En este sentido, con la nacionalización el Estado retoma el control de los recursos naturales de los sectores estratégicos como los hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones, para beneficiar a los bolivianos, en lugar de las empresas transnacionales, medida de gran impacto que cambió estructuralmente al país, devolviéndole el patrimonio colectivo al pueblo boliviano.

Es importante resaltar que el MESCP es un modelo diseñado por bolivianos y para los bolivianos, fue construido sobre la realidad socioeconómica del país, además es desarrollado y aplicado por profesionales bolivianos. Se basa en cuatro pilares fundamentales: crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales; el Estado se apropia y redistribuye el excedente económico que generan los sectores estratégicos; modelo redistribuidor del ingreso, cuyo excedente económico se reasigna a otros sectores de la economía y a la población con escasos recursos; y reducción de la desigualdad social y la pobreza.

Finalmente, con la aplicación del MESCP los resultados fueron favorables hasta antes de la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, obteniendo como logros: crecimiento económico sostenido, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, solidez del sistema financiero, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza, disminución del desempleo y de la desigualdad económica. Asimismo, y dando continuidad a políticas enmarcadas en el MESCP y a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, Bolivia está retornando a la senda del crecimiento con indicadores económicos positivos, que son destacados por organismos e instituciones internacionales.