Day: October 12, 2022

La Paz, 12 de octubre de 2022.- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, lanzaron el proyecto denominado Domitila Barrios, de fortalecimiento de unidades productivas lideradas por mujeres con enfoque de género en Bolivia.

En instalaciones del Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, autoridades nacionales lanzaron el proyecto estratégico que permitirá a las mujeres lideresas fortalecer sus emprendimientos.

La autoridad explicó que el proyecto lleva el nombre de Domitila Barrios porque ella dejó para las mujeres lecciones de valentía y constancia.

“Nuestro Estado Plurinacional es producto de esa lucha conjunta entre mujeres y hombres. Cuando nos arrebataron nuestra democracia, la posibilidad parecía diluirse, un momento que vino con mucha violencia machista, fue cuando las mujeres en pie de lucha recuperaron nuestra democracia interculturalidad. Ahora estamos reconstruyendo nuestra economía y cada una de ustedes es protagonista en esto”, sostuvo.

Prada destacó que el proyecto está dirigido a las mujeres para que dejen la dependencia económica, ya que este es uno de los pilares del patriarcado. “En ese sentido desarrollamos varios proyectos, entre ellos Banca Mujer, Banca Semilla, Mujer Jefa de Hogar y ahora lanzamos este programa que aplicará la política de despatriarcalización con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”, dijo la ministra.

Prada agradeció al equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por trabajar en el proyecto que permitirá a las mujeres iniciar su emprendimiento.

“Por lo tanto, desde nuestras políticas de despatriarcalización contribuimos con este tipo de proyectos que son un aporte a las luchas sociales. Trabajamos para una sociedad sin oprimidos, opresores ni explotados”, dijo.

Santa Cruz, 12 de octubre de 2022 .- Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), un paro indefinido afectaría a más de 80.000 productores cruceños que producen alrededor del 75% de alimentos para Bolivia.

El presidente de la CAO, Mario Justiniano, informó que esta entidad aglutina a 16 instituciones, que asocian a productores de oleaginosas, avicultores, porcinocultores, lecheros, ganaderos, algodoneros, cañeros, además de agricultores de frutas, verduras y hortalizas en el oriente boliviano.

“Todo eso engloban más de 80.000 productores que están aglutinados a través de las instituciones a la CAO y en conjunto también con otras organizaciones u otras instituciones que también son productores”, indicó en contacto con el canal DTV.

En ese contexto, sostuvo que la CAO es respetuosa de las decisiones que se tomen en Santa Cruz, pero esta entidad como sector productivo “tiene el firme compromiso de seguir garantizando la alimentación de los bolivianos”.

“También aclarar a la población que cuando hay un corte en la vía, cuando hay bloqueo, cuando hay la situación que fuere, que hace que los alimentos posteriormente escaseen en los mercados, inmediatamente, eso se traduce en un mayor precio”, dijo.

Explicó que el productor “solamente es el inicio de toda una cadena que concluye en el comerciante” y un paro ocasiona el incremento de precios de los alimentos en los mercados, principalmente.

Ante ello, la CAO considera que el transporte de alimentos no solamente debe estar garantizado por las autoridades de turno, sino también por las mismas personas que promueven dicha medida.

“Desde Santa Cruz generamos más del 75% de los alimentos para Bolivia y eso lo decimos entendiendo de que es altamente necesario de que el poder transportar la alimentación tiene que estar garantizado”, remarcó.

El Cabildo del 30 de septiembre en Santa Cruz, que fue promovido por la Comisión Interinstitucional, liderada por el gobernador, Fernando Camacho, y cívicos, anunció ingresar a un paro indefinido desde el 22 de octubre si el Censo de Población y Vivienda no se realiza en 2023.

El Censo fue reprogramado para el primer semestre de 2024 en consenso, en julio, en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), instancia que aglutina a autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes y representantes de diferentes sectores, según reportes oficiales.

La Paz, 12 de octubre de 2022 .-  El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que se mantiene abierto al diálogo con los trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni para encontrar un consenso y garantizar los recursos económicos para el pago de bonos sociales.

De acuerdo con datos de esa cartera de Estado, el martes, en el auditorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se instaló la mesa de negociación con los dirigentes y representantes del sindicato de trabajadores de Huanuni.

En la comisión técnica de negociación participó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro; la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza; y el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán.

Sin embargo, tras horas de debate los mineros de forma unilateral abandonaron la mesa del diálogo.

“La lógica siempre ha sido estar abiertos al diálogo, esperar que ellos también reflexionen y buscar un camino que no atente contra la continuidad del pago de bonos sociales”, afirmó el ministro en conferencia de prensa.

Los mineros de Huanuni bloquean la ciudad de La Paz en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 4783, normativa que fue derogada la pasada semana luego de un consenso con los dirigentes de las empresas mineras Colquiri y Corocoro y delegados de las mineras estatales.

“Hemos puesto una explicación racional de lo que ocurrió la anterior semana y creemos que esta solicitud y esta exigencia de abrogar el Decreto Supremo 4783 es un extremo total, dado que ya la solución de derogación no toca ya nada con los artículos que estaban en preocupación por parte de los trabajadores del área minera, entonces ellos han roto el diálogo y nosotros siempre estamos abiertos al diálogo”, insistió el ministro.

Lamentó las contradicciones de los trabajadores mineros, quienes plantearon inicialmente derogar los artículos en los que se mencionaba el aporte de las empresas estatales para las políticas sociales y ahora exigen la abrogación total del decreto sin respetar el acuerdo alcanzado la anterior semana con los mineros de Colquiri y demás empresas mineras.

Con la derogación no se toca ya nada respecto al aporte de las empresas estatales, en todo caso se estaría limitando que el Tesoro General cuente con los recursos de trasferencias y las multas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a las entidades financieras para el pago de políticas sociales.

“Eso sería un daño atentatorio contra los adultos mayores, contra los niños, contra las mujeres embarazadas y ese es un mandato del esquema de nuestro modelo de redistribuir el ingreso para los más necesitados”, acotó el ministro.

En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo parte de las utilidades que generan las empresas públicas son redistribuidas a la población a través de bonos sociales en beneficio de la población más vulnerable.

En cuanto a la socialización de las funciones de la Gestora Púbica, los representantes mineros expresaron su conformidad respecto a la explicación recibida por parte del Gobierno, según el Ministerio de Economía.