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CONOZCA LAS ESTRATEGIAS MÁS COMUNES QUE UTILIZAN LOS ESTAFADORES EN LÍNEA EN EL PAÍS

La Paz, 14 de mayo del 2024 (Economía y Mas). – La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) exhortó a la ciudadanía boliviana a estar en máxima alerta ante los modus operandi de estafadores en línea que surgieron en el país.

“Estos delincuentes han desplegado una variedad de tácticas fraudulentas con el objetivo de engañar a personas inocentes y despojarlas de su dinero. Es crucial que la población esté informada sobre estas prácticas y tome medidas para protegerse”, dijo el director de Fiscalización de la ATT, Felix Pinto, citado en un boletín.

Según la ATT, las tácticas más comunes que se identificó durante abril de esta gestión son:

1. Fraude de compra de productos no entregados: Uno de los métodos utilizados por estos estafadores involucra la venta de productos inexistentes. Los delincuentes se hacen pasar por vendedores de mercancías, como en el caso de un ciudadano estafado al intentar comprar carteras de una supuesta importadora.

Después de solicitar un pago inicial, posteriormente requieren más dinero bajo falsos pretextos, como costos de envío adicionales. Por ello, la ATT recomienda a los usuarios que verifiquen la autenticidad de los vendedores y eviten realizar pagos anticipados sin garantías.

2. Fraude de premio falso por mensajes de WhatsApp: Otro modus operandi común implica la promesa de premios falsos a través de mensajes de WhatsApp. Los estafadores contactan a individuos, afirmando que han ganado premios, pero para recibirlos deben realizar pagos, como en el caso de tarjetas Tigo

“Es esencial que la población comprenda que las empresas legítimas nunca solicitarían pagos para recibir premios, por lo que cualquier solicitud de este tipo debe ser tratada con sospecha”, advirtió Pinto.

3. Estafa telefónica con engaño de mejora de servicio: Algunos estafadores se aprovechan de la buena fe de los usuarios, haciéndose pasar por representantes de empresas de telecomunicaciones.

“Bajo el pretexto de mejorar el servicio, inducen a las personas a proporcionar códigos, lo que resulta en la sustracción fraudulenta de saldo. Es imprescindible que los usuarios no proporcionen información personal o códigos a desconocidos”, recomendó.

4. Fraude telefónico con premio falso: Los estafadores también utilizan llamadas telefónicas para ofrecer premios falsos, como teléfonos celulares, con el fin de obtener información personal de las víctimas.

Es vital que la población no comparta datos personales ni proporcione códigos a personas desconocidas, incluso si se hacen pasar por representantes de empresas reconocidas.

El director de Fiscalización de la ATT pidió a la población combatir estas prácticas fraudulentas, recomendando que utilice la plataforma https://BloqueaLaEstafa.att.gob.bo que hasta la fecha logró bloquear más de 6.000 números y equipos de estafadores, desde su inicio de operaciones en julio de la gestión 2023.

“Además, informamos a la población que visite las plataformas oficiales de la ATT para educarse sobre seguridad digital y estar al tanto de las últimas amenazas cibernéticas. Ante cualquier situación sospechosa o intento de estafa, se insta a la población a denunciar de inmediato a las autoridades competentes para evitar que más personas sean víctimas de estos delincuentes”, exhortó.

CRECIMIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO TOMA IMPULSO CON CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PÚBLICO – PRIVADO

La Paz, 15 de abril 2024 (Economía y Mas).- Según el analista económico Martín Moreira, el crecimiento del aparato productivo del país toma impulso con el cumplimiento de ocho puntos del acuerdo, de 10, suscrito por el Gobierno y el empresariado boliviano.

La semana pasada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno nacional cumplió con ocho de los 10 puntos del “Acuerdo económico, productivo y empresarial” alcanzado en febrero con el empresariado boliviano.

“Al cumplir con la mayoría de los puntos del acuerdo económico, se anticipa que estas medidas contribuyan al fortalecimiento de la economía y mejoren las condiciones para el desarrollo y crecimiento del aparato productivo en Bolivia”, señaló Moreira.

El experto explicó que este conjunto de acciones refleja un esfuerzo colaborativo entre el Gobierno y el sector empresarial para estimular el desarrollo económico y fomentar la inversión en el país.

“La apertura del diálogo con el empresariado privado ha impulsado el movimiento del aparato productivo, permitiendo una participación más activa de los privados en el crecimiento, lo que fortalece el mercado interno, crucial para el desarrollo nacional”, relievó.

Señaló que, además, se espera que la potenciación de las exportaciones genere un aporte significativo al desarrollo económico, la creación de empleo y un mayor dinamismo financiero, con el beneficio adicional de la generación de divisas.

De los 10 puntos acordados, ocho fueron cumplidos. Dos puntos están pendientes: uno relacionado con la ley de modernización del transporte de carga y otro sobre subastas de diésel con Grandes Compradores.

Entre los logros alcanzados se encuentra la liberación de exportaciones con agilización de trámites, la emisión de bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, la inversión en tecnología agropecuaria de precisión a través del programa Agro, la devolución inmediata de Certificado de Devolución Impositiva (Cedeims).

Además de incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y eléctricos, la modificación del reglamento de tasas de interés por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y la promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel, así como la agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado a consumo propio.

“El Gobierno de Bolivia ha implementado una serie de medidas económicas destinadas a fomentar el crecimiento y la inversión en el país, en línea con los acuerdos establecidos con el sector empresarial”, enfatizó Moreira.

PIERDEN 800.000 TONELADAS DE SOYA, LA AFECTACIÓN ECONÓMICA LLEGA A $US 300 MILLONES

Santa Cruz, 09 abril de 2024 (Economía y Más).- Como consecuencia de la sequía se perdió al menos 800.000 toneladas de soya en la campaña de verano 2023 – 2024, que representan una afectación económica de $us 300 millones para toda la cadena de valor del sector productivo, informó el presidente la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero.

A pesar de esta situación el abastecimiento en el mercado interno está garantizado, porque solo requiere del 20% de la producción total.

Las pérdidas son resultado de la sequía histórica que se registró desde el inicio de la campaña de verano 2023-2024 hasta el desarrollo del cultivo en las principales zonas productivas de Santa Cruz.

El fenómeno afectó la producción en las regiones de Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián y San José de Chiquitos, que concentran el 55% de la superficie total cultivada.

También se ven perjudicados los actores que componen la cadena productiva de la soya, como proveedores de insumos, exportadores y transportistas.

“A pesar de estas cuantiosas pérdidas productivas, queremos aclarar que el abastecimiento del mercado interno de soya está garantizado, pues solo requiere el 20% del total anual de nuestra producción de grano”, afirmó Romero.

Ante esta situación, Anapo pidió a las autoridades colaborar en la búsqueda de soluciones inmediatas y a mediano plazo.

Entre las medidas urgentes está la reprogramación de créditos de la banca para los productores afectados; la creación de un fondo de reactivación que permita reprogramar la deuda de capital operativo a 5 años; y la aprobación de nuevos eventos de biotecnología, como la soya HB4 tolerante a sequía, que se encuentra en proceso de evaluación de campo.

Asimismo, sugirió avanzar en la aprobación de la soya con tecnología Intacta con base en la homologación de los estudios realizados en países vecinos del Mercosur.

“Esto permitiría contar con genética de alto potencial de rendimiento para mejorar la productividad y mitigar las perdidas por sequía y ataque de plagas”, explicó.

POLÍTICA Y DILAPIDACIÓN DEL ORO AFECTAN LA IMAGEN DE BOLIVIA Y CAEN BONOS

La Paz, 27 de octubre de 2023 (Economía y Mas).- La política y la dilapidación del oro son referentes negativos para la imagen del país en el mercado internacional, lo que repercutió en los bonos soberanos que cayeron nuevamente, después de haberse recuperado tras la aprobación de la Ley del Oro. Economistas opinan que la economía va rumbo al desastre.


La pelea interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) para la aprobación de leyes en el legislativo, así como para presentarse en las próximas elecciones de 2025 y la postulación de Evo Morales, provocaron que el mercado privado baje la cotización de los bonos soberanos de Bolivia.
Pero no sólo esa postulación disminuyó la cotización, sino también la dilapidación del oro, que sólo cubrió el déficit de cuatro meses del Gobierno de turno, de 1.000 millones de dólares, los recursos ya no existen.


La Paz, 27 de octubre de 2023 (Economía y Mas).- El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza Y., escribió en su @g_espinoza que “no es sólo el anuncio de Evo, es la dilapidación del oro lo que también preocupa a los mercados internacionales. O sea: son Evo y Arce los que están llevando esto al desastre, uno por ser todo lo contrario a un estadista, el otro por limitado y dogmático (les dejo a ustedes definir quién es quien)”.
El artículo de Zijia Song, publicado en bloomberg.com titula que «Los bonos nacionales se encuentran entre los peores de los mercados emergentes».


Los inversores también se preocupan por la menguante reserva de oro de Bolivia, que de tener 43 toneladas pasó a sólo 26, y los recursos ya no existen.


Los bonos en dólares de Bolivia cayeron más en casi seis meses después de que el expresidente socialista Evo Morales dijera que se presentará a las elecciones presidenciales de 2025, lo que aumenta la incertidumbre en una nación donde los inversores ya están preocupados por la disminución de las reservas de oro, señala el artículo de Bloomberg.


El economista Dante Pino A. escribió en su @dantenapuco que “Evo anuncia su candidatura ilegal y… Caen los bonos en dólares, en el mercado.
Están cotizados a 58 ctvs. de dólar, uno de los peores rendimientos de los mercados emergentes. Los Bonos Bolivianos han ocasionado pérdidas a los inversores del 17%, este año. A su vez, se han perdido Reservas Internacionales para sostener el tipo de cambio de 6,9 por dólar. El BCB se ha quedado con 26 Tn de oro en sus reservas, es decir 40% menos que en abril”.
Entre tanto, el economista y docente de la Universidad Católica Boliviana, Gonzalo Chávez Alvarez, escribió en @GonzaloCHavezA que “la Champa guerra del MAS= incertidumbre, se manda pésimas señales a mercados internacionales y derrumba el precio de bonos bolivianos. Las críticas oportunistas de Evo al desempeño económico, el agotamiento estructural del modelo e incompetencia de gestión = tormenta perfecta”.

Mientras tanto, en América Latina dentro los 10 países que tendrán crecimientos importantes, no figura Bolivia, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a pesar de que el gobierno estima una cifra de 4,8% para la presente gestión, los organismos internacionales fijan en promedio 2,5%.
En el primer semestre, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia llegó a sólo 2,3%, menor al registrado en similar período de 2022, que llegó a 4%.

LA INFLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS VOLVIÓ A SUBIR EN JULIO Y ALCANZÓ EL 3,3% INTERANUAL

Bolivia, 31 de agosto de 2023 (Economía y Mas).- La inflación se aceleró de nuevo en julio en Estados Unidos, a 3,3% interanual contra 3,0% en junio, y se mostró estable en un mes, a 0,2%, según el índice PCE, la medida usada por el banco central estadounidense (Fed), que quiere llevarla a 2,0%.

La subida estuvo impulsada por el aumento del precio de los servicios, que registró una subida del 5,2% en 12 meses, en claro contraste con el precio de los bienes, que disminuyó un 0,5%.

El IPC subyacente, que excluye los costes volátiles de los alimentos y la energía, también subió en julio a una tasa anual del 4,2%.

Mes a mes, el PCE aumentó un 0,2%, al igual que en junio.

El gasto de los hogares se aceleró (+0,8% frente a +0,6% en junio), mientras que sus ingresos aumentaron menos (+0,2% frente a +0,3%).

La inflación PCE sigue la misma tendencia que otro índice, el IPC, publicado previamente y que se situó en 3,2% interanual en julio, contra 3,0% en junio.

El dato mantiene la presión sobre el banco central estadounidense, que intenta volver a situar la inflación en su objetivo a largo plazo del dos por ciento mediante una serie de subidas de los tipos de interés.

Analistas y operadores esperan que la Reserva Federal mantenga estable su tipo de interés de referencia en su próxima reunión de los días 19 y 20 de septiembre. Los funcionarios de la Fed no han descartado volver a subir los tipos en el futuro, si fuera necesario.

“Aunque nuestras estimaciones sugieren que las presiones sobre los precios disminuirán en lo que queda de año, hay que estar atentos a los datos por si se produce un cambio de tendencia en la inflación”, escribió Rubeela Farooqi, economista jefe de High Frequency Economics para EE.UU., en una nota a los clientes.

DOLARIZACIÓN EN ARGENTINA FRENARÁ EL CONTRABANDO Y EMPUJARÁ AL ALZA DE PRECIOS EN BOLIVIA

Josué Hinojosa

La Paz, 16 de agosto de 2023 (Economía y Mas).- La posibilidad de dolarizar la economía en Argentina, en caso de que el candidato presidencial Javier Milei gane las próximas elecciones, tendrá una serie de impactos en Bolivia. Según analistas, habrá menos contrabando, tipo de cambio paralelo, mayor desempleo y mayor inflación.

Milei ganó Llas elecciones primarias del domingo con más del 30 por ciento de los votos. Tras conocerse los resultados, hubo una devaluación del peso argentino del 22 por ciento.

En el hipotético caso que Milei asuma la presidencia de Argentina y aplique la dolarización, las poblaciones bolivianas fronterizas sentirán un impacto inmediato, afirma el economista Luis Fernando Romero.

Las compras en Argentina deberán ser en dólares, una moneda que también escasea en Bolivia. Por ello, Romero prevé que el comercio  disminuirá.

“Sin la intención del Gobierno de Bolivia, se estaría cortando el contrabando porque la gente no va a tener la capacidad de comprar por los altos precios y porque aquí el dólar no está sobrando”, dijo.

La necesidad de dólares en las poblaciones fronterizas acentuará la vigencia del tipo de cambio paralelo, lo que implica indirectamente una devaluación de la moneda boliviana y el aumento de los costos de vida.

“Esa gente que normalmente va a trabajar en Argentina no va a poder hacerlo y va a tener que quedarse en Bolivia, va a ejercer mayor presión inflacionaria y aumentará la economía informal, el autoempleo y subempleo y el nivel de desocupación”, alertó Romero.

Ante las dificultades para consumir productos argentinos porque estarán cotizados en dólares, la población boliviana demandará producción nacional. A decir de Romero, la industria boliviana no satisface la demanda, por lo que habrá presión inflacionaria.

En tanto, el economista Germán Molina considera que habrá salida de dólares desde Bolivia hacia Argentina, puesto que la población optará por esa alternativa por contar en el vecino país mayor solvencia y disposición al momento de depositar y retirar los recursos.

Indicó también que el contrabando de productos argentinos hacia Bolivia disminuirá, pero aumentará la salida informal de productos bolivianos hacia el vecino país.

Finalmente, dijo que el tipo de cambio paralelo en Bolivia se mantendrá hasta que el Banco Central de Bolivia (BCB) fortalezca su stock de reservas internacionales.

No reciben pesos

El impacto económico de las elecciones primarias en Argentina no sólo se devaluó el peso argentino, sino que en Villazón, población boliviana ubicada en la frontera con el vecino país, dejaron de recibir pesos argentinos, informó el diario argentino El Tribuno.

EL SEGURO AGROPECUARIO DEBE SER PRIVADO PARA QUE FUNCIONE

La Paz, 20 de junio de 2023 (Economía y Mas).- El economista Joshúa Bellott plantea que el seguro agropecuario, para resguardar la economía de los productores, frente a pérdidas que generan los fenómenos naturales debe ser privado porque el estado no tiene la capacidad de diseñar un seguro para cada cultivo específico.

“Es estado no es capaz de conocer las necesidades específicas de cada cultivo, peor con una planificación centralizada. Por eso fracasa. En todo el mundo la planificación es descentralizada y la cobertura de estos riegos está en manos privadas”

El seguro del estado es muy general y no obedece a las necesidades o riesgos de cada cultivo específico como reclaman los productores.

“Para que un seguro sea viable deben existir muchos productores de tal modo que para la banca o el sector privado pueda generar un seguro sostenible. Esto no funciona en el occidente porque son pocos los productores, en cambio en el oriente sí hay condiciones  para  que un seguro funcione”, expresó.

Finalmente, indicó que para que esta modalidad funcione debe cambiar el modelo económico porque el actual no promueve la producción intensiva de alimentos.

BOLIVIA VENDE A ARGENTINA LA MITAD DEL GAS QUE LE EXPORTABA HACE UN AÑO

La Paz, 19 de junio de 2023 (Economía y Mas).- El frío ya arrecia en Argentina y como es habitual necesita de más gas natural. Bolivia, su principal proveedor tiene apuros para cumplir con los cupos programados. Así nuestro país, en mayo de 2023, le vendió un 47% menos de gas natural con relación al mismo mes del año pasado.

Es el Centro Departamental de Monitoreo y Fiscalización de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, con datos del Ministerios de Hidrocarburos y Energía, se detalla que el mes pasado el mercado argentino recibió solo 6,34 millones de metros cúbicos día (MMm3/d), cuando en mayo de 2022 el volumen comercializado fue de 13,58 MMm3/d.

Desde la institución precisaron que el aumento de la demanda del energético boliviano se da durante el periodo mayo-septiembre. Es cuando Argentina, por las bajas temperaturas, necesita mayores volúmenes, situación que ya fue acordada previamente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“En verano el promedio fue de 11,8 MMm3/d”, explicaron desde la entidad de la Gobernación cruceña.

En lo referido al desempeño en junio, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) de Argentina, informó que YPFB envía un promedio de 9 MMm3/d de gas natural en los últimos seis días.
Esto cuando los precios internacionales de gas natural se encuentran en su nivel más elevado debido al conflicto bélico que enfrentan Rusia y Ucrania. Esta situación incluso fue aprovechada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en 2022 cuando negocó mejores precios para el gas exportado durante el invierno, compensando así la caída de los volúmenes.

Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo, puntualizó que esta merma en la venta de gas natural a Argentina es el reflejo del fracaso en los programas de exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia, “que se viene arrastrando desde 2015”.

El experto remarcó que en 2006 se acordó con Argentina el envío de 23 MMm3/d, pero ante los problemas de producción, en 2010 se firmó una adenda donde se acordó envíos promedios de 13 MMm3d, durante la temporada de invierno.

“Luego se disminuyó ese cupo debido a la baja producción de gas natural. En la actualidad esta situación obliga al país a hacer malabares para responder a los mercados de Brasil, Argentina y el interno. Para cumplir con Argentina se saca algo a Brasil y ahora se recurre al gas de la planta de amoníaco y urea con el argumento de que se la va a paralizar unos 45 días por fallas mecánicas”, observó Velásquez.

A su vez, José Padilla, exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación cruceña, señaló que paralizar la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), y vender el gas que no se use es una muestra de las dificultades que tiene YPFB para cumplir con Argentina, como así también hay una desesperación de Yacimientos por contar con divisas. “Lo que llama la atención es que el Gobierno habla de industrialización y justo paraliza una planta que genera valor agregado, para seguir exportando materia prima. Eso muestra una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace”, sostuvo Padilla.

Al respecto, el presidente de la estatal YPFB, Armin Dorgathen, en declaraciones a Página Siete, admitió que la PAU se encuentra paralizada y que el gas que no se está utilizando en la factoría se exportará al mercado argentino a un precio mejor.
En marzo Argentina reveló que paga entre $us 10 y 18 por la importación de gas natural desde Bolivia como parte del acuerdo en la séptima adenda del contrato de compraventa vigente, según la secretaría de Energía de ese país, Flavia Royón.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA ES CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE UN PAÍS

Opinión, 10 de junio de 2023 (Economía y Mas).- Pocas actividades tienen tantos efectos multiplicadores como la agricultura, que en su frondosa cadena de valor, genera empleos e ingresos para quienes la conforman. La pandemia del 2020 demostró que muchas labores se pueden detener de un día para otro, pero no las que están vinculadas a la salud y la alimentación, que son claves para el desarrollo económico de un país, según el experto en comercio exterior, Gary Rodríguez.

Rodríguez en su artículo de opinión titulado «Apostar por la agricultura, clave para el desarrollo», explica los pasos que se deben dar para promover este sector, debido a su alto valor para generar empleos.
«Para entender cómo se produce un alimento, digamos, un derivado de la soya, mire lo que hay que hacer: Preparar el terreno; comprar semilla nacional o importada; sembrar y cuidar el cultivo; cosechar el grano; ensilar, industrializar y comercializar; contratar ingenieros, técnicos, extensionistas, tractoristas y operadores de maquinaria; proveedores de fertilizantes, plaguicidas e insumos; en la industria, laboratoristas, obreros y oficinistas; personal para tratar la soya y almacenarla; comerciantes de aceites, torta, harina, lecitina y cascarilla para el mercado interno y la exportación; agentes despachantes, banqueros, funcionarios de puertos y servidores públicos en sanidad vegetal, Aduana y otros; surtidores de combustible y en cada eslabón de la cadena, gente de seguridad, choferes y maquinistas para el transporte carretero, ferroviario y fluvial», explica.

Santa Cruz es una de las regiones que genera la mayor parte de los alimentos para el país y exportación, mientras que el occidente apostaba a la manufactura, pero la falta de mercados redujo la actividad.
El experto lamenta que no se puede entender cómo se menosprecia la importancia de esta actividad, especialmente cuando algunos dicen que la agricultura es una «actividad extractivista».
En el país existen dos corrientes, una de la agricultura familiar orgánica y otra la agroindustria, que busca aumentar su productividad mediante la biotecnología y asegurar los alimentos para el mercado nacional e internacional.

El libro «Apostar por la Agricultura para lograr una diversificación productiva», estudio de 142 páginas, fue presentado por la Representante del BID en Bolivia, Julia Johansen, secundada por Liliana Castilleja-Vargas, Economista del BID para Bolivia.

La tesis del estudio es que la agricultura puede jugar un gran papel en el desarrollo socioeconómico de la región andina, no solo en cuanto a la seguridad alimentaria, sino por su potencial para un crecimiento más inclusivo y sostenible, señala.

En los países andinos entre 40% y 60% de su territorio y bosques con gran biodiversidad están en la cuenca amazónica, su alto potencial de manejo sostenible y plantaciones forestales para mejorar la vida de la población local, es magistralmente abordado en el libro, describe.
Finalmente, acorde a los tiempos que vivimos, encara la temática de las Agritech para aumentar la eficiencia, productividad y sostenibilidad en la agricultura, en ámbitos como Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Blockchain.

El pretexto, la mentira y la realidad

Por: Franz Roberto Quisbert Parra, economista

Para Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, el Censo es un pretexto para realizar el paro allí. Según el Comité Interinstitucional, conformado por el gobernador autónomo departamental, el presidente del Comité Cívico cruceñista y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el paro es para que el Censo se realice en 2023 y para que haya la redistribución de recursos a través del Pacto Fiscal y la redistribución de escaños.

Sin embargo, el Censo es la recopilación de información respecto a un grupo de personas, los datos que suelen recogerse son edad, sexo, nivel de educación, acceso a servicios básicos, ingresos mensuales, características de la vivienda habitada, entre otros. Es decir, pueden considerarse tanto variables cualitativas como cuantitativas, que sirven para formular e implementar políticas públicas. En ningún caso el efecto inmediato es la redistribución de recursos o escaños.

El pretexto del Censo ha servido para tener un mes de paro, que se ha traducido en un desgobierno total, cobros indebidos como si fueran peajes, perjuicio a los más pobres, saqueo de negocios en el Plan Tres Mil, violencia contra las personas que deseaban trabajar, impedir el paso de ambulancias, violación de los Derechos Humanos, toma y quema de instituciones (COD, Sede Campesina, INE, ABT), jolgorio y borrachera de los bloqueadores, muertes y destrucción de la economía cruceña, con una pérdida de 40 millones de dólares al día.

Una vez definida la fecha del Censo con consenso para 2024, aún sigue el paro; y en el último Cabildo, para no aceptar la derrota, recurren a la mentira pretendiendo buscar una salida mediante una ley que debe aprobarse para asegurar la distribución de recursos y escaños. Todo el conflicto del Censo se traslada del Ejecutivo al Legislativo.

Seis propuestas de ley están recorriendo el escenario político, unas negligentes para volver atrás, queriendo imponer el Censo 2023; otras propuestas buscan refrendar el DS 4.824, que dispone que el Censo se lleve a cabo el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos económicos en septiembre del mismo año, cumpliendo con el pedido de más de 300 autoridades electas del país y las recomendaciones de la comisión técnica que trabajó en Trinidad. Asimismo, como parte de la mentira salieron voces disonantes sobre el federalismo, posición de Camacho, que es parte de las estrategias de separatismo.

La realidad es que en la historia de Bolivia se han hecho 11 censos, la mayoría bajo modelos económicos neoliberales y de saqueo; nunca con estos se promovieron mejoras para la economía de la población; después de estos censos no se hicieron más colegios u hospitales, no se industrializó nada. En realidad, el Censo no garantiza que la calidad de vida de la población mejore ni que la economía crezca o que haya más obras, los datos que proporciona son para que se hagan políticas económicas y sociales que respondan a las necesidades de la sociedad.

La realidad también demuestra que nunca se ha requerido una ley para garantizar el Censo o la redistribución de recursos o escaños; esto no tiene ningún sentido para continuar con el paro en Santa Cruz.

La realidad indica, según el numeral 16 del parágrafo I del artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que los censos oficiales son competencia privativa del nivel central del Estado. Igualmente, el parágrafo V del artículo 146 de la CPE establece que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes en cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional.

La realidad evidencia que el paro de Santa Cruz es un fracaso, porque no ha logrado nada. También enseña que hay procesos en curso para las autoridades del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, por haber violado varios artículos de la CPE y otras leyes.

Finalmente, el federalismo es una estrategia política del separatismo que no se encuentra en la Constitución.

Los paros cívicos significan un retroceso económico para el país

La Paz, 22 de noviembre de 2022.- El analista económico Miguel Clares señaló que el paro cívico generado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho significó un retroceso en la economía del país y un deterioro que afectó a las familias más vulnerables.

“Con estos efectos internos hago referencia a los paros cívicos impulsados por el Comité Interinstitucional y el gobernador Luis Fernando Camacho. Estos paros cívicos están generando un deterioro, un retroceso en lo que son varios indicadores macroeconómicos”, precisó en el programa Primer Plano de Bolivia Tv.

En ese marco, hubo varios sectores perjudicados por el paro cívico. Según el analista, de hecho, no solo afectó a Santa Cruz, sino también a la economía nacional llegando inclusive a perder casi $us 1.000 millones.

“El sector gremialista es uno de los más afectados, además del sector de la agricultura, el sector agropecuario, que es un motor principal en la economía cruceña y nacional”, apuntó.

Asimismo, y pese a tener un contexto internacional bastante complicado, Bolivia ha mostrado un buen desempeño macroeconómico; sin embargo, no puede permitirse más paros cívicos que solo deterioran las cifras económicas internas.

“No nos podemos dar el lujo de generar estos paros cívicos que generan retrocesos en nuestro desempeño macro”, dijo.

Finalmente, informó que el modelo económico está garantizado, además de los bonos sociales en el país y las perspectivas para el 2023 aún se mantendrán en la agenda económica sostenible, pese, una vez más, a los paros cívicos que no benefician en nada al crecimiento del país.

Calma, tus aportes están seguros

Por: Fernando Chuquimia, especialista financiero

Recientemente, el “opinador económico” Joshua Bellott Sáenz, sin fundamento alguno, señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos a los ciudadanos bolivianos.

Al respecto, y con el objeto de informar a la población de manera responsable, es importante mencionar que, debido a la quiebra del sistema de reparto, con la Ley 1732, en Bolivia comenzó el sistema de capitalización individual, aspecto que dio lugar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mediante un contrato que el gobierno de entonces lo estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la administración de los aportes para la vejez. Durante la administración de las AFP, los asegurados soportaron pésimos servicios sin calidad ni calidez, escasos beneficios traducidos en capital individual reducido, baja rentabilidad y cobertura mínima a los trabajadores.

En consecuencia, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 065, se establece que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) dejará de ser administrado por privados y debe ser transferido a una entidad estatal, “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, recuperando de esta manera la soberanía que tienen los trabajadores sobre las contribuciones que realizan mensualmente para su jubilación, además de demostrar que el país es pionero en la innovación y administración de los recursos de la población, ante el fuerte cuestionamiento a las AFP en América Latina.

Por otra parte, los fondos del SIP son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, por cuanto se administran de forma independiente de los recursos de la GP, garantizando que no serán destinados a gastos operativos o administrativos.

A cuyo efecto, tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que, posteriormente, financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo; en este sentido, los aportes no pueden ser utilizados de manera discrecional o políticamente.

Para tranquilidad de los trabajadores, la normativa vigente establece mecanismos de control para garantizar los aportes, los fondos, las prestaciones y beneficios, por ejemplo, la fiscalización permanente de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la sujeción al control social, sometimiento a auditoría externa y sobre todo el control de cada uno de los asegurados, toda vez que únicamente son ellos los que pueden acceder a sus recursos para tramitar la pensión de jubilación.

En el marco de la profundización de la soberanía en la administración de la economía boliviana, una buena noticia para los jubilados es que, a partir de mayo de 2023, recibirán un ingreso adicional del 2% en sus boletas de pago, producto de la anulación de las cuatro comisiones que actualmente cobran las AFP (0,5% asegurados, 1,31% jubilados, 0,85% fondo de riesgo y 0,22% administración de portafolios) con relación a la única comisión que cobrará la GP (0,5%). Finalmente, y con base en los párrafos precedentes, se garantiza la seguridad de los aportes y se desmiente, en absoluto, lo manifestado por el opinador Bellott.

El orco alcalde y sus hordas recorren La Paz

EDITORIAL

La obra de J.R.R. Tolkien es rica en mitologías y criaturas. Entre estas últimas, destacan los orcos, a quienes se define como “criaturas usadas como secuaces por los grandes villanos”. Se los retrata como “seres escasamente inteligentes, pero muy astutos cuando es necesario, miserables y deformes. Odian todo lo existente, incluso a ellos mismos y a sus amos, a quienes sirven por temor”. Si bien el origen de los orcos es incierto en la Historia de la Tierra Media, existe un consenso en que son seres corrompidos por un poder maligno, en algunas versiones por Morgoth y en otras por Sauron. Con base en estas características, explicaremos por qué el más idóneo ejemplar de orco en La Paz, se llama Ivan Arias.

Las “hordas de orcos” de Ivan Arias provocaron la violencia en la ciudad de La Paz.

La visita de Arias a la ciudad de Santa Cruz, tan sólo unas horas antes de la marcha convocada por si grupo de amigotes, a quienes bautiza cómicamente como “Asamblea de la Paceñidad”, revela la primera característica del orco: sirve como mero secuaz de un villano de mayor jerarquía. El orco alcalde utilizó recursos de la comuna paceña para irse a pedir instrucciones a sus patrones de turno, los cívicos cruceños.

Siguiendo con la descripción de Tolkien, el orco Arias es escasamente inteligente pero astuto cuando le conviene: en el mes de julio, cuando se conoció de la postergación del Censo de Población y Vivienda, Arias hizo declaraciones apoyando la nueva fecha del censo en 2024. Ahora, en medio del paro cívico ordenado por las logias cruceñas, curiosamente cambia de opinión y se convierte en el secuaz del Comité cívico cruceño en La Paz.

Respecto a la apariencia física del orco, valga decir que Iván Arias está muy lejos de parecerse a un elfo, a un hobbit, un mago o a un enano, siendo más parecido a un habitante de Mordor, o a cierto ser de doble personalidad que, en la literatura, es corrompido por el anillo.

Terminando de encajar con la descripción de Tolkien, el orco Ivan Arias “odia todo lo existente, incluso a sí mismo y a sus amos, a quienes sirven por temor”. Lo ocurrido la tarde de ayer muestra que las hordas violentas fueron encabezadas por Arias: los colectivos para policiales conocidos como “resistencias”, tristemente célebres por su rol durante la masacre de El Pedregal al servicio del régimen de Jeanine Añez. Estos grupos hicieron de “avanzada” de la llamada Marcha de la Paceñidad, lanzando piedras, gases lacrimógenos e incluso cachorros de dinamita en contra de los ciudadanos concentrados entre la Plaza San Francisco y la Avenida Montes del centro paceño.

Las personas heridas por piedras el día de ayer, son los testigos de la faceta del orco alcalde como una criatura difusora del odio y la violencia. Llevando falsamente una pancarta de “paz” y banderas blancas, la horda encabezada por el orco Ivan Arias agredió a todo ciudadano que mostró descontento con el paso de la marcha, a título de considerarlo “masista”; la misma receta que usan los logieros cruceños para evitar el paso a ambulancias y otros vehículos durante el paro cívico.

La Paz no puede caer presa de esos orcos que ya causaron muerte y dolor en El Pedregal en noviembre de 2019. El orco Ivan Arias pretende que la la sede de gobierno se convierta en el nuevo Mordor, una tierra desolada y consumida por el odio. Al igual que en la epopeya fantástica escrita por Tolkien, es hora de tender alianzas y revocar al funesto alcalde orco.

Red Boliviana de Economía Política denuncia “carácter conspirativo” del paro cívico

El Gobierno departamental de Santa Cruz, “cívicos” y las logias de poder cruceñas iniciaron un paro indefinido exigiendo como pretexto que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda se adelante para el 2023. Sin embargo, la intención real del paro decidido por las logias de poder, y los grupos oligárquicos y fascistoides es frenar nuestro Proceso de Cambio socavando la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

La demanda de anticipar la fecha del Censo para garantizar mayor participación política en las próximas elecciones (2025) y asegurar más ingresos que supuestamente les correspondería por el incremento poblacional en Santa Cruz, es totalmente falsa ya que existen varios hechos que contradicen este supuesto interés en el bienestar regional.

  • En 1er lugar, el paro no respeta el proceso de coordinación nacional para consensuar la fecha del Censo y se lanza cuando la fecha censal ha sido consensuada con las autoridades de los otros 8 Departamentos e incluso con las propias autoridades municipales del Dpto. de Santa Cruz.
  • En 2do lugar, es falso que esta oligarquía se preocupe por los ingresos y el presupuesto del Departamento; es decir, por su genuino desarrollo económico y social. Prueba de ello, es que la ejecución presupuestaria de inversión pública de agosto 2022 de la Gobernación de Santa Cruz a la fecha, llega apenas al 17% siendo la más baja no sólo entre todos los departamentos del país sino en relación a todas las instituciones del aparato estatal.
  • En 3er lugar, la oligarquía no se preocupa por los verdaderos intereses económicos y sociales de Santa Cruz, ya que en los gobiernos neoliberales anteriores cuya gestión estaba dirigida por las mismas logias y la oligarquía, Santa Cruz contaba con un presupuesto insuficiente, mientras que en el gobierno del MAS sus recursos aumentaron en seis veces.
  • En 4to lugar, los “cívicos” indican que el paro es una expresión “democrática popular” de su cabildo que, supuestamente, alcanzó a 1 millón y ½ de personas cuando en realidad no pasaron de 230.000 (SIFDE), pero más allá de la cantidad sólo fue una concentración donde monopolizaron la palabra los líderes oligarcas cuando los canales políticos de representación y deliberación al interior del Estado, no se pueden sustituir y que en este momento están en permanente coordinación a nivel nacional para definir el rumbo del Censo.
  • En 5to lugar, la oligarquía descalifica y discrimina la posición del pueblo cruceño ya que el pasado viernes también se efectúo otro cabildo en Santa Cruz con amplia representación y presencia genuinamente popular de los gremiales, artesanos, transportistas, trabajadores, campesinos, indígena-originarios, estudiantes, organizaciones de mujeres y del pueblo en general con participación aún mayor a la del “cabildo” de la derecha, rechazando unánimente el “paro de la oligarquía” que afecta seriamente a la economía de las personas que tienen que trabajar y obtener sus ingresos día a día. Sin embargo, la oligarquía racista se niega a reconocer a cualquier otra expresión política diferente a la suya, discriminando al pueblo cruceño.
  • En 6to lugar, la propuesta “técnica” con la cual se lanzó el paro consistía en sólo dos páginas elaboradas por el rector de la UGRM con información insuficiente, con total falta de seriedad; lo que significa que, antes del paro, los “cívicos” cruceños no tenían un fundamento serio. El viernes 21, el gobierno planteó una propuesta técnica basada en abrogar el actual D.S. sobre el Censo y adelantar la fecha de su realización o dejarla abierta para que sea decidida por una comisión técnica, entregando resultados en octubre de 2024 con lo cual se garantizaría la nueva configuración del mapa electoral para las elecciones del 2025 y la reformulación presupuestaria correspondiente, con lo cual el cien por ciento de las demandas de los “cívicos” estarían atendidas, pero la propuesta fue rechazada en la mesa de diálogo del 22 con el abandono infantil del gobernador Camacho.
  • En 7mo lugar, se evidencia que la razón de la oligarquía frente al pueblo es como siempre de brutal violencia fascista con grupos paramilitares de choque, que acallan a golpes a los que necesitan movilizarse y trabajar. Esta es la actitud de la derecha que envía grupos violentos a los barrios populares como el Plan 3.000, la Villa 1° de Mayo, otros barrios y algunas ciudades intermedias como Puerto Quijarro donde asesinaron violentamente a Pablo Taborga, un trabajador que se opuso al paro cívico.

Por lo explicado, denunciamos el carácter conspirativo del paro de la oligarquía y las logias que tienen la intención de desestabilizar al Gobierno de las clases populares, que viene haciendo esfuerzo por la rápida recuperación económica manteniendo la estabilidad, ampliando la inversión pública, superando la pandemia, regularizando la educación, mejorando las condiciones socio-económicas de las mayorías poblacionales.

En el fondo, la oligarquía boliviana se empeña en retornar al modelo neoliberal, no propone un modelo de desarrollo económico propio a pesar de ser un sector vinculado al empresariado, esto expresa su naturaleza entreguista a los Estados Unidos. Por otra parte, su marcado racismo también es expresión de su renuncia a la posibilidad de valoración del pueblo, de su trabajo y su esfuerzo. En síntesis, es una casta señorial sin proyecto económico propio, entreguista y racista, con lo que cierra toda posibilidad de construcción de país. De aquí se desprende que esta oligarquía no tiene viabilidad histórica ni económica, es un resabio ineficiente e improductivo que existe para entregar el poder a su amo del norte. Por eso, se debe fortalecer el proyecto y sujeto histórico plurinacional, popular, obrero, campesino y comunitario.

Denunciamos también el carácter discriminador y racista de la oligarquía y la derecha de siempre, que trata de negar la posición de las grandes masas de trabajadores del campo y de la ciudad que se oponen a su paro, actualmente reprimida por los grupos paramilitares violentos. Saludamos y apoyamos la organización de los trabajadores, campesinos, vecinos que hacen escuchar su voz, se organizan y actúan al margen de la oligarquía disputando la verdadera representación política de Santa Cruz, luchando y perfilando un proyecto propio articulado al proyecto histórico nacional-popular, obrero, indígena y comunitario.

¡Abajo el paro de la oligarquía conspiradora! ¡No a la violencia fascista! ¡Viva la lucha del pueblo cruceño! ¡Viva el gobierno popular de los obreros, campesinos e indígenas!

La jubilación nuestra de cada día, ayer y hoy

Por: Rafael Villarroel, economista

La jubilación, y la administración de los fondos que la financian, han sido objeto de polémica y de cuestionamientos en los últimos días, pero el sistema de pensiones ha sido uno de los capítulos más sensibles de la historia boliviana de los últimos 30 años, que ha constituido un llamado a la lucha de los distintos sectores de nuestra sociedad; hoy en día, toma una vez más el centro de atención del análisis, con posiciones en pro y en contra con relación a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

Para este efecto, es bueno recordar que a mediados de los años 90 del siglo XX, tuvo lugar una de las reformas estructurales del Estado más polémicas de nuestra historia con la “ley de capitalización” entregando el aparato productivo estatal a manos privadas de consorcios extranjeros internacionales; en paralelo a esto, se dio la reforma de pensiones con aquella “ley de pensiones” que rompió con la lógica de administración jubilatoria, imponiendo un sistema de capitalización individual, cerrando de manera violenta los distintos fondos de pensiones y entregando las acciones de las “empresas capitalizadas” a los administradores del nuevo sistema.

La reforma de pensiones trajo consigo importantes impactos para el Estado boliviano; el primero de ellos, fue una escalada de convulsión interna que concluyó con el silenciamiento sistemático de los disidentes que no estaban dispuestos a consentir estas medidas, con represión y la declaración de estados de sitio que se prologaron por varios meses.

Otro efecto fue que el costo financiero de la entrega de los fondos de pensiones a empresas privadas —que después comenzaron a llamarse familiarmente como AFP—, fue absorbido enteramente por el Estado sin tener ninguna fuente de financiamiento para ello, raíz del fuerte déficit fiscal experimentado; con el costo social que vivimos a finales de los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, junto a las protestas de ancianos en la calle que se encontraban en la “generación sándwich” o que cobraban jubilaciones que hacían inviable la subsistencia.

Lo anterior produjo que en los gobiernos que sucedieron a la reforma de los años 90, se introduzcan cambios que sensibilicen el sistema de pensiones; sin embargo, fueron insuficientes, creciendo a la par la demanda de una nueva reforma de pensiones que humanice este sistema.

Los sucesos citados constituyen el antecedente de la nueva Ley de Pensiones y la creación de la nueva Gestora, donde no solamente se han hecho cambios que permitan una renta universal de vejez (Renta Dignidad), sino que se ha aumentado un componente solidario a la jubilación de quienes no pueden acceder a una renta que garantice su supervivencia. Sin perder de vista que esta reforma ya cuenta con 12 años y sus resultados son notables.

De todo esto, resulta poco comprensible que sectores que hace 30 años estaban en las calles luchando contra la privatización del aparato público estatal y del sistema de pensiones, hoy pidan la permanencia de empresas privadas que tuvieron en sus manos la administración de las empresas capitalizadas a nombre del Estado con los resultados que se conocen, impidiendo la profundización de un sistema de pensiones que ya cuenta 12 años y ha demostrado la solidaridad de los bolivianos con sus mayores.

Nada afecta a los fondos de pensiones

Por: Osmara Morales Paredes, auditora y especialista en fondos de pensiones

Se están virtiendo diferentes puntos de vista, declaraciones, publicaciones y opiniones relacionadas con la Gestora Pública, la administración de los Fondos de Pensiones, los aportes y su administración, entre otros. Sin embargo, una lectura extensa de la normativa vigente y la Constitución Política del Estado permite aclarar varias de esas interrogantes.

Para poder entender este tema es importante rememorar un hito importante en la historia de Bolivia, cuando en 2009 fuimos a las urnas y emitimos nuestro voto sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), norma suprema aprobada con más del 61% de la población, en la que se establece que la seguridad social no puede ser privatizada.

Otro importante evento a tomar en cuenta es la emisión de la Ley Nro. 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, normativa que llegó a resolver los problemas generados por la anterior ley: exigentes requisitos de acceso, restricciones para la incorporación al sistema previsional, pensiones muy bajas, implementación de políticas individualistas, entre otras situaciones que ocurrieron bajo administración de las AFPs.

Es importante mencionar las innovaciones de la actual Ley 065 de Pensiones, cómo i incremento de las pensiones de jubilación incorporando un componente solidario; se redujo la edad de jubilación de 60 a 58 años; se implementó políticas de género reduciendo la edad de jubilación de las mujeres o incrementar la densidad de sus aportes; se permitió la concurrencia de pensiones; de forma integral se reconoció los aportes realizados a otros sistemas de pensiones, entre otras bondades. Estas disposiciones incluyen en su contenido la creación de la Gestora como administradora del Sistema Integral de Pensiones y de sus fondos.

Acerca del rol señalado, es importante aclarar las ideas erróneas lanzadas a la población por irresponsables declaraciones, indicando que el Gobierno se hará cargo de la administración; la Gestora sea pública o privada es una empresa, y ni su marco normativo ni la norma suprema permite a ningún Gobierno la administración de los Fondos de pensiones.

Asimismo, en su rol de administrador, a diferencia de las AFP, tendrá un carácter social y no lucrativo, sus utilidades serán destinadas a incrementar los fondos de pensiones y conforme señala la normativa, su desempeño será medido con indicadores de gestión definidos por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Por otra parte, la normativa señalada contiene disposiciones técnicas restrictivas en el manejo de los Fondos que no permiten injerencias políticas, y que únicamente tienen por objeto establecer medidas en la búsqueda del equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo de inversión; cuando se hace referencia a los aportes realizados por el trabajador, la Ley de Pensiones prevé entre las funciones de la Gestora generar rendimientos financieros, cuyo fin único es incrementar los saldos acumulados en beneficio del Asegurado.

Asimismo, es importante mencionar que la Ley de Pensiones dispone que los recursos de los Fondos deben ser invertidos exclusivamente en Valores o Instrumentos Financieros de oferta pública, a través de mercados primarios y secundarios autorizados, para lo cual debe considerar los límites de inversión establecidos; en este sentido, no existen decisiones del gobierno ni decisiones políticas que pueden obligar al administrador de los Fondos a invertir en instrumentos emitidos por el TGN o el BCB.

Finalmente, habrá que considerar que, para emitir opiniones sobre estas importantes temáticas, se debe realizar un análisis previo, por el respeto que merece la población y asegurados al actual sistema de pensiones, al margen de los desacuerdos y diferencias políticas que podamos tener.

Nueve candados resguardan los aportes de vejez en la Gestora Pública

Por: Iván Quisbert Soria, auditor y especialista en fondos de pensiones

A causa de la quiebra del Sistema de Reparto, el 29 de noviembre de 1996, con la Ley N° 1732 comienza el Sistema de Capitalización Individual en Bolivia y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ingresaron en el mapa de la Seguridad Social de Largo Plazo en el país, bajo un contrato que el Gobierno de entonces estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la soberanía de la administración de nuestros aportes para la vejez.

Durante muchos años, los asegurados soportaron los pésimos servicios que brindaban las AFP y sumado a los escasos beneficios que se recibían por éstas empresas (mala atención, capital individual reducidos, baja rentabilidad, ninguna inversión en el país, escasa cobertura a trabajadores, entre otros), fue un pedido general de diversos sectores de trabajadores del país el constituir una administradora pública de pensiones que permita mejorar varios aspectos en beneficio de los aportantes.

Por tal motivo, la Constitución Política del Estado de 2009, y posteriormente la Ley N° 065 de Pensiones de 2010, estableció que el Sistema de Pensiones dejará de ser manejado por entidades privadas y será transferido a una entidad estatal llamada Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, recuperando de esta manera la soberanía que tenemos los trabajadores sobre las contribuciones que realizamos mensualmente para la jubilación.

Sin embargo, causa un poco de extrañeza que luego de que la Gestora ya tiene todo preparado para que asuma de forma plena la administración del Sistema Integral de Pensiones-SIP y las AFP den un paso al costado, existan trabajadores que se opongan a este evento, alegando que se desconfía de la futura administración de los aportes y que el Estado haría un uso indebido de los recursos que se encuentran en los Fondos de Pensiones.

Al respecto, para tranquilidad de los trabajadores, la Ley N° 065 de Pensiones estableció ciertos mecanismos de control (candados) para garantizar los aportes, los Fondos del SIP, las prestaciones y beneficios, entre los cuales se encuentran:

  1. Los Fondos del SIP son patrimonios autónomos y diversos respecto al patrimonio de la Gestora, se manejan de forma independiente de los recursos propios del administrador.
  2. Estos Fondos son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y solo se dispondrán conforme establece la Ley (inversiones y pago de pensiones y beneficios).
  3. Los aportes de todos los asegurados, (trabajadores o jubilados) únicamente pueden ser invertidos en títulos valores, de carácter público o privado, que cumplan criterios de calificación de riesgo, rentabilidad y cumplimiento normativo para ser catalogados como títulos valores admisibles de inversión.
  4. La Gestora estará conformada, previo cumplimiento de requisitos, por un Directorio profesional y especializado, que será responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de estas; así como establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y financieras.
  5. La Gestora es una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Deberá presentar Estados Financieros propios y de los fondos administrados, auditados por una Empresa de Auditoría Externa, al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Contraloría General del Estado, al Organismo de Fiscalización y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
  6. El régimen de inversiones de los Fondos del SIP está establecido por la Ley N°065, en base a calificación de riesgo, diversificación y tipo de instrumento, y no está sujeto a discrecionalidades del administrador.
  7. El noventa y cinco por ciento (95%) de las inversiones de cada Fondo administrado debe mantenerse en Entidades de Depósito de Valores debidamente autorizadas por la Ley N°1834 del Mercado de Valores
  8. Existen sanciones para las personas que destinen los recursos del SIP para cualquier fin ajeno a lo dispuesto la Ley N°065 y los responsables serán sancionados de acuerdo al Delito de Uso Indebido de recursos.
  9. La Gestora está bajo a supervisión, regulación y fiscalización del Organismo de Fiscalización y además estará sujeta al Control Social, la cual puede ser aplicada por cualquier asegurado al SIP.

En este sentido, existen las suficientes garantías para que los aportes y los Fondos del SIP estén seguros bajo la administración estatal de la Gestora, por lo que es responsabilidad de nosotros como asegurados tomar conocimiento de la normativa y evitar la difusión de afirmaciones erradas o planteamientos de supuestos, que traten de impedir el inicio pleno de sus actividades, recalcando que este evento fue esperado por muchos trabajadores desde el cambio del régimen de pensiones el año 2010.

Empresas Públicas invierten Bs2.453 millones en proyectos productivos

Por: Gonzalo Callisaya, economista

Las empresas públicas juegan un rol importante en el actual modelo económico vigente, proveen servicios básicos, generan excedentes y sus inversiones productivas impulsan el dinamismo de la economía.

La pandemia del COVID-19 tuvo un fuerte impacto en las empresas estatales acentuado por la mala administración del gobierno de facto que las quiso llevar a su liquidación; sus ingresos y ganancias se desplomaron, en esta situación las empresas redujeron sus costos y se endeudaron para obtener liquidez que les permitiera sobrellevar la situación.

Sin embargo, actualmente las empresas públicas han tomado medidas y están en plena recuperación, ya que, entre enero y agosto de este año, la ejecución del presupuesto de inversión de las empresas públicas ascendió a Bs2.453 millones, resultado de la aplicación de las medidas del gobierno nacional en relación con la reactivación de la economía.

Según datos del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), las cinco empresas que reportan mayor ejecución presupuestaria de inversión en este periodo son: Empresa Siderúrgica del Mutún (59,4%), Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” (54,2%), Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL (46,3%), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos – EBIH (39,3%) y Empresa Nacional de Electricidad – ENDE (38,6%). Dichas empresas ejecutaron un total de Bs1.567 millones, que representan el 64% de lo ejecutado por el total de las empresas que, a la fecha, tienen proyectos en marcha programados para 2022.

Fuente: SISIN/VIPFE/MPD

Los niveles de ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión en las empresas públicas son reflejo de la recuperación de la economía, no solo en términos actuales sino también potenciales, toda vez que implican mayores operaciones a futuro, así como efectos multiplicadores y fuentes de empleo (directo e indirecto), en línea con los preceptos Modelo Económico Social Comunitario Productivo (redistribución del excedente en nuevos emprendimientos generadores de ingreso y empleo, y programas sociales para erradicar la pobreza), los Ejes y Metas del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 (Reconstrucción de la Economía, Industrialización con Sustitución de Importaciones, entre otros), y los esfuerzos realizados mediante los planes de desarrollo para incrementar los niveles de inversión en empresas no vinculadas con la actividad petrolera, como las empresas mineras, de electricidad, de servicios, de insumos para la producción agrícola, entre otras.

Los Bs1.567 millones ejecutados se concentran en proyectos relacionados con plantas de generación de energía, fabricación de laminados de acero y producción de fertilizantes.

Fuente: SISIN

Finalmente, como se puede apreciar en los datos expuestos, las empresas públicas, son entidades importantes en nuestra recuperación económica, hay que apoyarlas y trabajar en su fortalecimiento, para que nuestras empresas estatales, sean prosperas para consolidar una recuperación económica sólida.

Censo técnico y transparente

Por: Verónica Huarina, economista

En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.

La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.

A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.

Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.

Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.

Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.

Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.

Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.

Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.

El cabildo de las mentiras contra el censo

Por: Juan José Bedregal, analista económico

En los últimos años, los bolivianos hemos sido testigos de una serie de movilizaciones alentadas por matrices de desinformación. Sin ir muy lejos, el 2021 inició con marchas de colectivos antivacunas, y hoy se concreta un cabildo en Santa Cruz alentado por una campaña mediática y política llena de falsedades en torno al Censo de Población y Vivienda. Se han tejido mitos en torno a la distribución de recursos, un supuesto plazo constitucional de 10 años que no consta en ninguna normativa, e incluso se tergiversaron las atribuciones del INE.

Los promotores del Cabildo hacen creer a sus seguidores que el Censo redistribuirá recursos a los gobiernos subnacionales en función a la población. Lo cierto es, que la distribución poblacional se aplica tan sólo a una de estas fuentes, que es la coparticipación tributaria de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. Por si fuera poco, según datos oficiales, la coparticipación tributaria representa menos del 8% de los ingresos de los gobiernos autónomos departamentales. Las demás fuentes, como el IDH, Regalías Hidrocarburíferas, Transferencias del nivel central del Estado y Recursos Propios, no dependen de los datos del Censo.

Otro de los mitos en torno al Censo es que éste debería realizar legalmente cada 10 años; algunos usuarios de redes sociales e incluso el gobernador Fernando Camacho sostienen esta quimera. Lo cierto es, que no existe ninguna normativa que establezca un plazo de 10 años para la realización de los censos en el bloque de constitucionalidad vigente. Este plazo no está consignado en ningún apartado de la carta magna, ni en ninguna ley o decreto supremo vigente.

La politización de la temática del censo ha llegado al extremo de hacer creer a ciertos sectores de la población que el Instituto Nacional de Estadística tiene como “única función” realizar el Censo. Estas versiones desconocen la Ley N°1405 otorga al INE otras 12 atribuciones además de los Censos oficiales. El INE, en su calidad de ente rector de la estadística oficial a nivel nacional, cumple muchas funciones más allá del censo.

Como remate de este cóctel de desinformación, está la autodenominada “Comisión Interinstitucional del Censo” conformada por la Gobernación de Santa Cruz, cívicos cruceños y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Esta comisión presentó con bombos y platillos un documento que (según ellos) argumentaba técnicamente la idea de realizar el Censo en 2023. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que la propuesta técnica contenía tan sólo dos páginas con dos tablas y menos de 100 caracteres escritos, sin ninguna fundamentación técnica. Por si fuera poco, el legajo de 128 páginas contenía correspondencia institucional de la Universidad y fotocopias de la propia presentación del INE en la socialización del censo para inflar su contenido.

La “propuesta del censo 2023” de la UAGRM, con solo 2 páginas.

Un documento tan escasamente sustentado demuestra que el censo es una tarea más técnica que política, en donde deben trabajar estadísticos, economistas, informáticos, cartógrafos, etc., pero no políticos. Un cabildo no tiene tuición alguna sobre una actividad netamente técnica: basta con verificar cuántos especialistas en estadística participarán en el rol de oradores; puedo pronosticar que ninguno.

Un cabildo no es una instancia técnica para definir la fecha del censo. Es solamente una reunión de personas afines a una posición política, que no tienen la mínima intención de escuchar a profesionales del área, y que estarán presentes para reforzar la agenda y las resoluciones preparadas por aquellos que instalaron el discurso de desinformación en torno al censo. Un enorme y costoso mecanismo para mirarse el ombligo entre convencidos sin escuchar criterios técnicos. Nada más lejano a la “democracia participativa” que busca otorgar legitimidad e incluso efectividad legal al evento.

En conclusión, el llamado “cabildo por el censo” es la culminación de una sumatoria de mentiras promovidas por la casta cívica cruceña y sus medios de comunicación. Sin embargo, cuando los políticos que crearon ese discurso se proponen elaborar un documento técnico, no logran completar la tarea. Simple y llanamente, porque el gobernador, los cívicos y el rector de la universidad cruceña no tienen interés en el aspecto técnico del Censo; su tarea es hacer política, y eso están haciendo.