Añez contrató a firma que perdió el caso fondos de pensiones ante el CIADI

Según documentos a los que accedió Economía y Más, el gobierno de Jeanine Añez, contrató a la firma inglesa Brattle Group en marzo de 2020 por un valor cercano a Bs 2 millones, sólo 4 días antes del plazo para la presentación de un estudio pericial económico propio que debía rebatir a la demandante BBVA. El resultado, más de un año después, fue el fallo que le cuesta más de $us 107 millones al país.

La Paz, 15 de agosto de 2022. Una firma extranjera contratada por el gobierno de Jeanine Añez habría estado tras el fallo por el cual el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) instruyó que Bolivia pague más de $us 107 millones al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el arbitraje por la nacionalización de los fondos de pensiones.

Documento Base de Contratación, publicado el 13 de marzo de 2020 en el portal SICOES. Fuente: Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

Según el analista económico Juan José Bedregal, la contratación de The Brattle Group en mitad del proceso de arbitraje revela un afán por reconducir la defensa boliviana que venía siendo encarada por la firma argentina Guglielmino desde 2018. “Sin embargo, las actuaciones de The Brattle Group fueron en contra de los intereses económicos del Estado, ya que dejaron que el tribunal considerara únicamente el peritaje económico de BBVA sin presentar uno propio, lo cual dejó el camino allanado para un fallo contrario a Bolivia”, señaló el economista.

Contratación sospechosa

Según documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), a los que accedió Economía y Más, en marzo de 2020 la Procuraduría General del Estado, al mando de José María Cabrera, inició un proceso de contratación de “Servicios de una Empresa Especializada en Peritaje Económico en el Marco del Caso CIADI No. ARB(AF)/18/5” bajo el código PGE – SEDLE N° 001/2020, por un monto de Bs 1.989.168. Según el informe de recomendación elaborado el 16 de marzo de 2020, la firma inglesa The Brattle Group fue la única que se presentó a la convocatoria pública.

En el mismo informe se menciona que The Brattle Group habría presentado como Experiencia General en procesos de arbitraje, un historial de 6 procesos ante el CIADI, 3 de los cuales fueron perdidos por los países que contrataron a la firma, generando pérdidas por más de $us 470 millones para los Estados de Perú (1 caso) y Ecuador (2 casos), tras contrastar la información presentada con la base de datos de casos de arbitraje del CIADI.

Según la documentación del SICOES, el contrato con la firma The Brattle Group fue suscrito el 19 de marzo de 2020, sólo 4 días antes de la fecha de respuesta a la demanda, fijada para el 23 de marzo. La firma debía elaborar un peritaje económico en respuesta al estudio presentado por BBVA. The Brattle Group no elaboró un peritaje económico nuevo, y solamente formuló “un análisis in extenso del informe presentado por BBVA” con observaciones al peritaje presentado por la parte demandante. Esto consta en el informe de recepción parcial del trabajo encargado por la Procuraduría, fechado el mismo 23 de marzo y dirigido al entonces Subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado.

El peritaje económico que nunca fue

El régimen de Jeanine Añez debía presentar un peritaje económico propio al CIADI, para rebatir las pretensiones de indemnización de BBVA. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado al mando de ese gobierno contrató a una empresa con un historial de arbitrajes perdidos por más de $us 470 millones, con sólo 4 días de anticipación, y recibiendo un producto diferente al solicitado en el contrato.

Tras la presentación de la respuesta boliviana, que nunca presentó un estudio económico propio que pudiera rebatir los estudios presentados por BBVA, el tribunal tuvo que decidir únicamente sobre el estudio presentado por la Administradora de fondos de Pensiones, lo cual ya no podía ser corregido en las siguientes fases del proceso, culminando con el fallo reciente en contra de Bolivia, por más de $us 107 millones.

Con una defensa mal organizada, tan sólo 10 días antes de la fecha límite, Bolivia llegó a una etapa crucial del arbitraje en la que se debía presentar un estudio económico propio para confrontar la demanda de BBVA. La relación de los hechos pareciera indicar que el procurador José María Cabrera “nos entregó en bandeja de plata”.