Day: April 10, 2024

La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Más ).– La encuesta “Compromiso Empresarial con el Agua”, impulsada por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), muestra que los proyectos liderados por 18 empresas facilitan el acceso a agua potable y saneamiento básico a más de 3.000 personas.

La encuesta demostró un compromiso sólido con la gestión eficiente y responsable del agua, reflejando el impacto positivo de las iniciativas de sostenibilidad implementadas en el sector privado.

Las firmas privadas que participaron fueron Banco Nacional de Bolivia, Nacional Seguros, Empresa Minera Manquiri S.A., Laboratorios Farmacéuticos LAFAR S.A., SAGUAPAC, Fundación Coca Cola de Bolivia, UNAGRO S.A., Droguería INTI S.A., EMBOL S.A., Grupo Minero Sinchi Wayra, Soboce S.A., Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A., Itacamba Cemento S.A, Banco FIE, Sofia, Valkure SRL, La Papelera y Laboratorios Bagó de Bolivia S.A.

Los resultados muestran a más de 3.000 personas beneficiadas con el acceso a agua potable y saneamiento básico gracias a los proyectos liderados por las empresas encuestadas. El 78% de las firmas reutilizan el agua en sus operaciones, 56% trabaja con sus proveedores para mejorar la gestión del agua y 78% capacita a sus colaboradores en uso responsable del agua.

“Desde la implementación de tecnologías de ahorro de agua hasta la promoción de la conciencia sobre la importancia de este recurso, estas empresas están marcando la diferencia en el uso responsable y adecuado de este recurso”, refiere un reporte de la CNI.

La Cámara Nacional de Industrias se encuentra adherida al Pacto Global de las Naciones Unidas en Bolivia, apoyando con la Mesa de Medio Ambiente en la realización de una encuesta a empresas del país para recopilar información sobre las buenas prácticas y proyectos relacionados con el manejo responsable del agua.

“Es alentador ver cómo empresas bolivianas están trabajando activamente su responsabilidad ambiental, particularmente en lo que respecta a la gestión del agua”, comentó Lucia Sossa, directora del Pacto Global de las Naciones Unidas en Bolivia.

Al respecto, el gerente general de la CNI, José Luis Zavala, resaltó la importancia de unir esfuerzos para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua “para todos”.

“Las empresas tienen un papel crucial en este proceso y su compromiso es fundamental para alcanzar este objetivo compartido”, afirmó.

La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Más ).- Datos de una encuesta de la empresa Diagnosis revelan que el 59% de los consultados rechaza las medidas de presión en contra del proyecto de Ley 035, que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que incrementa la Pensión Solidaria de Vejez; además, el 41%, la mayoría, opina que la jubilación debería ser a los 65 años.

Se consultó a los encuestados si están de acuerdo o no con las movilizaciones y paros de diferentes sectores contra el proyecto de ley de modificación a la Ley de Pensiones; a lo que el 33% respondió estar en desacuerdo y el 26% dijo estar “muy en desacuerdo”; sumados ambos valores da como resultado el 59%.

En tanto, el 23% de los consultados dijo ser indiferente a las medidas de presión y solo un 11% dijo estar de acuerdo.

Según la ficha técnica, el universo de encuestados corresponde a hombres y mujeres de 18 a 65 años; con una muestra de 1.800 encuestas en el área urbana y rural de los nueve departamentos.

Asimismo, el error muestral es de +/- 2,31%. Se utilizó el método de encuestas presenciales en hogares, en soporte digital.

También se consultó a los encuestados si están de acuerdo con que la jubilación debería ser máximo a los 65 años, para dar paso a los jóvenes; y si se debe permitir trabajar
más allá de 65 años para aumentar las pensiones. Como resultado se tuvo un 41% de apoyo a la primera opción; 22%, a la segunda; y el 37% eligió la opción no sabe/no responde (NS/NR).

Para el analista económico Alberto Bonadona, el proyecto de Ley 035 “puede generar un efecto positivo” aunque “no multiplicador” porque afecta a un grupo de la sociedad. “Al subir la escala que califica a las personas que están ya jubiladas les puede dar un incremento en sus pensiones, no a todos les va a dar mil bolivianos, sino a aquellos que tienen más de 35 años”, señaló.

En tanto, el analista Martín Moreira calificó el proyecto de norma como “un beneficio”, porque favorece al 70% de los jubilados del país.

“Es un beneficio que se está dando para mejorar las condiciones de dinero y la calidad de vida de los jubilados. La ley no trata de forzar a nadie a la jubilación, al contrario, trata de cuidar la salud de los futuros jubilados con el examen médico a los 65 años”, refirió Moreira.

Agregó que existe una mala información sobre este tema, y que los promotores de las medidas de presión en contra del proyecto son una minoría “que miente y especula”.

La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Más ). – La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores sesionó este miércoles, pero no agendó la aprobación de los tres proyectos de ley sobre créditos por $us 487.046.850 que los tiene en carpeta desde mediados de marzo.

El presidente de la Comisión, el senador Isidoro Quispe, informó que en la sesión se aprobó “un proyecto de Resolución Camaral y una Resolución de la Comisión”.

Se trata de la Resolución 007/2023-2024 presentada por la senadora Nely Gallo, miembro del Comité de Política Financiera, para la realización del Foro de Interés Ciudadano titulado: “Bolivia hacia una nueva Política Económica”.

Además del proyecto de Resolución Camaral N° 15/2023-2024 de “modificación del Plan Operativo Anual – POA 2024 por transferencia de recursos para la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral”, que está a cargo del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

A esta comisión fueron remitidas, el 14 de marzo, tres proyectos de ley sobre créditos por $us 487.046.850.

El primer proyecto aprueba el crédito por hasta $us 200.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “Programa de Electrificación Rural III”; y el convenio de préstamo por $us 125.000.000 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM), para la “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia – IDTR III”.

El BM dio inicialmente un ultimátum de 30 días al Gobierno boliviano para que se autorice el crédito en el Legislativo. Autoridades del Ministerio de Planificación hicieron gestiones y lograron ampliar el plazo hasta junio.

El segundo proyecto de crédito es por hasta 15.000.000.000 yenes japoneses (unos $us 100.046.850). Provienen de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y están destinado al “Programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19”.

A la lista se suma el proyecto que aprueba el préstamo para el “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz”, que proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y asciende hasta $us 62.000.000.

Estos tres créditos son parte de un paquete de siete normas que debían ser aprobadas en febrero por el Legislativo, en el marco del acuerdo político multipartidario que posibilitó el vicepresidente David Choquehuanca para viabilizar la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

De ese paquete, sólo dos fueron sancionadas hasta la fecha: una que viabiliza el acceso a los créditos de $us 57.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz – Oruro, y otra de $us 56.050.000 destinados a la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

Ambas normas fueron promulgadas por el presidente Luis Arce.

Los legisladores opositores de Comunidad Ciudadana, Creemos y los “evistas” se oponen a dar curso al resto de los créditos en tanto no se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 que suspenden los plazos procesales y cesan en sus funciones a las actuales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Hasta el momento no se conoce si las propuestas deben considerarse en la Cámara de Diputados o en sesión de la Asamblea Legislativa.

El presidente Luis Arce afirmó en reiteradas oportunidades que se trata de un boicot en contra de la gestión y que afecta al pueblo porque no se pueden ejecutar las obras.

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La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Mas). – La estatal Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) entregará en julio de este año la ampliación de la Planta Procesadora de Lácteos en Achacachi y en octubre la Industrializadora de Frutas de Sapahaqui, ambas localizadas en el departamento de La Paz.

El gerente general de EBA, Javier Freire, informó que la ampliación de la Planta procesadora de lácteos en el municipio de Achacachi tiene un importante avance, por lo que será entregada en julio.

Esta industria se edifica con una inversión de Bs 45,4 millones. Su ampliación consiste en subir su capacidad productiva de 20.000 litros día a 40.000 litros día, con una moderna línea de Ultrapasteurizado y además podrá procesar cereales y pulpas de frutas y verduras.

La ampliación comenzó en julio de 2023. Beneficiará a al menos 1.300 productores de lácteos.

“También está en construcción la Planta de Procesamiento de Frutas en Sapahaqui, denominada ‘Bartolina Sisa’, que va a ser entregada en octubre, con una inversión de 50 millones de bolivianos”, anunció el gerente de EBA.

La construcción de esta nueva factoría comenzó en noviembre de 2022. Procesará 2.160 toneladas (t) año de diversos frutos, que se producen en el municipio entre ellos tuna, pera y durazno.

Ambas factorías son parte del proyecto de construcción de 150 plantas industriales que encara Bolivia en la gestión de gobierno del presidente Luis Arce, en la línea de la política de industrialización para sustituir importaciones.

La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Más) . – Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) gestiona la habilitación de parqueos para cisternas de transporte de combustible en puntos de importación en cuatro países “con las condiciones necesarias”, en salubridad y seguridad.

“Vamos a ver de habilitar parqueos en los puntos de importación que tenemos tanto en Perú, Chile, Paraguay y Argentina con las condiciones necesarias para estos chóferes”, informó este miércoles el director de Comercialización e Importaciones de YPFB, Ariel Montaño.

En contacto con Bolivia Tv, explicó que el costo de estos parqueos deberá ser cancelado por las empresas transportadoras de combustible, como corresponde, pero si éstas no lo hacen “lo hará YPFB y les descontará de los costos que actualmente cobran por su servicio”.

“El precio que se le paga a estas empresas de transporte por litro transportado es el adecuado, el correcto y el justo. Y en ese sentido, ellos también deberían dar las condiciones a sus empleados”, dijo.

La estatal petrolera gestiona la habilitación de dichos parqueos con la finalidad de que no vuelva a ocurrir lo suscitado en Paraguay, con el fallecimiento de chóferes de cisternas con matrícula boliviana por esperar el carguío de combustible en ese país.

Las cisternas fueron enviadas por las empresas transportadoras privadas por cuenta propia, sin contar con la respectiva autorización de YPFB y además no ofrecían las condiciones laborales a sus chóferes.

Medios de comunicación reportaron que cinco chóferes de camión cisterna con matrícula boliviana fallecieron en ese país cuando aguardaban su turno para cargar combustible; sin embargo, una comisión de YPFB que llegó hasta allá identificó que dos conductores de la empresa Petrobel e Hidrovargas perdieron la vida.

De acuerdo con el Director de Comercialización e Importaciones de YPFB, hasta el momento se cuenta con información preliminar; sin embargo, seguramente, en el curso de este miércoles o jueves se tendrá un informe oficial al respecto.

“Lo que ha sucedido en el sector del sur no es lo correcto, se van a aplicar las sanciones necesarias, pero más allá de las sanciones lo que nos interesa como YPFB es que este hecho no vuelva a suceder”, enfatizó.

La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Más).- El presidente Luis Arce impulsa la construcción de 23 plantas industriales para el procesamiento de frutas en varias regiones del país.

De acuerdo con el proyecto de industrialización de Bolivia que impulsa Arce, se prevé explotar las potencialidades agrícolas de cada región y, en ese marco, la diversidad de frutas no pudo quedar al margen de la meta.

Es prioridad para el gobierno del presidente Arce mejorar las condiciones productivas y económicas de los municipios a través de la implementación de estas 23 plantas frutícolas. Con ellas se espera impulsar la producción de néctar, conservas, pulpa de fruta, jugos, entre otros.

En el departamento de La Paz hay cinco plantas frutícolas: en Sapahaqui, la Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa, con una inversión de Bs 50 millones; en Caranavi, la Planta de Cítricos, con una inversión de Bs 4,8 millones; en Viacha, la Planta Procesadora de Derivados de Almendras, con una inversión de Bs 24,7 millones; en Alto Beni, la Planta de Plátano y Yuca, con una inversión de Bs 206,7 millones, y en Teoponte está la Planta Procesadora de Banano, Plátano y Yuca, con una inversión de Bs 13,5 millones.

En Chuquisaca son siete industrias frutícolas: en Presto está la Planta Industrial de Transformación de Chirimoya y Durazno, con un costo de Bs 8 millones; en San Lucas, la Planta de Transformación de Durazno, con un monto de Bs 14,3 millones; en Incahuasi, el Centro de Transformación de Ají, con una inversión de Bs 7,3 millones; en Villa Azurduy se está emplazando el Centro de Almacenamiento, Conservación y Empaque de Derivados de Manzana, con una inversión de Bs 7,4 millones; en Culpina está el Centro de Empaquetado y Transformación de Manzana, con un costo de Bs 5 millones; también en Culpina está el Centro de Industrialización de Frutas de los Cintis, con una erogación de Bs 77,4 millones, y en Huacareta, el Complejo de Transformación de Cítricos, con una inversión de Bs 8,1 millones.

En Pando se tienen tres industrias: en Cobija, la Planta Procesadora e Industrializadora de Pulpa y Néctar de Asaí, Majo, Copoazú y Cítricos, con una inversión de Bs 15,2 millones; en Puerto Rico está la Planta de Transformación de Productos de la Amazonía, con una inversión de Bs 94,5 millones; y en Sena está la Planta Procesadora de Derivados de Plátano, con un costo de Bs 6,3 millones.

En Beni se cuenta con tres: en Riberalta está la Planta de Industrialización de Almendra, que tiene una inversión de Bs 74,8 millones; en San Borja, la Planta Procesadora de Harina de Plátano, con una inversión de Bs 5,3 millones, y en Magdalena, la Planta Procesadora de Frutas de Temporada, con una inversión de Bs 8,9 millones.

En Cochabamba, en Entre Ríos se cuenta con la Planta Procesadora de Piña, con una inversión de Bs 93,1 millones.

En Santa Cruz, en Yapacaní, está la Planta Procesadora de Transformación de Frutas, con una inversión de Bs 7,9 millones.

En Tarija hay dos industrias: en Yunchará está la Planta Industrial de Frutales Ecológicos Membrillo de Altura, con una inversión de Bs 4,7 millones, y en El Puente está la Planta de Industrialización del Durazno, con una inversión de Bs 7,4 millones.

Finalmente, en Potosí, en Toro Toro, se encuentra la Planta de Transformación de Limón, con una inversión de Bs 5,8 millones.

La Paz, 10 de abril de 2024 (Economía y Más).- En una reunión entre el Ministerio de Hidrocarburos, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otros sectores productivos de Santa Cruz, el Gobierno garantizó la provisión de combustibles. En una anterior cita también se transmitió esta garantía a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

“Nuestro viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, se reunió con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) para garantizar el abastecimiento de combustibles para los sectores productivos”, informó ayer el Ministerio de Hidrocarburos en sus redes sociales oficiales.

El 21 de marzo, autoridades de esta misma cartera de Estado se reunieron con representantes de Anapo, en el marco del cumplimiento de la agenda de 10 puntos acordada entre el Gobierno y empresarios privados en febrero. El objetivo de garantizar el suministro de combustibles al sector oleaginoso es asegurar la cosecha de granos, se informó.

En dicha reunión, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, planteó a Anapo la necesidad de incrementar tanto la producción como la productividad agrícola, teniendo en cuenta el aumento de la producción de biocombustibles en el país. En respuesta, el sector productor destacó el compromiso del Gobierno y asumió también la responsabilidad de “seguir produciendo con sostenibilidad”.