LAS RENTAS EN EL PAÍS OSCILAN ENTRE BS 640 Y BS 33.082

La Paz, 14 de abril de 2024 (Economía y Más). – En Bolivia, las rentas de los trabajadores jubilados se pagan desde los Bs 640 hasta las Bs 33.082, según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

“El monto mínimo de Pensión Solidaria de Vejez que un asegurado al Sistema Integral de Pensiones (SIP) puede recibir, con 10 años de aporte a la Seguridad Social de Largo Plazo, es de Bs 640. Asimismo, de acuerdo a datos de la APS, el monto de la pensión de vejez más alta registrada asciende a Bs 33.082”, respondió la institución a un cuestionario que envió este diario a la unidad de Comunicación del Ministerio de Economía.

De un total de 219.266 jubilados que hay en el país, el 77%, o sea 169.089 personas, recibe rentas entre Bs 640 y Bs 4.000. Mientras, el otro 23%, 50.177 personas, percibe una renta por encima de esos Bs 4.000.

Del universo de jubilados, el 69% (151.134 personas) reportaron en su trayectoria laboral un sueldo de hasta Bs 6.000, mientras que el 31% (68.132) tuvieron ingresos por encima de ese monto de dinero. Eso determinó el monto de sus rentas mensuales.

¿Cómo se define el monto de la Pensión Solidaria de Vejez? La renta tiene tres componentes que definen ello. Es la sumatoria del cálculo de aportes individuales, además del Fondo de Compensaciones, si corresponde, y la fracción solidaria.

Esos datos cobran importancia en medio de la discusión sobre el Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.

Dicha norma, impulsada por el Gobierno, busca beneficiar a jubilados “que realizaron aportes relativamente bajos, permitiendo una vejez digna en su etapa adulta mayor”, según la respuesta del Ministerio de Economía.

Además, prevé “fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario a través del incremento de los aportes solidarios de los empleadores (público/privado) y de los asegurados con ingresos elevados, superiores a los Bs 13.000”.

Un tercer objetivo de esa propuesta de norma es “preservar la salud e integridad del trabajador, así como del entorno donde desarrolla sus actividades laborales a través de un examen médico a cargo del INSO (Instituto Nacional de Salud Ocupacional), que es un Instituto especializado en salud ocupacional”.

Precisamente, la interpretación del último genera protestas en algunos sectores. La disposición adicional Única del Proyecto de Ley 035 señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, principalmente para evaluar el estado del trabajador. “Dicha evaluación no limita el derecho a la continuidad laboral en el sector público o privado”, aclaró el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa el miércoles de la anterior semana.

Los sectores en conflicto, que impulsaron movilizaciones durante la semana, consideran que dicha disposición en la norma implica una “jubilación obligatoria”.

Ante eso, el viceministro Apaza salió al frente a explicar cuál es el motivo del cuestionado examen médico e instó a los movilizados a “no tenerle miedo” al examen médico.

“Los dirigentes del sector salud no deberían tenerle miedo a un examen médico, que simplemente va a evaluar sus facultades, y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo, lo va a seguir relaalizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, indicó.

Reiteró que el Proyecto de Ley 035 modifica la Ley de Pensiones y que fue enviado hace nueve meses a la Asamblea Legislativa para la discusión de su contenido.

Sin embargo, Apaza se abrió a la posibilidad a debatir los cambios a la Ley de Pensiones con el sector salud y el magisterio, que se oponen al proyecto de ley.

“El diálogo, la socialización, el debate de todo proyecto tiene que estar abierto. Nosotros, como proyectistas vamos a asistir a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Somos respetuosos de sus atribuciones y competencias”, dijo el funcionario a los periodistas el miércoles.

Apaza afirmó que, como impulsor del proyecto de ley, acudió a varias mesas de trabajo en la Cámara de Diputados y que, incluso, se realizaron al menos 33 eventos de socialización con varios actores.

“Nosotros tenemos todos los argumentos técnicos y legales. Se ha hecho un estudio matemático actuarial que respalda plenamente la sostenibilidad del fondo solidario y que va a mejorar la vida de todos los jubilados”, complementó el viceministro Apaza.

“Algunos dirigentes tienen intereses políticos. Algunos de ellos ya se están viendo como candidatos (electorales) y por eso llaman a la movilización; cuando éste es un proyecto de ley que está en tratamiento en la Asamblea. En todo caso, cualquier medida de presión debiera ir a esa instancia. Son diputados y senadores que van a recibir los comentarios, apoyo u observaciones”, reclamó.

El proyecto está radicado en una comisión de Diputados.

El Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, busca ampliar la fracción solidaria de la Pensión Solidaria de Vejez.

El beneficio de eso radica en el incremento de la renta mensual del 69% de jubilados con el Sistema Integral de Pensiones (SIP) en hasta Bs 1.000, según corresponda a la cantidad de aportes y años trabajado de cada beneficiario.

Por ejemplo, un jubilado cuya renta es de Bs 1.200 recibirá 1.346; quienes perciben Bs 2.500, alcanzarán a Bs 2.844 y otro beneficiario que recibía Bs 3.300, llegará a percibir Bs 3.900.

“El proyecto de ley también favorecerá a los futuros jubilados del SIP que se beneficiarán de un incremento en la Pensión Solidaria de Vejez, previo cumplimiento de requisitos, la cual además es vitalicia y cuenta con seguro médico para el titular y su grupo familiar”, indicó Economía.

Los recursos están previstos en un estudio matemático actuarial que, según la información de la APS, “está garantizado hasta 2048”.

Esos recursos devienen del aporte solidario a la vejez, que se incrementará según a la escala salarial de los trabajadores activos con ingreso igual o superiores a Bs 13.000. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de Bs 15.000, hará un aporte de Bs 3; de Bs 17.000, será Bs 6; mientras que de Bs 20.000 será de Bs 11, y, finalmente, de los salarios iguales o mayores a 25.000, el aporte será de Bs 18.

La edad de jubilación se mantendrá en 58 años para varones y mujeres, con la reducción de un año por cada hijo nacido vivo en mujeres.

Hay 17.800 jubilados activos laboralmente. El 62% pertenece a los sectores que propiciaron las movilizaciones en contra del Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) a un cuestionario de La Razón.

El principal motivo de su rechazo es a la disposición adicional única del proyecto de ley, que señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

Eso fue interpretado por los sectores en conflicto como una “jubilación forzosa”. Ante eso, el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que la Asamblea Legislativa convocó a los delegados del sector médico a una reunión mañana, con el fin de discutir el contenido.

Ahora, se espera la respuesta de las dirigencias ante la invitación del oficialismo.